El caso Villamanín evidencia las grietas del modelo de SELAE
El caos del Gordo en Villamanín deja denuncias, intentos de estafa y una SELAE tocada
AZARplus
El llamado “caso Villamanín” se resiste a dar carpetazo a uno de los hechos más bochornosos de la Lotería. Cuatro meses después de que el Gordo de Navidad convirtiera a este pequeño municipio leonés en epicentro de una polémica nacional, la Comisión de Fiestas ha dado prácticamente por concluido el proceso de pagos… aunque con sombras que siguen apuntando directamente al origen del problema: SELAE y su permisividad y falta de control total con las participaciones de Lotería.
Según el último comunicado oficial de la Comisión de Fiestas de la localidad, el reparto de los premios está prácticamente finalizado. De las papeletas aceptadas dentro del acuerdo colectivo (446 en total) se han abonado ya 445, quedando únicamente una pendiente por motivos operativos atribuibles a su titular. El importe final percibido por participación se sitúa en torno a los 59.400 euros, resultado de aplicar una quita cercana al 10% que permitió repartir un premio que, sencillamente, no existía en su totalidad: se habían vendido más participaciones que décimos reales del número agraciado.
El acuerdo, que en su momento se presentó como la única salida viable para evitar un conflicto mayor, no logró unanimidad. Seis papeletas rechazaron la quita, aunque finalmente han cobrado la misma cantidad que el resto, reservándose la posibilidad de reclamar judicialmente la diferencia. Más delicado es el caso de otras tres papeletas que quedaron directamente fuera del reparto inicial y que han acabado derivando en una denuncia penal ya en curso. Esos importes, correspondientes a participaciones no validadas, fueron redistribuidos entre el conjunto de premiados, lo que ahora añade un nuevo frente judicial al proceso.
Por si no fuera suficiente, la Comisión reconoce también que se han detectado dos intentos de estafa mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido verificarse, asuntos que ya están en manos de asesoría legal. Todo ello en un contexto en el que los responsables insisten en que los pagos se han realizado con validación notarial y conforme a un registro oficial de beneficiarios, intentando blindar un procedimiento que, desde su origen, ha estado lejos de ser modélico.
La propia Comisión ha anunciado que asumirá personalmente las posibles consecuencias legales derivadas de las reclamaciones, con el objetivo de evitar que el resto de premiados se vea perjudicado. Mientras tanto, se trabaja en una liquidación final que incluirá gastos, impuestos e intereses generados desde el cobro de los más de 26 millones de euros, cuyo detalle será remitido individualmente a los participantes.
Pero más allá de cifras y trámites, el fondo del asunto sigue siendo el mismo: Un sistema que continúa permitiendo la venta masiva de participaciones sin controles efectivos. Y ahí el foco vuelve, inevitablemente, a SELAE. Porque mientras se siga tolerando que asociaciones, peñas o comisiones distribuyan boletos sin una trazabilidad real (en ocasiones incluso con menores implicados en la venta, como ha ocurrido en este caso), el riesgo de situaciones como la de Villamanín seguirán ocurriendo.
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