Consumo recurre a una reforma integral para blindar las restricciones publicitarias al Juego

Tras varios intentos fallidos para incluir los artículos tumbados por el Supremo mediante enmiendas introducidas con calzador en textos legislativos que nada tenían que ver con el Juego, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha dado cuenta que no le queda otra que hacerlo por el método tradicional… La DGOJ ha lanzado finalmente una consulta pública para reformar la Ley del Juego.

En el texto de la consulta, la administración señala la “falta de puesta al día e insuficiencia del actual régimen jurídico“, según señala Consumo.  El pretexto estrella para esta reforma integral es el fenómeno de la suplantación de identidad, incluyendo Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS). Según los datos aportados, en la campaña de la Renta de 2023 afloraron 7.712 personas (un 4,7% de los ganadores) que no reconocían sus ganancias, cifra que escaló hasta los 8.675 afectados (un 4% del total) en 2024. Por esa razón, el Ministerio propone endurecer las obligaciones de identificación, reconociendo de paso que el diseño original de 2011 “no pudo tener en cuenta la importancia de los proveedores“, a quienes ahora pretenden convertir en piezas clave de la vigilancia del mercado.

Pero no parece descabellado pensar que la verdadera razón de esta reforma integral sea lo que el Ejecutivo describe como una publicidad “absolutamente irrestricta e intensamente segmentada“, y que, según la DGOJ, tiende a la “banalización de los riesgos” al asociar las apuestas con “figuras de relevancia pública”. Ante la imposibilidad de mantener estas restricciones mediante decretos que el Supremo tumba sistemáticamente, la solución planteada es elevarlas a rango de ley para dotarlas de inmunidad jurídica.

Finalmente, la reforma busca dotar a la administración de una “mayor flexibilidad a la hora de adoptar futuros desarrollos reglamentarios“, lo que en la práctica suena a un cheque en blanco para seguir legislando a golpe de reglamento una vez que la ley principal esté modificada. Con el proceso de consulta abierto hasta el 22 de junio, el Sector ahora puede contribuir en este proceso, y esperar si Consumo escucha… o hace lo de siempre.

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