El director de Comunicación Allaster Gair critica el discurso político contra el Juego y alerta de que las nuevas restricciones pueden convertir la regulación en “prohibición por otra vía”
Bacta planta cara al Gobierno británico: “No se puede expulsar del mercado a industrias legales porque no gusten”
Bacta ha elevado el tono de su respuesta al Gobierno británico ante la creciente presión fiscal y regulatoria sobre el Juego presencial. Su director de Comunicación, Allaster Gair, advierte de que se está consolidando una peligrosa idea en la política británica: que el Gobierno pueda decidir qué negocios legales realizan una contribución “suficientemente positiva” a la sociedad y utilizar después la fiscalidad y la regulación para castigar a los sectores que dejan de contar con su favor político.
“No se puede expulsar del mercado mediante impuestos o regulación a industrias legales simplemente porque no gustan“, sostiene Gair, que considera que el problema trasciende al propio Juego. “Ese principio debería preocupar a todos los sectores empresariales, no solo al Juego“.
El responsable de Bacta cuestiona además las recientes declaraciones del primer ministro británico, que calificó de “poco fiables” a determinados subsectores del Juego. Para Gair, resulta “impensable” utilizar esa descripción para referirse a empresas “legítimas, con licencia, estrechamente reguladas, inspeccionadas por las autoridades locales y obligadas a cumplir amplias responsabilidades sociales“.
Bacta también carga contra la intención del Gobierno de eliminar el principio de “aim to permit” (aspirar a permitir) de la Gambling Act 2005, una modificación que podría ampliar el margen de las autoridades locales para rechazar nuevos establecimientos de Juego incluso cuando los operadores cumplan los objetivos de licencia.
La asociación considera especialmente cuestionable el argumento utilizado para justificar el cambio: que los locales de apuestas y los salones de Juego se están “extendiendo rápidamente” por las calles británicas. “Esa afirmación es exagerada y está completamente contradicha por las pruebas“, afirma Gair. Según los datos de la Gambling Commission citados por Bacta, el número de establecimientos de Juego con licencia lleva años descendiendo.
Para Gair, la cuestión no es una simple discrepancia terminológica. “Estas afirmaciones forman la justificación de un cambio potencialmente importante en la política de licencias“, por lo que, si esa justificación parte de “una falsa descripción de lo que está ocurriendo en las calles británicas“, las propuestas deben someterse a “un escrutinio mucho mayor“.
“Una política no puede ser creíble cuando la premisa sobre la que se basa es demostrablemente errónea“, sostiene. Y añade que los negocios responsables y con licencia no deberían ser presentados como “una amenaza social creciente simplemente porque esa descripción hace que un comunicado de prensa resulte más conveniente“.
El director de Comunicación de Bacta considera que la combinación de estas medidas apunta a algo más profundo que un debate legítimo sobre regulación: “Sugieren que las empresas que han cumplido todas las normas que se les han impuesto pueden, sin embargo, ser gravadas, restringidas y finalmente reguladas hasta desaparecer porque los políticos desaprueban la propia actividad“.
Gair admite que un Gobierno tiene derecho a regular una industria y gravar la actividad económica, pero exige que esas decisiones respondan a “evidencias, proporcionalidad y realidad económica“. La fiscalidad y la regulación, advierte, “no deberían convertirse en instrumentos de juicio moral“.
“El debate político cada vez parece menos una discusión seria sobre regulación y más un juicio sobre qué formas de ocio se consideran respetables“, afirma.
En este sentido, establece una comparación directa entre distintos hábitos de ocio: “Gastar 30 libras en cócteles es hostelería. Gastar 30 libras asistiendo a las carreras es un día fuera. Comprar un décimo de la Lotería Nacional significa apoyar buenas causas. Gastar una cantidad modesta en un salón recreativo con licencia y, de repente, tu elección se trata como una prueba de fracaso social. Esa no es una distinción defendible“.
Bacta pone también sobre la mesa la aportación económica del Juego presencial. Según un informe del Adam Smith Institute citado por Gair, los salones de Juego aportaron 207 millones de libras en impuestos directos durante 2024, cifra que asciende a 256 millones al incluir el IVA no recuperable.
El mismo análisis sitúa en casi 900 millones de libras la actividad económica generada en el conjunto de la economía y destaca el empleo que mantienen estos negocios en calles comerciales y comunidades trabajadoras.
“Son negocios físicos. Emplean a personas de la zona, pagan tasas municipales, mantienen sus locales y apoyan a fabricantes, distribuidores, ingenieros y proveedores británicos“, apunta Gair. Además, muchos son “empresas familiares intergeneracionales que llevan décadas sirviendo a sus comunidades“.
El problema, según Bacta, es que estos operadores tienen una capacidad especialmente limitada para absorber nuevas cargas. Sus principales precios, las apuestas de las máquinas y los premios están establecidos por ley. “Cuando aumentan los salarios, los costes energéticos, las tasas municipales o los impuestos, los operadores no pueden simplemente ajustar sus precios para recuperar la diferencia“, explica.
En este escenario, Bacta advierte de que eliminar el principio de “aim to permit” puede agravar todavía más la situación. Gair recuerda que los ayuntamientos ya disponen de amplias facultades para examinar solicitudes, establecer condiciones y rechazar aquellas que no cumplan los objetivos de licencia.
Lo que aporta el principio, según su argumento, es que las decisiones se adopten sobre la base de la legislación y las pruebas, y no simplemente por una oposición general al Juego.
“Si un operador responsable puede cumplir todos los requisitos de licencia y aun así ser rechazado simplemente porque los representantes electos no gustan de la actividad, eso ya no es una regulación proporcionada. Es una prohibición por otra vía“, afirma.
“Gran Bretaña es un país plural. Las personas toman decisiones diferentes sobre cómo relajarse y disfrutar de su tiempo. Algunos van al pub. Otros acuden a las carreras. Otros juegan al bingo o visitan un salón recreativo“, señala.
Por ello, considera que, mientras esas actividades sean legales, estén reguladas y se desarrollen de forma responsable, los políticos deberían ser “extremadamente cautelosos” a la hora de considerar que el ocio de unos ciudadanos es menos legítimo que el de otros.
Bacta asegura que apoyará al Gobierno cuando persiga actividades ilegales, pero reclama que se diferencie entre los operadores clandestinos y las empresas reguladas que cumplen las normas, generan empleo y contribuyen a sus comunidades.
“Calificar a esas empresas de ‘turbias’, presentar falsamente un sector en contracción como uno que se está ‘extendiendo rápidamente’ y utilizar después esa caracterización para justificar nuevas restricciones de licencias no es una política basada en evidencias“, concluye Gair.
Y deja una última advertencia: “Porque cuando los políticos se atribuyen el derecho de gravar o regular hasta hacer desaparecer industrias legales simplemente porque no les gustan, la cuestión ya no es si el Juego es popular en Westminster“.
“La cuestión es qué negocio legal será considerado socialmente inaceptable después“.












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