El dictamen concluye que la norma “es legal”, sin entrar a valorar su impacto sobre la inversión y la actividad empresarial
El Consell Jurídic Consultiu da vía libre al restrictivo decreto valenciano
AZARplus
El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha dado su respaldo jurídico al decreto que marcará el desarrollo del Sector del Juego en la autonomía durante los próximos años, al concluir que el texto se ajusta al ordenamiento jurídico y limitar sus observaciones a cuestiones de técnica normativa.
El dictamen, aprobado por unanimidad, no entra a valorar si las medidas proyectadas son las más adecuadas desde el punto de vista económico o empresarial, sino únicamente su adecuación al marco legal vigente. Sin embargo, su aval supone en la práctica respaldar una planificación que mantiene el cierre del mercado a nuevas autorizaciones de máquinas de tipo B en hostelería, restringe la apertura de nuevos salones de Juego y locales específicos de apuestas y limita igualmente el crecimiento del sector del bingo, manteniendo un modelo especialmente restrictivo para el Sector.
El propio Consell Jurídic Consultiu recuerda que la Ley 1/2020 estableció una moratoria de cinco años para nuevas autorizaciones de establecimientos de Juego y de máquinas recreativas, una medida concebida inicialmente como transitoria mientras la Generalitat elaboraba un estudio sobre el impacto social del Sector. Tras la prórroga aprobada en 2025, ese periodo expiraba el 15 de junio de 2026, por lo que, de no aprobarse el nuevo decreto, las restricciones temporales habrían decaído.
Lejos de plantear un escenario de reapertura del mercado una vez concluido ese periodo excepcional, el decreto avalado por el órgano consultivo convierte buena parte de aquellas limitaciones en el nuevo modelo estructural de planificación del Juego en la Comunitat Valenciana. El dictamen asume como suficiente la justificación aportada por la Generalitat y no cuestiona el mantenimiento de las restricciones.
Precisamente ahí reside una de las cuestiones más llamativas del dictamen, pues el expediente dedica buena parte de su fundamentación a criterios de salud pública, prevalencia del Juego problemático y protección frente a la sobreexposición al Juego, pero apenas incorpora un análisis específico sobre el impacto que la consolidación de estas limitaciones puede tener sobre la inversión, la competencia empresarial o el desarrollo futuro de una actividad económica plenamente legal y regulada.
La resolución tampoco cuestiona el estudio elaborado por la Generalitat, documento sobre el que se apoya toda la planificación posterior. El órgano consultivo da por válida la motivación ofrecida por la Administración y entiende suficientemente acreditada la necesidad de mantener las limitaciones una vez concluida la moratoria prevista por la Ley del Juego.
En materia procedimental, el Consell Jurídic Consultiu considera que la tramitación del decreto ha respetado todos los requisitos exigidos por la legislación, destacando la existencia de consulta pública previa, audiencia pública, informes de impacto, memoria económica, informe favorable de la Comisión del Juego e informe de la Abogacía General de la Generalitat.
Las únicas objeciones formuladas por el órgano consultivo afectan exclusivamente a aspectos de técnica legislativa. Entre ellas propone reordenar determinadas disposiciones, modificar la ubicación de algunos preceptos, mejorar la denominación de varios artículos y simplificar determinadas referencias normativas repetidas a lo largo del texto. Ninguna de esas observaciones afecta al núcleo de la regulación ni cuestiona las restricciones previstas para el sector privado.
El resultado es que el decreto recibe un aval jurídico prácticamente íntegro y queda expedito para consolidar un modelo regulatorio que mantiene cerrada la puerta a la expansión del mercado presencial. A partir de ahora seguirán sin concederse nuevas autorizaciones para máquinas B en establecimientos de hostelería (salvo supuestos tasados), únicamente podrán abrirse nuevos salones o locales de apuestas cuando respondan al traslado de otros ya existentes y las nuevas salas de bingo también quedarán limitadas a traslados, configurando un escenario de fuerte contención en la Comunitat Valenciana.
Aunque el decreto prevé que la Generalitat elabore un nuevo estudio de situación, como máximo cada cinco años, para revisar la planificación del Sector, el respaldo del Consell Jurídic Consultiu supone un espaldarazo a un modelo que consolida restricciones nacidas como medidas excepcionales y que, una vez superada la moratoria prevista por la Ley del Juego, pasan a integrarse de forma estable en la política regulatoria de la Comunitat Valenciana.
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