Cantabria fija en más de 16 millones de euros su previsión de recaudación por impuestos al Juego en 2026

El Parlamento de Cantabria ha presentado la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2026, donde se define el marco financiero y las expectativas de recaudación tributaria para el Sector durante este año.

En el apartado de ingresos por impuestos indirectos, la ley establece unas previsiones de recaudación muy definidas para cada variante del Sector. El gravamen sobre el bingo se estima en 550.000 euros, mientras que la tasa aplicada en casinos proyecta unos ingresos de 230.000 euros para las arcas públicas. Sin embargo, el pilar fundamental de la recaudación tributaria en este ámbito sigue siendo las Máquinas tipo B, cuya previsión de ingresos asciende a los 13.000.000 de euros. Por su parte, la fiscalidad aplicada a las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias espera reportar 500.000 euros, mientras que el Juego online se consolida con una estimación de ingresos de 2.000.000 de euros.

Más allá de la vertiente puramente fiscal, la normativa dedica un espacio significativo a la gestión empresarial pública del Sector, centrando su atención en el Gran Casino del Sardinero, S.A., entidad integrada en el sector público empresarial de la comunidad. El presupuesto de explotación para esta sociedad mercantil durante 2026 prevé un importe neto de la cifra de negocios de 427.971 euros, procedentes íntegramente de la prestación de servicios. A pesar de estos ingresos, las proyecciones financieras de la entidad para el presente año reflejan un resultado de explotación negativo de 47.298 euros, tras contabilizar unos gastos de personal de 94.877 euros y otros gastos de explotación que superan los 302.250 euros. En cuanto a su estructura de capital, el casino contempla un flujo de efectivo negativo en sus actividades de explotación de 153.800 euros para este ejercicio.

Finalmente, la normativa presupuestaria también contempla ingresos derivados de tasas y precios públicos gestionados por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, departamento que retiene competencias administrativas sobre la ordenación del sector, con una partida global de tasas que supera los 500.350 euros.

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