Aunque Juan Alfonso Ruiz Molina habló de compatibilizar una “actividad absolutamente legal” con las demandas sociales
El Consejero de Hacienda se centró en las restricciones y sanciones que contiene la Ley de Juego de Castilla – La Mancha
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Juan Alfonso Ruiz Molina, Consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, introdujo el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de la Comunidad asegurando que este texto marcaba “un antes y un después” sobre la materia. Un después que vendría a descalificar la anterior Ley de 2013 que había propiciado la proliferación de locales de juego pasando de 51 establecimientos en 2013 a 200 en 2020 (no mencionó, como después haría algún representante de la oposición, que en 2019 eran 221) dando a la Región la mayor densidad por 100.000 habitantes: 9 locales en Castilla-La Mancha cuando en España la cifra es de 8 y en Madrid, adujo el Consejero, de 7.
La presente Ley, continuó explicando, cumple un compromiso del Presidente autonómico García Page con el objetivo de “equilibrar una actividad absolutamente legal con sus externalidades negativas” con efecto en las personas vulnerables. Eso se consigue a partir de dos asuntos cruciales: el distanciamiento y las medidas tributarias y con la aparición de cinco novedades:
1)Principio rector de prevención y protección de menores y adictos. Principio de transparencia y seguridad frente a fraudes y pagos. Principio de seguridad jurídica y protección de empleo.
2) Aplicación del Juego Responsable con sensibilización y concienciación de riesgos para el ludópata. Creación del Observatorio del Juego Responsable como órgano permanente con derivación de un porcentaje de la tasa de juego para financiarlo.
3) Publicidad mucho más restrictiva en medios y prohibición en exteriores de locales, aunque no en la Prensa especializada.
4) Ubicación: 300 metros con los centros de enseñanza, excluidos los de Primaria y 150 metros entre los locales de juego. Se respeta las autorizaciones anteriores durante un plazo de 10 años.
5) Control de acceso con obligatoriedad de un sistema automatizado en cada puerta. Conexión por convenio con el Registro de Prohibidos del Estado.
En otro orden las sanciones se incrementan tanto por conceptos como por cuantía, es decir es una Ley “más rigurosa y tributariamente progresiva” a fin de ser “más protectora y preventiva”.
Finalmente el Consejero no dejó de recordar que la Ley es una respuesta a “la demanda social de protección de la población vulnerable y que es compatible con una actividad económica absolutamente legal”.
En su posterior intervención como cierre de la sesión parlamentaria sobre el tema Ruiz Molina utilizó términos más duros para rebatir los argumentos de la oposición, que también recogemos en esta página en orden cronológico en la última referencia al Pleno de las Cortes castellano manchegas.
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