La normativa unifica los criterios de ciberseguridad para todos los órganos encargados de la ejecución de políticas de regulación del Juego
Consumo blinda la supervisión del Juego con su nueva política de seguridad digital
AZARplus
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado un nuevo marco de protección de sus sistemas digitales con la entrada en vigor de la Política de Seguridad de la Información (PSI), una norma que incide de forma directa en el Sector. La medida, según recoge la Orden emitida por el Ministerio, responde a la necesidad de reforzar la seguridad de los datos y servicios electrónicos gestionados por el departamento debido a la creciente digitalización administrativa.
La normativa establece un marco alineado con el Esquema Nacional de Seguridad, orientado a garantizar que las redes y aplicaciones del Ministerio puedan resistir incidentes que comprometan la disponibilidad de los servicios, la integridad de la información o la trazabilidad de las actuaciones administrativas.
En el plano organizativo, la División de Control de Juego Seguro adquiere un peso institucional determinante dentro del Comité de Seguridad de la Información. Su responsable pasa a formar parte del Comité de Seguridad de la Información como vocal con voz y voto. Esta posición refuerza la presencia de la unidad encargada de la supervisión del Juego en la definición de las normas técnicas, la validación de los planes de seguridad y la respuesta ante incidentes que puedan afectar a los sistemas que gestionan información sensible del Sector.
La nueva Política de Seguridad de la Información unifica criterios y sustituye a la normativa anterior. A partir de ahora, todo el personal vinculado a la regulación y control del Juego, incluidos empleados públicos, empresas contratadas y entidades colaboradoras, queda obligado a cumplir las directrices establecidas.
El sistema se articula sobre un proceso de gestión de riesgos continuo, que deberá revisarse de forma periódica y, en todo caso, cuando se produzcan cambios tecnológicos o normativos que incrementen la exposición de los activos digitales. El objetivo final es que las medidas de protección sean proporcionales a las amenazas detectadas y que el tratamiento de la información técnica y de los datos asociados al Sector se realice conforme a los principios de “disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad”.
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados