Cuando la ley se convierte en mensaje: Sobresaliente artículo de Carlos Hernández sobre el riesgo de legislar para el titular

Carlos Hernández Rivera, exdirector general de la DGOJ, ha puesto el foco en uno de los males endémicos de la política española, y que ya sufrimos en el Sector a finales de la semana pasada: la tendencia creciente a legislar pensando más en el impacto inmediato del anuncio que en la eficacia real de las normas. En un análisis sutil e incisivo publicado en El Correo, el hoy socio fundador de Silverback advierte de que la urgencia ha desplazado a la planificación y que “la acción gana terreno frente al debate pausado y la reflexión a medio plazo”.

Hernández, que conoce de primera mano los entresijos del procedimiento legislativo, sostiene que leyes y reales decretos se han convertido en instrumentos de comunicación política. No tanto para transformar sectores o resolver problemas, sino para fijar posiciones y generar titulares. “Parece que no importa tanto si una medida se aprueba, si es eficaz o si resiste la revisión judicial. Lo importante es que exista, que se anuncie”, lamenta.

El exdirector repasa ejemplos recientes en los que la lógica del corto plazo ha condicionado el proceso normativo, entre ellas, como no podía ser de otra manera, la Ley de Atención a la Clientela, en la que se ha incluido con “nocturnidad y alevosía” una enmienda intrusa para reactivar los artículos tumbados por el Supremo y, de paso, incluir otra batería nueva de medidas.

El exdirector general subraya que este modo de legislar tiene un coste creciente: la regulación se convierte en un mecanismo de visibilidad política y no en un instrumento para responder a necesidades reales. Declaraciones de urgencia estratégicas, análisis de impacto pospuestos y normas sin evaluación profunda dibujan un panorama en el que “hay mucho ruido, pero pocas nueces”.

Ante ello, Hernández reivindica recuperar los principios de buena regulación, el respeto al procedimiento y un diálogo transparente entre administraciones y sector privado. Sólo así, afirma, será posible “reforzar la confianza institucional y construir un marco regulatorio útil y duradero”.

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