El Gobierno murciano descarta regular las distancias porque podría “generar inseguridad jurídica”

El Juego ha sido hoy uno de los temas protagonistas en la sesión plenaria de la Asamblea Regional de Murcia.

Durante la sesión, se ha debatido sobre las posibles medidas para establecer distancias mínimas de los salones de Juego a centros educativos, pregunta que fue formulada por el grupo parlamentario Mixto.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha defendido en el pleno que no resulta oportuno introducir cambios normativos en este momento y ha calificado de “imprudente” anticipar una reforma que, a su juicio, podría “generar inseguridad jurídica”. El consejero ha argumentado que la cuestión de la proporcionalidad de las restricciones de distancia se encuentra actualmente pendiente de resolución judicial, tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ha recordado que la Comunidad Autónoma está a la espera de conocer la sentencia de la justicia valenciana sobre este mismo asunto antes de tomar decisiones que puedan afectar al marco regulatorio regional.

Durante su intervención, el titular de Educación ha subrayado que el Juego es una actividad legal cuya regulación corresponde a las comunidades autónomas y ha apelado a mantener un equilibrio entre la protección de los colectivos vulnerables y la seguridad jurídica del Sector, “sin improvisaciones”. En este contexto, ha repasado algunas de las medidas ya vigentes en la Región de Murcia, como la prohibición de nuevas autorizaciones de salones de Juego y bingos desde septiembre de 2018, el carácter definitivo de las bajas de máquinas B, la limitación de las Apuestas a locales específicos y la ausencia de máquinas de Apuestas en bares y cafeterías, a diferencia de otras comunidades.

Marín ha insistido a su vez en que el acceso a los establecimientos de Juego está vetado a menores y a personas inscritas en los registros de autoexclusión, “incluso en zonas de paso”, y ha destacado el refuerzo de la labor inspectora, con más de 1.500 actuaciones realizadas a lo largo de este año. En materia de prevención, ha aludido al Plan Regional de Adicciones 2021-2026, que identifica el Juego problemático como una prioridad y contempla programas de intervención en centros educativos “reconocidos a nivel europeo”. Según el consejero, el mayor crecimiento del Juego problemático entre jóvenes se está produciendo en el ámbito online, más que en el presencial.

Asimismo, ha avanzado que la Consejería tiene en tramitación varios decretos orientados a endurecer la regulación, entre ellos medidas para reforzar el control de accesos, mejorar los registros de prohibidos y suprimir la publicidad y la cartelería de Juego en las fachadas de los locales. Sobre la aplicación de distancias mínimas, ha recordado que el TJUE reconoce que este tipo de restricciones pueden justificarse por razones de interés general, pero deja en manos de los tribunales nacionales la evaluación de su proporcionalidad, motivo por el que ha reiterado que no sería prudente adelantar una reforma normativa.