¡¡¡CONSUMO quiere reforzar, también legalmente, las funciones de la DGOJ que podrían llegar a materializar las famosas “COMPETENCIAS INDIRECTAS” de GARZÓN!!!

En el umbral de la previsible promulgación del Real Decreto de Juego Seguro al Ministerio de Consumo le parece que la Ley de Juego de 2011 y todo el contenido del anterior Real Decreto de Comunicaciones Comerciales no confieren a su Dirección General de Ordenación del Juego todas las funciones y prerrogativas de las que debería disponer.

Para corregir esta situación ha elaborado un Anteproyecto de Ley de modificaciones de la de 2011con los siguientes objetivos:

– Reforzar las funciones de la autoridad de regulación del juego en materia de juego responsable y juego seguro, mediante la introducción de una referencia expresa a la protección de los grupos de jugadores en riesgo y la evaluación de las políticas de juego seguro o responsable puestas en práctica por los operadores;

– Actualizar la normativa reguladora de la Unidad Central de Juegos de los operadores, en el sentido de reforzar y racionalizar el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de los jugadores frente a los operadores),

– Reforzar las funciones de colaboración de la Dirección General de Ordenación del Juego en materia de prevención y lucha contra el fraude en las competiciones deportivas.

Con estos fines el título del Anteproyecto resulta muy significativo: “Regulación del juego, con objeto de reforzar las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego en materia de protección de los participantes en riesgo en las actividades de juego y de colaboración en la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas”. Con un enunciado tan ambiguo y potencialmente abarcador prácticamente no quedaría nada fuera de las competencias de la DGOJ en su función de “velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego”, y lo preocupante es que se extienda una alfombra roja para que lo haga no solo en el juego online, sino también en el presencial a costa de las competencias autonómicas. Porque eso es lo que se puede leer entre líneas en párrafos de la presentación del Anteproyecto como este: “Por último, la colaboración con otras autoridades en la lucha contra el fraude y manipulación de las competiciones deportivas constituye una de las funciones atribuidas a la autoridad reguladora. Resulta necesario, por tanto, que la herramienta técnica que posibilita el desarrollo de esas funciones de colaboración encuentre su adecuada sede normativa en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de forma que se refuercen las garantías y eficacia en su funcionamiento”.

Las alegaciones al Anteproyecto de Ley podrán hacerse llegar hasta el próximo día 10 de agosto al sitio dgoj.sgregulacion@hacienda.gob.es siempre con identificación del remitente.