El Gobierno aprueba rebajas fiscales y ayudas directas ante la crisis energética derivada del conflicto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un paquete urgente de medidas económicas destinado a mitigar el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre la economía española. El plan, articulado a través de un Real Decreto-ley aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, movilizará más de 5.000 millones de euros y entrará en vigor de forma inmediata, con efectos sobre cerca de 20 millones de hogares y tres millones de empresas.

Durante su comparecencia en el Complejo de la Moncloa, el presidente ha reconocido que las medidas “no impedirán que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos”. Sánchez ha subrayado además el coste económico del conflicto para el país, señalando que “a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros, que podíamos estar destinando a becas, a sanidad o a dependencia”.

El plan se estructura en dos grandes ejes. El primero, de carácter coyuntural, busca proteger a familias y sectores más expuestos mediante un refuerzo del denominado escudo social. El segundo, con una visión estructural, pretende acelerar la transición energética para reducir la dependencia de combustibles fósiles y reforzar la autonomía energética.

En el ámbito fiscal, el Gobierno aplicará una rebaja generalizada de impuestos energéticos. El IVA de la electricidad, el gas y los carburantes se reduce del 21% al 10%, mientras que los impuestos sobre los hidrocarburos se sitúan en el mínimo permitido por la normativa europea. Según el Ejecutivo, esta medida permitirá abaratar el precio del combustible hasta en 30 céntimos por litro, lo que supone un ahorro aproximado de 20 euros por depósito para un vehículo medio. Asimismo, se congelan los precios del butano y el propano.

El paquete incluye también ayudas directas a sectores especialmente afectados, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, que recibirán una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. A ello se suma una línea de apoyo para la compra de fertilizantes, con el objetivo de contener el impacto en la cadena alimentaria.

En paralelo, se refuerzan los mecanismos de control para evitar prácticas abusivas. El Ejecutivo dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de mayores capacidades de supervisión y sanción. Sánchez ha advertido que no se tolerará que “algunos, por pura codicia, intenten sacar tajada de esta guerra”.

En materia energética, se suspenden temporalmente impuestos como el IVPEE y se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad al tipo mínimo europeo. También se introducen incentivos fiscales, como deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y ayudas al autoconsumo y la rehabilitación energética.

El escudo social se amplía durante todo 2026, con descuentos reforzados en el bono social eléctrico (del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los más severos), el incremento del bono térmico y la prohibición de cortar suministros básicos a los hogares vulnerables.

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