El ministro convirtió el acto de Juego Seguro en un púlpito contra el Juego privado, acusando a los Operadores de “aprovecharse de los más vulnerables”
Bustinduy: “Hay operadores económicos sin escrúpulos que no tienen ningún reparo en aprovecharse de quienes tienen situaciones de mayor necesidad”
AZARplus
El discurso de Pablo Bustinduy durante el acto “Juego Seguro”, celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, fue cualquier cosa menos neutral. El ministro convirtió lo que debería haber sido un foro institucional en un púlpito para demonizar el juego privado, anunciando la obligación de que los Operadores online incluyan carteles de advertencia con formato de cajetillas de tabaco, en los que se le diga al usuario que “la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%”. Nos gustaría ver en un décimo de lotería el porcentaje de que ese décimo te convierta en millonario, pero no habría suficientes espacio para tantos ceros…
Bustinduy no dudó en trazar un paralelismo directo con el tabaco y el alcohol: “La adicción al juego entraña todo un abanico de riesgos que son igual de importantes que los efectos del tabaco o el alcohol”. El ministro subrayó que “no hablamos ya de Juego responsable” porque, según él, la responsabilidad no debe recaer en los usuarios, sino en los poderes públicos, que tienen el “deber democrático de crear entornos seguros”. Según el ministro, se trata de un mensaje “que permite a la ciudadanía conocer cuáles son los riesgos a los que se expone”. Los riesgos, únicamente, de este tipo de Juego claro.
Con este discurso, el Gobierno se coloca como juez y parte, acusando incluso al Sector privado de ser responsable de desigualdades sociales. “Hay operadores económicos que ven una oportunidad en aprovecharse de las necesidades de quienes tienen rentas más bajas”, proclamó Bustinduy, dibujando una imagen de empresas explotadoras y desalmadas. Pero si juegas a lotería… “Bien jugado”.
En su intervención, el ministro insistió en la eterna falacia de que “las mayores aglomeraciones de casas de apuestas se producen en barrios obreros”, acusando de manera implícita a los operadores privados de cebarse con la población vulnerable. Sin embargo, ni una sola palabra dedicó al Juego público, pese a que SELAE y ONCE están presentes en todos los barrios, sin distinción de renta, sin incluir ningún tipo de control de acceso y con productos altamente populares entre menores, como son los Rascas.
El ministro aprovechó además para defender la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), que recuperará las restricciones a la publicidad del Juego: “Impediremos la utilización de personas famosas para las campañas publicitarias y también los bonos de bienvenida dirigidos a los jóvenes”.
Bustinduy remató con un mensaje casi mesiánico: “Entre las empresas que buscan multiplicar sus beneficios y los ciudadanos que pelean por llegar a fin de mes, tenemos la obligación de proteger siempre a los segundos”. Una frase que parece demostrar el tono acusatorio y unilateral del acto.
La equiparación con el tabaco y el alcohol, las acusaciones contra los operadores y el anuncio de nuevas limitaciones publicitarias certifican que el Gobierno barrerá siempre para casa: endurece el control sobre los privados mientras preserva los privilegios del monopolio estatal.
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