Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS), una de las filiales de ONCE
Comienza el juicio por la demanda de CGT a la FOAPS, filial de la ONCE que dejó en la calle a sus Mediadoras de Sordoceguera
AZARplus
Hoy martes, día 3 de noviembre, da inicio el juicio a la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS), una de las filiales de la ONCE, en la Audiencia Nacional de Madrid, por la demanda por despido colectivo a sus Mediadoras de Sordoceguera durante el estado de alarma que afectó a casi la totalidad de la plantilla, una escandalosa situación sobre la que informamos. Tanto en relación al agravamiento de la situación de aislamiento de un colectivo especialmente afectado por el confinamiento, el de personas sordociegas, como por la inverosímil causa alegada por la filial de ONCE para ejecutar los despidos (“garantizar la viabilidad económica de nuestra Fundación”), que contrasta con las cifras de beneficios que el principal financiador de la entidad, la Fundación ONCE, que cerró el ejercicio de 2019 con unas boyances cifras, un sinsentido sobre el que también nos hicimos eco.
Ante tal situación, el sindicato CGT interpuso la demanda, entendiendo que dichos despidos podrían suponer un ERE encubierto, al afectar a más del 10% de la plantilla de una empresa que cuenta con poco más de 100 trabajadoras, reza la nota, que difundimos a continuación.
Asimismo, ofrecemos en pdf el e-mail de despido recibido por las trabajadoras y un segundo comunicado en el que el CGT denuncia la “catastrófica vuelta a las aulas” de las mismas, que en su mayoría “aún no se ha incorporado a los centros donde se presta servicio”, puesto que “la vuelta de estos profesionales se produciendo a cuentagotas para desesperación de centros y familias”.
Arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra una filial de ONCE por el ERE encubierto de abril
Las trabajadoras, despedidas durante el confinamiento, eran mediadoras de FOAPS, una de las fundaciones que integran esta organización, una de las más representativas del Tercer Sector.
El próximo martes, día 3 de noviembre, tendrá lugar en la Audiencia Nacional (Madrid) el juicio contra la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS), una de las filiales de ONCE, por el despido masivo que afectó a casi la totalidad de la plantilla de mediadoras comunicativas que hacían intervención en toda España con personas sordociegas.
Fue el sindicato CGT quien interpuso la demanda, entendiendo que dichos despidos podrían suponer un ERE encubierto, al afectar a más del 10% de la plantilla de una empresa que cuenta con poco más de 100 trabajadoras.
La atención a la discapacidad, actividad esencial
Con la medida adoptada por la fundación FOAPS no sólo se agravó la situación de aislamiento de un colectivo especialmente afectado por el confinamiento, el de personas sordociegas, sino que pasó por alto el listado de actividades esenciales publicado en el BOE el 30 de marzo y que incluía, en su punto 9, la “atención a mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad”.
Así las cosas, la fundación FOAPS efectuó los despidos el día 15 de abril, durante el confinamiento decretado por el Gobierno español el 28 de marzo. Lo hizo mediante un correo electrónico genérico remitido a todas las trabajadoras afectadas, todas con contratos de obra y servicio o fijas-discontinuas.
De este modo, y amparándose en la necesidad de “mantener la viabilidad económica de nuestra Fundación”, la entidad de ONCE puso fin a una relación laboral que, en circunstancias normales, se habría terminado a finales junio, coincidiendo con el fin del curso escolar.
Más de 2.000 millones ingresados en 2019
La causa alegada por la filial de ONCE para ejecutar los despidos (“garantizar la viabilidad económica de nuestra Fundación”) contrasta con las cifras de beneficios que el principal financiador de la entidad, la Fundación ONCE (otra de las filiales de ONCE) obtuvo en 2019: más de 2.000 millones de euros, según los datos que la propia empresa muestra en su web.
De forma concreta, las tres cuartas partes de la financiación de FOAPS proviene del Grupo Social ONCE, que cerró el ejercicio de 2019 con unos ingresos de 2.255 millones de euros por venta de productos, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior si analizamos los datos a nivel estatal. Entre 2018 y 2019 las ventas también subieron, casi un 10%.
Si nos fijamos en los datos del ejercicio anterior, 2018, que ONCE hizo públicos en agosto de 2019, veremos que su Grupo Social superó por primera vez en su historia los 3.000 millones de euros en facturación en España.
Con estas cuentas en la mano, la organización sindical CGT reclama la nulidad de todos los despidos y que la fundación FOAPS abone los salarios de tramitación, es decir, el dinero que las trabajadoras dejaron de percibir desde el despido hasta la fecha de fin fijada en sus contratos.
Comunicado CGT
Catastrófica vuelta a las aulas de las mediadoras en sordoceguera de ONCE
La mayoría de mediadoras comunicativas que atiende al alumnado con sordoceguera aún no se ha incorporado a los centros donde se presta servicio. Las que ya han vuelto lo han hecho sin un orden establecido, con peores condiciones y sin formación para evitar contagios de COVID-19.
Septiembre se acerca a su fin. La actividad educativa se encuentra ya iniciada en todas las etapas y comunidades autónomas desde hace días. Sin embargo, la vuelta de estos profesionales se está produciendo a cuentagotas para desesperación de centros y familias. Este alumnado llevaba sin mediación desde que FOAPS, Fundación de la ONCE, decidiese cortar de forma abrupta el pasado mes de abril, en pleno estado de alarma, la actividad que venía desempeñando este personal.
Las trabajadoras no supieron si serían reincorporadas hasta el 7 de septiembre, cuando FOAPS ha enviado un comunicado al personal que era fijo-discontinuo en el momento de los despidos. Pocas trabajadoras que estuviesen por obra o servicio han recibido propuestas para volver hasta el momento.
Han pasado ya tres semanas en las que se estima que no han regresado ni la mitad de profesionales que daban atención el curso pasado. Los llamamientos, conforme a la condición de fijos-discontinuos, se están produciendo sin un criterio objetivo y cuantificable. A su vez, el reparto de casos se está asignando por imposición, sin informar de las vacantes y sin poder solicitarlas conforme al orden que debería establecer dicho criterio, si lo hubiese. La antigüedad y méritos no se están considerando pese a ser lo mínimo marcado en la normativa vigente.
En muchos casos, se están reduciendo significativamente las horas de contrato, lo que supone sacar a las mediadoras del paro ofreciendo precariedad, teniendo en algunos casos que renunciar o solicitar excedencias cuando no es asumible volver con dichas condiciones. También sucede que en el momento del ofrecimiento de empleo algunas se encontraban trabajando en otro lugar, ya que han sido 5 meses los que se ha dejado a las mediadoras a la deriva y no todas contaban con prestación suficiente por desempleo. Las facturas y la propia supervivencia han llevado a profesionales de la mediación con años de experiencia y formación a tener que dejar de lado su vocación para poder mantenerse. A día de hoy, no tenemos constancia de que la ONCE prevea dar seguridad a este perfil profesional, de manera que no se expulse a gente tan especializada en un ámbito desconocido para la mayoría.
Información sobre prevención fuera de horario
FOAPS ha enviado a los empleados manuales sobre la prevención y vuelta al trabajo con exposición al COVID-19 sin dar tiempo para leerlos. Actualmente, no se ha impartido formación sobre estos temas a la plantilla. La mediación puede suponer contacto estrecho con alumnado que no lleva protección y que, en ocasiones, tiene patologías diversas. Las mascarillas proporcionadas no vienen marcadas como homologadas por la CE. Desde CGT denunciamos la irresponsabilidad que supone incorporar a las trabajadoras sin formación y negando tiempo para conocer el contenido de los manuales y las medidas adoptadas por los centros, tal y como venimos reclamando desde el 2 de septiembre.
Comunicado CGT
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