El documento analiza los límites actuales de la participación laboral y propone herramientas para avanzar hacia empresas “más democráticas”

El Gobierno impulsa un nuevo modelo de democracia laboral con más voz para los trabajadores

AZARplus

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado las conclusiones del Informe sobre la Democracia en el Trabajo, un documento elaborado por una Comisión Internacional de expertos que plantea un cambio profundo en la gobernanza empresarial para reforzar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones estratégicas de las compañías. El informe se enmarca en el desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución Española, que insta a los poderes públicos a promover de forma efectiva la participación en la empresa y a facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Durante el acto de presentación, Díaz defendió que la democracia no puede limitarse al ámbito institucional y subrayó la necesidad de trasladar sus principios al mundo laboral. “Una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de sus ciudadanos. Si queremos una democracia fuerte, no podemos conformarnos con una democracia a medias. Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo. Es hora de democratizar las empresas y la economía”, afirmó. En esa línea, el informe parte de la premisa de que las empresas no son únicamente entidades económicas, sino también organizaciones con una dimensión política que deben estructurarse sobre bases democráticas, integrando tanto a accionistas como a trabajadores, a quienes considera “inversoras e inversores de trabajo”.

El documento ofrece, en primer lugar, un diagnóstico del estado actual de la democracia en el ámbito laboral en España y concluye que el desarrollo del mandato constitucional ha sido limitado. La Comisión considera “muy tímido” el acceso efectivo de los trabajadores a mecanismos reales de participación en las decisiones empresariales y constata la práctica inexistencia de políticas que faciliten su acceso. A partir de este análisis, el informe traza una estrategia para avanzar en esta línea y dedica un apartado práctico a proponer herramientas concretas para su implementación.

Entre los elementos centrales del texto figura la identificación de nueve grandes desafíos que condicionan el futuro de la democracia en el trabajo. Entre ellos se incluyen la gobernanza de la inteligencia artificial, la necesidad de reforzar la competitividad y la innovación, la resiliencia territorial o la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Para impulsar esa transición hacia estructuras empresariales más democráticas, el informe propone la creación de un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, concebido como una herramienta para medir y reconocer los niveles de democracia interna en las compañías. La idea es que este índice permita identificar y favorecer a aquellas empresas que alcancen estándares elevados de participación y corresponsabilidad en su gestión. Junto a ello, la Comisión plantea la introducción de ratios obligatorios para garantizar la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración. En el caso de las empresas de más de mil trabajadores, se propone que estos ocupen hasta la mitad de los puestos, mientras que en las compañías de entre 50 y mil empleados el umbral sería de un tercio de los asientos.

El informe también aborda el impacto de la digitalización y la automatización en el ámbito laboral y propone reconocer el derecho a la codecisión en materia de inteligencia artificial para los comités de empresa, con el objetivo de que los empleados participen en las decisiones sobre el uso de estas tecnologías y sus efectos en la organización del trabajo. Asimismo, se plantean medidas para fomentar el acceso a la propiedad, con propuestas que sitúan la participación accionarial de los trabajadores entre un 2% y un 10% en el caso de las grandes corporaciones. Como complemento, se sugiere la creación de fondos ciudadanos destinados a evitar la desaparición de empresas viables que atraviesen crisis de sucesión, facilitando su continuidad bajo fórmulas de propiedad compartida.

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FRANCO

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