A través de la actualización del Real Decreto que reestructura las competencias del Consejo de Protectorado
El Gobierno refuerza el “control” del Estado sobre la ONCE con una nueva pantomima normativa
AZARplus
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que actualiza el marco regulador de la ONCE, incluyendo diversos cambios en su nueva normativa, entre los que figura la reestructuración de las competencias del Consejo de Protectorado, el organismo encargado de supervisar a la ONCE.
El decreto establece que será el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (o el que en cada momento ostente la competencia) quien asuma el protectorado de la ONCE. A través de este organismo, según señalan en el documento, se velará por la legalidad, el cumplimiento de los fines sociales y, para sorpresa de pocos, por el “estricto control público sobre sus actividades de Juego”. Una frase nada baladí, que muestra el verdadero significado del término “semi-público”, y que por otra parte, al señor Carballeda le debe dar urticaria ese término, cuando para él parece que la ONCE y el Gobierno es una simbiosis ecuánime, y aprovecha siempre que puede para recordar que el Gobierno “les respete… por la cuenta que les trae”.
Entre las principales novedades figura la reconfiguración del Consejo de Protectorado. Estará presidido por “la persona titular del ministerio competente” y contará con siete vocalías en representación de la Administración General del Estado: tres de Derechos Sociales, una de Hacienda, una del Interior, una de Educación y otra de Trabajo y Economía Social.
El decreto refuerza el papel del Consejo en la autorización de nuevas modalidades o productos de juego de la ONCE. Según afirma el Real Decreto, toda propuesta deberá ser informada previamente por los ministerios de Hacienda e Interior antes de ser elevada al Consejo de Ministros. En este proceso, la ONCE tendrá que remitir su iniciativa al Consejo de Protectorado, que actuará como filtro. Un sistema que, pese a que pueda parecer que refuerza el control de Estado sobre la ONCE, no hay más que ver a SELAE para conocer la realidad de todo esto… El Estado seguirá beneficiando a la ONCE en todo lo posible, siendo la ONCE parte del Estado.
Se crea también una Comisión Disciplinaria dentro del Consejo de Protectorado, integrada exclusivamente por representantes de la Administración, sin participación de la ONCE, “en garantía de la imparcialidad”. Esta comisión tendrá competencia exclusiva para sancionar posibles infracciones en materia de Juego. Algo que nos gustaría ver que pasa en un futuro con, por ejemplo, la venta de sus Rascas a menores, pero sobre lo que, desgraciadamente, albergamos pocas esperanzas…
Otro de los ajustes afecta al Consejo General de la ONCE, donde se concreta que dos vocalías corresponderán a representantes de la Administración General del Estado y tres serán designadas por la propia ONCE. Los miembros estatales deberán tener rango de dirección general y procederán de los ministerios con competencias en juego y en protección de la entidad.
En fin, una actualización del Real Decreto que parece poner el acento en el “público” que en el “semi”, aunque luego todo siga exactamente como hasta ahora…
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