Así elimina la ONCE a sus vendedores tradicionales

AZARplus .- La baja de vendedoras de la ONCE, de 21.054 hace años a los 19.200 vendedores actuales no es casualidad. Responde a una clara estrategia, según informa la prensa digital. El medio Extraconfidencial recoge textualmente: “El Canal Físico Complementario (CFC), compuesto por estancos, gasolineras, bares y otros establecimientos, a los que se les abona directamente comisión sobre lo vendido, podría estar detrás de esta persecución a los habituales vendedores”…

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), ha sacado a relucir su vara de castigo. Y lo ha hecho, como desde hace tiempo, blandiendo el yugo opresor sobre sus propios trabajadores. No es la primera vez que los vendedores de la ONCE se sienten presionados por considerar, la Organización y su presidente Miguel Carballeda, que su nivel de ventas es bajo. Lo que puede venir después -sanciones, castigos, pérdida de complementos, amenazas e incluso despidos-, no es plato de buen gusto para unos empleados que ponen toda la carne en el asador para repartir los cupones, pero que parece que, de algún modo, la propia ONCE quiere prescindir de sus servicios. El Canal Físico Complementario (CFC), compuesto por estancos, gasolineras, bares y otros establecimientos, a los que se les abona directamente comisión sobre lo vendido, podría estar detrás de esta persecución a los habituales vendedores. Según la Memoria de Gestión del año 2010, la ONCE contaba con un total de 21.054 vendedores, todos ellos bajo contrato indefinido. A día de hoy, la ONCE cuenta con 19.200 vendedores, lo que representa una caída del 10% y casi una tercera parte de ellos lo hacen bajo contratos ‘junior’ durante tres años. Son estos contratos, dicen fuentes cercanas a la ONCE, los que rigen una situación laboral precaria con un 30% menos de sueldo y la exigencia de la misma productividad y horarios.

La amenaza es el paso previo al cese de la actividad del vendedor. “Estimado Sr: Hemos analizado las cifras medias de venta alcanzadas por Vd. en los últimos meses, y hemos constatado que se encuentran muy por debajo del mínimo obligatorio pactado en el Convenio Colectivo”. Así reza la carta que es enviada desde la ONCE a aquellos trabajadores que venden cupones por una cantidad menor que los 210 euros por jornada de trabajo que establece el Convenio Colectivo. Una práctica que, según afirma la asociación PUEDO, se desarrolla desde el año 2012. En la carta se avisa al trabajador que ha tenido unas ventas mensuales por debajo del mínimo establecido por la ONCE durante dos meses: “El artículo 67.c.8 del Convenio Colectivo califica como falta muy grave […] la venta sistemática por debajo del Mínimo Mensual de Ventas fijado en el artículo 47 del XV Convenio Colectivo de la ONCE, durante un período de dos meses consecutivos”. Acto seguido la ONCE reclama al vendedor “una mayor atención en su trabajo, a fin de que su rendimiento mejore significativamente en el futuro”. De no ser así, la ONCE se reserva la opción de “adoptar las medidas disciplinarias por falta muy grave previstas en el vigente Convenio”. El XV Convenio Colectivo se publicó en marzo de 2015 en el BOE y en él se establece como mínimo de ventas exigible a cada vendedor.

Convenios polémicos y discriminatorios
Desgraciadamente, para la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para los sindicatos UGT y CCOO (que respaldan los Convenios Colectivos), y, como no, para los trabajadores de la ONCE, este decimoquinto Convenio no ha sido el único que se ha visto envuelto en la polémica en los últimos años. El anterior, el número 14 fue suscrito a finales del año 2009 entre la ONCE y UGT y fue demandado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO). Un Convenio que afecta a un total de unos 25.500 trabajadores y que ha sido impugnado por varios motivos.

Una de ellas es que la suscripción por la ONCE de un seguro de robo y expoliación para sus vendedores se incluye dentro del capítulo de acción social como otras acciones sociales en el Estatuto de los Trabajadores. Cierto es que la ONCE asume íntegramente el coste de la suscripción de la póliza de seguro y que esto “implica un coste o gasto que redunda dando cobertura a los trabajadores de riesgo y además desligando su quehacer laboral de la tensión propia del alto riesgo de robo o expoliación en el que su situación de minusvalía los coloca”.

Por otro lado, se crea bastante controversia en torno a las diferencias salariales basadas en la promoción profesional del trabajador en razón a la permanencia en el puesto de trabajo. Estas diferencias quedan claras en las tradicionales clasificaciones de ‘ayudante’, ‘oficial’ y ‘oficial de 1ª’, pero como ya se dijo anteriormente, hay que valorar la pérdida de calidad de los contratos de la ONCE. En este sentido, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dispone que “queda acreditada una justificación objetiva y razonable fundada en el fortalecimiento de la formación que sea progresivamente mejor y más competitiva con los productos de juego comercializado por el Estado y la diferenciación de ‘junior’ (o en fase de aprendizaje) con el ‘sénior’ (trabajador experto) se liga no a un tiempo fijo sino al momento en el que, sin superar el tope máximo de tres años, el trabajador acredita el conocimiento necesario para un desarrollo idóneo de su trabajo, o lo que es lo mismo el tiempo no es la condición sino que lo es el alcanzar la formación requerida y exigible para el desempeño de su función”. Es ahí, precisamente, donde la ONCE se reserva la capacidad de decidir quién tiene un contrato ‘junior’ y quien uno ‘sénior’, optando por incrementar el porcentaje de los primeros dado su menor coste para la Organización y limitando los segundos a través de la política leonina de ventas y amenazas por no cumplir los mínimos.

Dice PUEDO que “hoy la ONCE fomenta la selva en la venta, fuerza sobre todo al personal contratado temporalmente a que venda los siete días de la semana, no se ponen límites al número de horas diario, se posibilita y fomenta que se venda durante las vacaciones, a pesar de conculcarse el Estatuto de los Trabajadores, contrata a tiempo parcial, a veces con mitad de jornada a los vendedores, para reducir su salario a la mitad y en la práctica lucrarse de que realizan jornadas muy por encima de la establecida contractualmente”. Todo ello lo permite un Convenio Colectivo que se asemeja más a una declaración de guerra abierta ya que para conseguir las comisiones sobre las ventas se permiten las prolongaciones voluntarias de jornada, habiendo casos de vendedores que con jornadas de cuatro horas, trabajan doce.

También es impugnado, por su incumplimiento, el punto en el que el Convenio Colectivo establece que “en ningún caso estarán los Comités de Empresa conectados a la red corporativa interna, buzón de correo electrónico de la ONCE, ni a recursos informáticos análogos”. La Agencia Española de Protección de Datos propuso en 2008 una sanción a la ONCE por importe de 600.000 euros por haber permitido, por omisión, que un delegado sindical hubiera filtrado datos, obtenidos en la red de otro delegado sindical.

El XIII Convenio Colectivo
Decía el órgano de comunicación de la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE (PUEDO) que el XIII Convenio Colectivo, firmado a finales de 2005, completaba “un panorama que para todos los trabajadores representa pérdidas cuantitativas y cualitativas, que en algunos casos dan al traste con logros históricos en la negociación colectiva, que ha superado ya los veinte años en la ONCE”. Un convenio que, de aquellas, afectaba a más de 25.000 trabajadores y que estuvo marcado por el acuerdo que en 2004 subscribieron los, por aquel entonces, ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana y presidente del consejo general de la ONCE, Miguel Carballeda. Un acuerdo para mejorar los mecanismos de cooperación entre Gobierno y ONCE, así como para facilitar un avance en los juegos que puedan comercializarse, pero que finalmente se saldaba con “una subvención en euros contantes y sonantes por las pérdidas de ventas”.

Los recortes y desventajas de los que alerta PUEDO en el XIII Convenio Colectivo pasan por la primera congelación salarial en la historia de la ONCE para el 2005, el incremento garantizado de tan solo el IPC previsto del 2006 al 2008 o la desaparición del complemento por incapacidad temporal, que se había mantenido invariable desde el primer convenio. Esto supuso penalizar las bajas por enfermedad que traen su causa normalmente en patologías más graves, justificando así la larga duración de la incapacidad temporal, además de igualar las condiciones de trabajo de los vendedores de calle y de quiosco cuando no es así y el riesgo de enfermedad varía. La retribución por ventas es modificada también, suprimiendo las primas por productividad para pagar con comisiones sobre venta la recaudación mensual obtenida.

Dice PUEDO que “lo firmado en materia salarial y de complemento por Incapacidad Temporal es verdaderamente perverso, y reabre, sin duda, el enfrentamiento entre vendedores y no vendedores al establecer que el crecimiento salarial queda vinculado al incremento de las ventas y que la recuperación del complemento por IT se condiciona, a su vez, a la reducción del actual 11% de absentismo por causas médicas a un utópico 4,5%”.