El Govern exige las máximas garantías para asegurar la viabilidad y la solidez del proyecto de Hard Rock en la actual coyuntura económica

El consejero Calvet recuerda que el proyecto del CRT emana de una Ley del Parlamento y asegura que “es más necesario que nunca” para la reactivación económica post Covidien-19.

El Gobierno catalán ha defendido hoy la necesidad y la idoneidad del proyecto del Centro Recreativo y Turístico (CRT) que la multinacional Hard Rock quiere salir adelante en Vila-seca y Salou (Tarragona) y ha subrayado que exigirá las máximas garantías para asegurar la viabilidad y la solidez del proyecto en la actual coyuntura económica. Así lo han manifestado el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pedro Aragonés, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, en una comparecencia conjunta ante la Comisión de Territorio del Parlamento de Cataluña.

Durante su intervención, el vicepresidente Aragonés ha reafirmado “el compromiso” del Ejecutivo catalán con el CRT de Vila-seca y Salou y ha garantizado que la operación de compra venta de los terrenos por parte de Hard Rock, como adjudicataria del proyecto, “no tendrá ningún coste ni para la ciudadanía ni para las finanzas públicas“. “El compromiso de este Gobierno ha sido, es y seguirá siendo no destinar ni un solo euro público al impulso y ejecución del proyecto del CRT de Vila-seca y Salou“, remarcó.

Por su parte, el consejero Calvet ha asegurado que “el proyecto del CRT es más necesario que nunca” ante la crisis económica y social provocada por la Covidien-19, “porque ofrecerá nuevas oportunidades para las personas del Camp de Tarragona y de el resto del país, generará nuevos negocios para las empresas grandes, medianas y pequeñas y servirá para adecuar infraestructuras y servicios, siempre con un respeto escrupuloso por el entorno“. Con una inversión directa prevista de 665 millones de euros, “debe formar parte de los planes que tenemos para la reactivación económica y el progreso social“, enfatizó.

Aragonés también ha querido destacar el impacto que la pandemia del coronavirus ha tenido sobre la economía, la movilidad y en sectores como el turismo y el ocio: “creo que nos equivocaríamos si seguimos analizando el proyecto del CRT de Vila-seca y Salou con los mismos términos que en febrero de este año“. Sin embargo, ha vuelto a insistir en que a pesar de las incertidumbres del contexto económico global “el Gobierno catalán ha aumentado y fortalecerá todas las precauciones y garantías para asegurar la viabilidad y la solidez del proyecto y la posición del Gobierno de la Generalitat” .

“Este no es un proyecto público”

El vicepresidente ha afirmado que “este no es un proyecto público” y que la función del ejecutivo catalán siempre ha sido por un lado, “estudiar y acompañar un proyecto empresarial que prevé destinar inversiones muy importantes para la dinamización económica del territorio y la creación de muchos puestos de trabajo “, y por otro” velar por el cumplimiento estricto de la normativa y la legalidad vigente, reduciendo al máximo todas las externalidad negativas que pueda conllevar“.

Un proyecto que, como ha recordado, se inició en 2014 y que después de un proceso “largo, complejo y no exento de dificultades” se replanteó a fondo cuando Oriol Junqueras era vicepresidente del Gobierno: “había que conseguir que el proyecto girara en torno de una propuesta turística centrada en el entretenimiento y el turismo de congresos y no alrededor del juego, adaptado al territorio“, ha asegurado.

“No es un invento de este Gobierno”

En la misma línea se manifestó el titular del DTES quien también ha querido subrayar que “el proyecto del CRT no es un invento de este Gobierno” sino “la evolución natural de una historia que comienza hace 31 años”. El CRT “es un mandato de este Parlamento“, remachó.

Además, ha recordado los diversos estudios que apuntan la repercusión que tendrá el proyecto en el territorio, entre ellos, el de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que cifraba el impacto directo entre 860 y 1.145 millones para todo el proyecto, cuando se desarrollara completamente; la atracción de unos 4 millones de visitantes, y la creación de 11.963 puestos de trabajo para su construcción, que ascenderían hasta los 47.979 cuando funcionara. “Esto precisamente es lo que han sabido valorar los ayuntamientos implicados y lo que han visto los agentes económicos y sociales, que siempre han apoyado este proyecto“.

Un contrato público

Calvet ha referido también al contrato de compraventa de los terrenos suscrito entre la empresa pública Incasòl, dependiente del DTOS, y Hard Rock, por un importe de 120 millones de euros. El pasado mes de marzo, el Consejo Ejecutivo adoptó un acuerdo para ordenar al Incasòl, “una vez se concreten los requisitos y términos previstos en el borrador de minuta de escritura, la adquisición de los terrenos a Caixabank por 120 millones de euros y ordenar la enajenación por adjudicación directa en favor de la sociedad de Hard Rock, BCN IR 3 SAU, por el mismo importe“. Este acuerdo de Gobierno, ha querido subrayar Calvet, “es público“.

“Todos los informes han avalado la operación, asegurando que su impacto sobre el déficit será nulo. Por eso hemos insistido en que no habrá ni un solo euro público” para el CRT, ha insistido el consejero. En cuanto a la devolución a plazos del coste del terrenos de Hard Rock a Incasòl, explicó que “en ningún caso se puede considerar inversión pública, ni la asunción de determinadas garantías puede considerarse un riesgo. Lo hemos hecho con Amazon en El Prat, a Leroy Merlin en Sant Cugat del Vallès o con Payper“.

El titular del DTES ha recordado que ahora Hard Rock ha solicitado una prórroga para llevar a cabo esta compraventa, que expira el 15 de diciembre, dado el impacto que le ha provocado la pandemia: “No es el momento de dejarlo estar, al contrario. El objetivo es que se mantenga el proyecto“.

Sentencia que “valida” el Plan director

El consejero de Territorio y Sostenibilidad ha referido también a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el Plan director urbanístico (PDU), el instrumento de planeamiento que diseña el CRT. Según Calvet, el pronunciamiento judicial “valida el Plan director en toda su extensión con una única excepción“, como es la ubicación de algunas zonas verdes y de algunos equipamientos en la zona del CRT.

Así, la entidad denunciante, GEPEC, “solicitaba la íntegra y plena nulidad del PDU por 12 motivos de fondo, de los cuales sólo uno ha sido aceptado parcialmente“. Además el tribunal pone de manifiesto que “el PDU es la consecuencia de un programa legislativo que responde al interés general“.

Comunicado GOBIERNO DE CATALUÑA