Diferentes partidos presentan enmiendas al Proyecto de Ley para redefinir la definición de lobbies, registro, sanciones y órganos de supervisión independiente
El Congreso tramita la Ley de Grupos de Interés con enmiendas enfrentadas
AZARplus
El Congreso de los Diputados avanza en la tramitación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, una norma presentada con el fin de ordenar la relación entre los representantes públicos y quienes desarrollan “actividades de influencia”. El debate político en torno a la ley se ha trasladado ahora al terreno de las enmiendas, donde los distintos grupos parlamentarios han marcado posiciones muy diferentes sobre el alcance y la aplicación de esta regulación.
El Grupo Republicano propone un Registro obligatorio de Grupos de Interés dependiente de la Administración General del Estado, con la finalidad de “garantizar la transparencia y la integridad de las actividades que desarrollan dichos grupos en sus relaciones con el personal público susceptible de recibir influencia”. El registro, según esta propuesta, excluiría cualquier tratamiento de datos sensibles y se regiría por la normativa europea de protección de datos.
Por su parte, Junts per Catalunya insiste en que la ley debe aplicarse solo a quienes desarrollen actividad de influencia de forma profesional, evitando que pequeños colectivos o entidades ciudadanas queden sujetos a las mismas obligaciones que grandes organizaciones de presión.
El PNV plantea ajustes técnicos para reforzar la coherencia de la norma, como la reordenación de títulos y disposiciones, mientras que el BNG, integrado en el Grupo Mixto, defiende que solo deben considerarse grupos de interés aquellos que persigan un beneficio económico o patrimonial directo.
Las propuestas más incisivas proceden del Grupo Popular, que reclama blindar la independencia de los órganos de control y aplicar el concepto de grupo de interés en todo el territorio nacional, también en el ámbito autonómico y local. Entre sus enmiendas destaca la incorporación de la “huella normativa”, que obligaría a publicar todo el expediente legislativo, incluidas las modificaciones derivadas de reuniones con grupos de interés. Los populares justifican estas medidas recordando los reproches del GRECO, organismo del Consejo de Europa, que ha criticado la falta de avances de España en transparencia y prevención de la corrupción.
Desde Vox, las enmiendas se centran en reforzar la definición de grupo de interés y en dotar de plena autonomía a la Oficina de Conflictos de Intereses, que pasaría a ser un ente independiente con personalidad jurídica propia.
En la izquierda, Sumar y Bildu han coincidido en reclamar una Oficina Independiente de Buenas Prácticas e Integridad Pública, que sustituya a la actual Oficina de Conflictos de Intereses y ejerza funciones de control con mayor autonomía. Bildu, además, introduce modificaciones para salvaguardar competencias autonómicas, forales y municipales en la aplicación de la norma.
Existen no pocas divergencias entre los partidos políticos en relación a una Ley sobre la que está en juego no solo el futuro de los lobbies, sino también la seguridad jurídica de empresas, asociaciones y entidades del sector privado que operan legítimamente en España. La negociación parlamentaria será determinante para fijar un marco equilibrado que garantice transparencia sin asfixiar la participación en la vida pública.
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados