Codere, en la mira de la Agencia Tributaria mexicana tras la entrada en vigor de la Ley de Amparo

La entrada en vigor de la reciente reforma a la Ley de Amparo en México ha modificado de manera sustancial el marco legal en el que empresas de diversos sectores (incluido el del Juego) han venido defendiendo sus intereses frente a reclamaciones fiscales del Estado. La medida, impulsada por el Gobierno federal, impide que los jueces suspendan el cobro de créditos fiscales a menos que el contribuyente garantice previamente la totalidad de la deuda mediante un depósito o una carta de crédito bancaria.

Para Codere, uno de los principales operadores de Juego en México, el cambio supone un punto de inflexión en su larga disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La firma enfrenta actualmente dos resoluciones firmes que suman más de 1.700 millones de pesos (unos 80 millones de euros), una por 1.272 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta y otra de 507 millones por el impuesto especial a las Apuestas. Ambas fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desechó los últimos recursos interpuestos por la empresa.

Hasta ahora, la figura del “amparo” había permitido a grandes contribuyentes (entre ellos Codere) aplazar el pago de sus tasas fiscales mientras se resolvían los procesos judiciales. Sin embargo, la reforma aprobada y vigente desde el pasado viernes elimina esta posibilidad al exigir una garantía total del importe reclamado. En la práctica, esto significa que una empresa solo podrá detener el cobro del SAT si deposita la suma íntegra del crédito en el Banco del Bienestar mexicano o si obtiene una carta de crédito emitida por una entidad financiera autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De no cumplirse esta condición, la autoridad tributaria mexicana tiene la potestad para proceder al embargo de bienes, cuentas o activos sin esperar la sentencia definitiva. Además, el nuevo texto legal impide continuar litigando casos ya confirmados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), lo que cierra otra de las vías más utilizadas por las grandes corporaciones para prolongar los procedimientos.

La reforma a la Ley de Amparo ha sido recibida con preocupación por parte del sector jurídico y empresarial, al considerar que restringe el derecho de defensa de los contribuyentes. El abogado José Mario de la Garza, director del Bufete de la Garza, subrayó que la modificación “golpea el corazón del derecho de defensa”, al condicionar la suspensión de un cobro fiscal a la capacidad económica del contribuyente. “Lo que antes era un juicio de legalidad ahora se convierte en una batalla de liquidez. Quien tiene efectivo litiga; quien no, se somete”, afirmó.

Para De la Garza, el nuevo marco “cierra la puerta del amparo a contribuyentes medianos o en crisis”, lo que podría generar un escenario de desigualdad procesal. Aunque reconoce la necesidad de reforzar la recaudación y garantizar el interés fiscal, advierte que “cobrar sin escuchar es autoritarismo fiscal”, en referencia a la pérdida de equilibrio entre el poder recaudatorio del Estado y los derechos de los contribuyentes.

Para empresas como Codere, con una fuerte presencia en México, el cambio representa un desafío inmediato: garantizar el pago de las tasas o afrontar medidas de ejecución directa por parte del SAT.

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