Compartir

TEXTO ÍNTEGRO, TAL Y COMO APARECE EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

DIFUNDIMOS LA PNL DEL PP QUE EXIGE SUPRIMIR EL MINISTERIO DE CONSUMO

AZARplus

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicado ayer, lunes 27,  incluye la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la cual solicitan la supresión inmediata del Ministerio de Consumo.

Como indica el Partido Popular en su exposición de motivos, “desde su creación el Ministerio de Consumo se ha visto envuelto en polémicas escandalosas, protagonizadas en su mayoría por el propio Ministro, y que han dañado de forma irresponsable y gratuita la reputación de importantes sectores de la economía españolas, sin aportar ni un ápice a la protección de los consumidores y usuarios españoles”, un motivo ya de por sí con propio peso como para tomarse en serio dicha PNL, y a la que se suma el presupuesto destinado para el próximo año a dicho Ministerio: 65,76 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 0,014% del total. “Queda patente, en consecuencia, que la prioridad que el Ejecutivo da a la protección de los consumidores en los PGE de 2022 es residual y que su objetivo no va más allá del gesto de mantener un ministerio más por razones estrictamente políticas”.

Con respecto a los desatinos que el Ministerio ha llevado a cabo en materia de Juego y que el Grupo Parlamentario recoge en su PNL, se incluye por ejemplo la culpa al Sector y a la publicidad del Juego del auge de la ludopatía en nuestro país, mientras el Director General de la DGOJ Mikel Arana afirmaba que “no hay mucha ludopatía”.

Finalmente se expone en la PNL que el mantenimiento del Ministerio de Consumo “supone un gasto superfluo dirigido a satisfacer las aspiraciones puramente políticas y partidistas de su titular”, y se insta de esta forma al Gobierno a modificar el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, con el fin de suprimir el Ministerio de Consumo, disponiendo a la DGOJ en manos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Ofrecemos para todos nuestros lectores el texto íntegro de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Popular y a continuación el pdf del BOCG listo para su descarga:

162/000892

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de supresión del Ministerio de Consumo, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, estableció la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo.

El Ministerio de Consumo tiene Dirección General de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) procedentes del Ministerio de Sanidad, y la Dirección General de Ordenación del Juego procedente del Ministerio de Hacienda.

La mayor parte de las competencias en materia de protección de los consumidores, seguridad alimentaria y gestión del juego están transferidas a las comunidades autónomas y recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía.

Esta falta de competencias del Ministerio de Consumo queda patente en que, del total de 458.969,57 millones de euros contemplados en conjunto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022, el Gobierno destina únicamente 65,76 millones a la Sección 31 relativa a Consumo, es decir, un exiguo 0,014%. Queda patente, en consecuencia, que la prioridad que el Ejecutivo da a la protección de los consumidores en los PGE de 2022 es residual y que su objetivo no va más allá del gesto de mantener un ministerio más por razones estrictamente políticas.

Desde su creación el Ministerio de Consumo se ha visto envuelto en polémicas escandalosas, protagonizadas en su mayoría por el propio ministro, y que han dañado de forma irresponsable y gratuita la reputación de importantes sectores de la economía españolas, sin aportar ni un ápice a la protección de los consumidores y usuarios españoles.

La frivolidad irresponsable del ministro ha culminado con una polémica campaña que involucra a los niños en una «huelga simbólica de juguetes» en un momento muy duro para los consumidores españoles con subidas récords del precio de la factura eléctrica; un IPC del 5,6 %, el mayor de los últimos treinta años; la subida de más de 100 productos de la cesta de la campa; la subida de una media del 30 % de gasolina y diésel; así como las subidas del gas y la bombona de butano; en definitiva, la inflación, «el impuesto a los pobres», desbocada.

En medio de esta «tormenta perfecta» de subida generalizada del coste de la vida que daña el poder adquisitivo de los consumidores y usuarios y especialmente de las familias en situación de vulnerabilidad social y económica, así como a los parados, pensionistas y autónomos; el Ministerio de Consumo ha practicado una dejación de responsabilidades no haciendo ninguna propuesta para la protección de los consumidores.

A la polémica de los juguetes y falta de propuestas para proteger a los consumidores de la inflación permanente, se suma el historial de errores, meteduras de pata y actuaciones irresponsables del ministro de consumo como: la defensa del «modelo de consumo cubano», caracterizado por la miseria y cartilla de racionamiento; ataques al estratégico turismo español afirmando que es «estacional, precario y de bajo valor añadido»; culpó al sector y publicidad del juego mientras su director general afirmaba que «no hay mucha ludopatía»; demonizó al azúcar con la campaña mendaz del «El azúcar mata»; subió el IVA de las bebidas azucaradas a los consumidores y señalamiento a las bebidas energéticas y mantenimiento del IVA del 21% en las mascarillas higiénicas y FFP2 durante los años 2020 y 2021 en plena pandemia de COVID.

También ha traicionado a los sectores agrícola, ganadero y fabricantes de la potente industria agroalimentaria española del aceite, jamón y queso y otros productos españoles básicos en la dieta mediterránea con la implantación del etiquetado frontal francés, Nutri-score, así como la campaña injusta e irresponsable contra el consumo de carne «Menos carne más vida»; no defendió la bajada del IVA de la luz; se mostró contra los niños y el creativo sector de los fabricante de los dulces, amenazando con prohibir la publicidad y finalmente ha dedicado sus mayores esfuerzo, copiando a Stalin, a presentar una «recetario de cocina» innecesario y que promociona productos importados, cuando nuestra «cocina mediterránea» es puntera en el mundo.

Además, ha insultado de forma injusta y mendaz a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado afirmando que puede que «haya elementos reaccionarios dentro» y desde su estatus de ministro ataca a la Jefatura del Estado con total deslealtad y saltándose su promesa de «lealtad al rey», acusando de «maniobrar contra el Gobierno»

A todos los argumentos anteriores que prueban el inútil y dañino Ministerio de Consumo, hay que sumar que no ha aprobado ninguna ley desde su creación y la escasa actividad diaria del ministro y de todo su equipo político.

El mantenimiento del ministerio de Consumo supone un gasto superfluo dirigido a satisfacer las aspiraciones puramente políticas y partidistas de su titular. Al mismo tiempo, la existencia misma del ministerio no ha supuesto un mayor peso ni avances tangibles reales en las políticas de protección de los consumidores y usuarios. Además, en el contexto social y económico actual, no parece pertinente la existencia y el mantenimiento de un ministerio específico para consumo y sí, en cambio, su integración con un rango administrativo inferior en otro u otros departamentos ministeriales. De esta forma, podrían liberarse y optimizarse los recursos existentes y disponibles en favor de la consecución de los objetivos relacionados con la protección de los consumidores u usuarios frente a la escalada histórica de precios al consumo, IPC.

A la vista de todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente

Proposición no de Ley

«En el plazo máximo de un mes, el Gobierno procederá a modificar el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo, con el fin de suprimir el Ministerio de Consumo.

La Dirección General de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) serán adscritas al Ministerio de Sanidad, mientras que la Dirección General de Ordenación del Juego será adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública».

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2021.—Carmen Riolobos Regadera, Ana María Pastor Julián, José Ignacio Echániz Salgado, Elena Castillo López, Elvira Velasco Morillo, Rosa María Romero Sánchez, Teresa Angulo Romero, Gabriel Elorriaga Pisarik, Juan Antonio Callejas Cano y José Ortiz Galván, Diputados.—Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

DESCARGAR PDF BOCG (A partir página 21)

Dejar comentario

¡Por favor, introduce un comentario!
Por favor, introduce tu nombre

* Campos obligatorios
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados