El período de statu quo concluirá el próximo 1 de enero de 2025
El Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales ya está en el TRIS
AZARplus
El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales ante el TRIS de la Comisión Europea. Con esta acción, se marca el inicio del proceso de evaluación, cuyo período de statu quo concluirá el próximo 1 de enero de 2025.
El texto establece un marco normativo dirigido a garantizar la protección de los derechos de los menores en ámbitos como la salud, la privacidad y la seguridad digital.
El Anteproyecto de Ley Orgánica incluye una serie de medidas clave destinadas a proteger a los menores en entornos digitales. Entre ellas se encuentran las obligaciones para los fabricantes de dispositivos digitales con conexión a internet, quienes deberán implementar sistemas de control parental que se activen automáticamente al configurar los dispositivos, además de proporcionar información clara sobre los riesgos de acceso a contenidos perjudiciales. También se prohíbe el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa, como las conocidas “lootboxes” o cajas botín en los videojuegos.
Asimismo, se subraya la importancia de la formación en el uso responsable de los medios digitales en los centros educativos, al tiempo que insta a las administraciones públicas a participar activamente en la sensibilización sobre la seguridad en el entorno digital. Se establecen medidas específicas de protección penal para los menores, imponiendo nuevas obligaciones a los proveedores de servicios de comunicación audiovisual y de plataformas de intercambio de videos, quienes deberán aplicar sistemas de verificación de edad y control parental.
Además, se eleva la edad mínima para que los menores puedan prestar su consentimiento al tratamiento de datos personales, pasando de los 14 a los 16 años. Por último, se promueve la adopción de un código de conducta para los proveedores de servicios de acceso a internet desde ubicaciones públicas, con el objetivo de garantizar la seguridad en la navegación y prevenir el acceso de menores a contenidos inapropiados.
El plazo de statu quo finalizará el 1 de enero de 2025. Este período permitirá analizar el impacto de las disposiciones propuestas y, si fuera necesario, ajustarlas para garantizar la máxima eficacia en la protección de los menores.
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