Según se destaca en la contestación a la pregunta parlamentaria formulada por el PP
El Gobierno estudia cambios para que el Sector ayuden a frenar el Juego ilegal
El Gobierno ha respondido por escrito al Grupo Parlamentario Popular sobre sus “medidas reales para erradicar el Juego ilegal”, señalando que el Juego ilegal es una “prioridad normativa” y de protección al consumidor, y describiendo las líneas de actuación que ahora mismo predominan en su política: la actividad sancionadora, el requerimiento de cierre de páginas web y la voluntad de explorar cambios legales que obliguen a terceros proveedores a colaborar en la supervisión del mercado regulado.
La respuesta deja mucho que desear, en el que señala su firme intención de “combatir la oferta que opera sin autorización”, pero vuelve a poner el foco en las supuestas multas que ponen al Juego ilegal, cuando todos saben que esas multas nunca llegan a cobrarse, además de hacer flaco favor al Juego legal, al no dividir entre mercado negro y Juego legítimo.
Más relevante para el futuro del mercado es la apuesta explícita por reforzar la cooperación con proveedores y plataformas: la administración reconoce que la colaboración de los proveedores de Juego “ha sido identificada en muchas jurisdicciones como un elemento esencial” para suprimir la oferta no regulada, y abre la posibilidad de acometer, “en el marco temporal de la presente legislatura”, las modificaciones legales necesarias para establecer un “marco obligacional” que permita a esos proveedores coadyuvar eficazmente en la supervisión. Aún con todo, no detalla medidas concretas, ni plazos modelados, ni partidas presupuestarias específicas en respuesta a las preguntas sobre recursos y calendarios formuladas por el PP.











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