El Congreso aprueba nuevas medidas sobre educación financiera y protección de menores frente al Juego

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado este martes un conjunto de medidas destinadas a mitigar los riesgos asociados al Juego en la población joven. Las iniciativas aprobadas ponen el foco en la actualización de los marcos regulatorios y la introducción de la formación financiera como herramienta de protección para menores de edad.

La propuesta que recibió el mayor respaldo parlamentario, con 34 votos a favor y una abstención, insta al Gobierno a priorizar el tratamiento y la rehabilitación ante el Juego problemático en adolescentes. La senadora del Partido Popular, Elena Castillo, encargada de defender la iniciativa, alertó sobre un “limbo regulatorio” debido a que la Estrategia Nacional de Adicciones ha agotado su periodo operativo.

El texto aprobado solicita que el Ejecutivo incorpore en la futura Estrategia Nacional medidas evaluables y un mayor control sobre los operadores ilegales en el entorno digital. “Es necesario actuar antes de que aparezca el problema mediante herramientas de control, herramientas educativas, formación y sensibilización“, manifestó Castillo durante el debate.

Asimismo, la Comisión ha validado, con 33 votos a favor y 2 en contra, una iniciativa para integrar la información y educación financiera en la prevención del Juego online. El portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez, defendió que una mayor alfabetización económica reduce la vulnerabilidad de los jóvenes. Según Rodríguez, es fundamental “pasar de los factores de riesgo a los factores de protección e incluir la educación financiera” para que los ciudadanos comprendan mejor el funcionamiento del sistema.

Por su parte, la diputada popular María Lourdes Ramírez subrayó la necesidad de que este enfoque no sea meramente informativo, sino que forme parte de una “actuación integral de prevención“. La propuesta final, que incorporó una enmienda transaccional, contempla:

• Sensibilización familiar y formación específica para el profesorado.
• Detección temprana de conductas de riesgo.
• Evaluación mediante indicadores claros de seguimiento.

“Sin indicadores, sin seguimiento, no hay política eficaz, solo buenas intenciones“, afirmó Ramírez, insistiendo en que estas acciones deben integrarse de forma coordinada para evitar medidas aisladas.