El Congreso del Juego destapa la tensión entre la normalidad social y la tutorización estatal en plena ofensiva regulatoria

La jornada inaugural del I Congreso Internacional de Juego, impulsado por la DGOJ, arrancó este jueves marcada por la ausencia activa del Sector, como ya estaba predicho… Un congreso de Juego. Sin el Juego.

Una ausencia notoria, solo superada por la ausencia del máximo dirigente de ministerio responsable del Juego… El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, compareció únicamente a través de una pantalla ya que en ese preciso momento se debatía y se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, incluyendo la enmienda que impone nuevas restricciones al Juego privado… Llegar y besar el Santo…

El mensaje del ministro, encapsulado en un breve vídeo, sentó el tono institucional de la “nueva” regulación. Bustinduy aseguró que “nuestro trabajo ya no se centra en el Juego responsable, como se hiciera antaño. Ahora hablamos de la creación de entornos de Juego seguro“. Esta nueva narrativa elimina la apelación a la autogestión del ciudadano, pues, según el ministro, “la responsabilidad no debe recaer en los usuarios y las usuarias, sino que las autoridades tienen el deber democrático de que los entornos a los que estos acceden sean seguros“. El enfoque busca “acabar con la desigualdad en el Juego y garantizar ese entorno seguro es una herramienta indispensable“, aunque la desigualdad más evidente, la existente entre el Juego público y el privado, brilló por su ausencia en el ideario ministerial. O casi… todavía se podía intuir en el edificio la presencia de Jesús Huerta, que apenas 24 horas antes estuvo presentando el spot de la Lotería de Navidad, como si de un acontecimiento nacional se tratase…

Mikel Arana, director general de la DGOJ, trazó los “tres grandes retos” de la regulación durante la mesa de Reguladores europeos: “minimizar los riesgos del Juego, combatir el Juego ilegal y recuperar el consenso institucional“. Arana reconoció que “el Juego en España es una actividad legal, es una actividad regulada y es un negocio legítimo“, pero insistió en que “no es una actividad inocua“. El director general cargó contra la industria online, señalando su modelo de negocio como un factor de riesgo: “El 80% de las pérdidas se concentra en solo el 10% de los jugadores“, y apuntó con ironía que lo que los sectores liberales llaman responsabilidad social corporativa, “en el sector del Juego en España, en la mayoría de los casos, es un unicornio azul“.

En este clima institucional de control y recelo, el congreso se desdobló en dos mesas simultáneas que, lejos de parecer un debate inocuo y constructivo sobre la actividad, parecía que había que defenderse por ser parte de la actividad. El sociólogo José Antonio Gómez Yáñez y el director Corporativo de Relaciones Institucionales de Cirsa, Carlos Duelo, se erigieron como las únicas voces en defensa de la validez social y económica de un sector bajo fuego constante.

En la mesa titulada “Daños y retornos de los juegos de azar” (un título que Gómez Yáñez criticó por su innegable connotación), el doctor en sociología arremetió de frente contra la medicalización del debate. Yáñez cuantificó el valor de la industria, asegurando que el Juego genera “más de 80.000 empleos“, y que la diferencia entre lo jugado y los premios asciende a “casi 12.000 millones de euros en 2024. Más del 35% desemboca en las Administraciones por distintas vías“. Esta aportación, equivalente al “0,8% del PIB“, tiene un impacto social innegable: los impuestos especiales sobre el Juego privado equivalen cada año, por ejemplo, “al coste de casi 50.000 trasplantes renales o al mantenimiento del 90% la red de autopistas del Estado“.

La crítica más incisiva de Gómez Yáñez se dirigió a la desproporción del debate normativo. Recordó que, en un universo de “más de 30 millones de personas” que juegan cada año, solo hay “8.200 personas en tratamiento por Juego problemático, según datos del Ministerio de Sanidad. Son el 0,02% de la población entre 18 y 75 años“. Basándose en la OMS, enfatizó que esta tasa mínima lleva a considerar la ludopatía como una “enfermedad rara, la que tiene una tasa por debajo del 0,05% de la población“. Ante estos números, el sociólogo lanzó una pregunta retórica a los reguladores: “¿tiene sentido que el discurso y la normativa sobre el Juego gravite sobre estos 8.200 casos problemáticos y unos indefinidos vulnerables?“. Insistió en la racionalidad del “homo ludens”, que juega por “entretenimiento a un precio razonable” y por “la vanagloria del ganador“, no por codicia.

En su intervención, Gómez Yáñez también desmontó la falacia de la concentración de locales en áreas deprimidas, afirmando categóricamente: “Se dice que los locales de Juego están en barrios pobres, no es cierto“. Para demostrarlo, señaló que bingos y salones se instalan en calles transitadas, citando ejemplos cercanos al lugar del congreso, como “los alrededores de este edificio, en el gozne entre el Barrio de Salamanca, Retiro y la Fuente del Berro“, que son “los barrios de la más alta renta familiar de Madrid“. Aunque el profesor de Psicología Juan Francisco Navas Pérez replicó que la evidencia “ha demostrado claramente esa vinculación” y que “no hay ningún estudio en el mundo que encuentre eso“, Yáñez se defendió indicando que sus datos provenían, entre otras entidades públicas, de la propia Dirección General de Ordenación del Juego…

Mientras esto ocurría, en la mesa paralela sobre “Modelos de sensibilización sobre el Juego”, Carlos Duelo, patrono de la Fundación Sportium, reforzaba la perspectiva del sector. Duelo buscó “normalizar” la actividad, recordando que “30 millones de españoles juegan” y que el gasto es totalmente “razonable“. Para el Juego online, citó un gasto medio anual de “unos 700 euros“, lo que es una cantidad que se mantiene en el orden de las de ocio si se piensa en una actividad que “es entretenimiento“. Asimismo, recordó que el gasto medio anual en el Juego general en España se sitúa en 188 euros, por debajo de la media europea.

Duelo atacó la hipocresía del prejuicio que solo mira el daño del Juego. Como Gómez Yáñez, se apoyó en los datos de la Administración para destacar que la prevalencia de Juego problemático ha “experimentado más de un 44% de descenso respecto al valor que había en el 2018“.

Sin embargo, el punto álgido de la confrontación llegó cuando Duelo abordó las nuevas medidas aprobadas ese mismo día en el Congreso, incluyendo la prohibición de los bonos de bienvenida y la exigencia de medios de pago nominales. Mientras que María Pérez López, de Madrid Salud, aplaudió estas restricciones por ser “muy positiva por cuanto se reduce la exposición al riesgo” y cumplir con la obligación de “proteger a la ciudadanía“, Duelo lanzó una seria advertencia: “todo lo que sea restringir lo que estás es dejando una vía absolutamente libre para el Juego ilegal“. Su mensaje fue claro: si se eliminan las ofertas en el canal legal, los operadores clandestinos ““van a encontrar vías de llegar a esas personas y se va a derivar la demanda a ahí. No daremos bonos de bienvenida. Aquellos que tienen un comportamiento normal posiblemente se adaptarán a eso, pero aquellos que no, se van a ir al canal ilegal y ahí estará fuera de control”.

El congreso se reveló como una vía de un único sentido obligartorio impuesto por una Administración que busca la “tutorización” del jugador bajo el paraguas de la salud pública.

Carlos Duelo resumió la posición de la industria ante esta tensión: “Jugar es una actividad normal, proteger y sensibilizar es esencial, pero como en casi todo en el equilibrio está la clave del éxito”.