La Junta reduce la recaudación autonómica un 3,7%, según advierte en el proyecto, “por el trasvase de los usuarios al Juego online”
Castilla y León prevé una recaudación de 58,3 millones por tributos del juego en 2026
AZARplus
El Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026 sitúa los ingresos procedentes de los tributos sobre el Juego en 58,26 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la prevista en el ejercicio anterior, de 60,49 millones de euros y que, según la Junta, confirma la tendencia a la baja en la recaudación autonómica derivada del desplazamiento de parte de la actividad hacia el Juego online.
De acuerdo con los datos que ofrece la Administración en el proyecto de Presupuestos, la Junta prevé 48,01 millones de euros en concepto de tributos gestionados directamente por la Comunidad, a los que se suman 10,25 millones correspondientes al impuesto estatal sobre el Juego, cuya recaudación está cedida parcialmente a Castilla y León. En conjunto, el descenso respecto al presupuesto previo se cifra en torno al 3,7%.
En la memoria de ingresos, la Junta reconoce que mientras la parte estatal experimenta un crecimiento estimado del 22,07%, los tributos autonómicos sobre el Juego descienden un 7,84% respecto a 2024.
El proyecto mantiene sin alteraciones sustanciales el marco normativo y fiscal vigente para el Sector. No se contemplan modificaciones en los tipos impositivos aplicables a casinos, bingos, máquinas recreativas o apuestas, ni cambios en las bases imponibles o en las condiciones generales de tributación. La política de Juego para 2026 se define, según declara la Junta, por la “continuidad y estabilidad regulatoria”. En materia de incentivos fiscales, se mantienen los beneficios ya existentes, con un coste global estimado de 1,59 millones de euros. De esa cantidad, 1,51 millones se corresponden con la tarifa reducida aplicable a las salas de bingo electrónico que mantengan el empleo, mientras que los 87.000 euros restantes derivan de la bonificación en el tipo de los casinos que conserven su plantilla.
En cuanto a la gestión administrativa, el presupuesto refuerza el control y la supervisión del sector a través del Programa 912D de Ordenación y Gestión de las Actividades de Juego y Apuestas, adscrito a la Dirección General de Relaciones Institucionales. Este programa contempla para 2026 una previsión de 4.900 inspecciones, frente a las 4.654 realizadas en 2024 y las 4.800 previstas para el presente ejercicio. El incremento responde a la estrategia de mantener una fiscalización continua sobre los establecimientos, empresas operadoras y material de Juego, así como a la necesidad de actualizar los censos y licencias en vigor. Además, se prevé la tramitación de 350 expedientes relativos a establecimientos, 400 sobre empresas y 560 sobre material de Juego, junto con la celebración de jornadas informativas y la actualización de procedimientos normativos.
En el capítulo de tasas, el documento recoge una previsión de 200.000 euros en ingresos por tasas administrativas asociadas al Juego, derivadas de autorizaciones, renovaciones y otros trámites administrativos vinculados a la actividad. Estas tasas complementan la recaudación tributaria principal y contribuyen a financiar la gestión de los procedimientos administrativos y las actuaciones de control.
La Junta no prevé nuevas medidas regulatorias para el sector durante 2026, y mantiene las competencias de inspección, ordenación y gestión bajo los mismos parámetros que en ejercicios anteriores. El Ejecutivo autonómico opta así por consolidar un modelo estable, sin modificaciones legislativas en materia fiscal ni en la normativa que rige la explotación de los diferentes tipos de Juego y apuestas.
Con estos presupuestos, Castilla y León confirma la línea de los últimos ejercicios: mantener un entorno regulatorio predecible, preservar los incentivos asociados al empleo y reforzar la supervisión, todo ello en un contexto de leve descenso de la recaudación autonómica y de crecimiento de la parte estatal ligada al Juego online. La Comunidad sigue apostando por un equilibrio entre control, sostenibilidad fiscal y mantenimiento del tejido empresarial.
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