OpiniónPLUS

Hemos visto últimamente una avalancha de propuestas y proposiciones parlamentarias, mediáticas y de todo tipo que surgen de las formaciones políticas y de sus portavoces en distintos foros en torno a los juegos de azar en España y la mejora de su regulación...

El pasado 20 de Junio a las 24:00 terminaba la vigencia del oficial estado de alarma después de 98 días, y mucho se ha hablado acerca de las pérdidas humanas, y de la dificultad de su cuantificación, territorial y total. También de las graves consecuencias económicas de todo orden cuyas controversias se están trasladando a la saturada vía judicial española, siempre lenta e imprecisa...

Vale para todo y para todos.

Vale para satisfacer a los operadores de juego de las ansias de venta de sus juegos, desde los juegos y apuestas online, hasta las loterías estatales.

Vale en sus contenidos para reforzar la satisfacción del “jugador”, para quien el juego es un amante, imprevisible, caprichoso, que hace que tiemble de deseo (Luis Díez y Daniel Díez: “Jugad, jugad. Malditos”2020 )...

Con la aprobación del Decreto Ley 23/2020, de 9 de Junio (D.O.G.C de 11-6), de Cataluña, se despejan preocupantes dudas que asaltaban a muchos empresarios de juego en  su obligación de pago del tributo especial aplicable a las máquinas de juego autorizadas en esta Comunidad Autónoma. Ya advertíamos en un comentario anterior (Vease enlace) que la bonificación aprobada en el artículo 5 del anterior Decreto Ley 11/2020, tramitado urgentemente ante la situación de crisis sanitaria del estado de alarma, resultaba altamente confusa en cuanto al cálculo de la cuota, pero también en cuanto al momento de presentar la autoliquidación y pagar. De forma casi profética, adelantábamos que en caso de prolongarse el estado de alarma hasta el 21-6 (cosa que finalmente ha ocurrido con exactitud), la cuantificación y gestión del pago resultaría poco menos que imposible de entender. Incluso se habían conocido últimamente varias interpretaciones y circulares que corrían por los despachos tributarios de la Generalidad tratando de solventar este problema. Así que ahora se aclara definitivamente la cuestión para las cuotas fijas trimestrales sobre máquinas de juego en el nuevo Decreto Ley:

• La cuota del primer trimestre no se modifica (se queda en 1.004 € para las máquinas de tipo “B” ordinarias) y el plazo para pagarla concluye el 7 de Julio próximo.
• La cuota del segundo trimestre se bonifica al 100% (pasa a ser “0” para todas las máquinas), y en consecuencia solo se presentará la autoliquidación “0”, del 1 al 20 de Septiembre.
• La cuota del tercer trimestre se bonifica un 10%  (pasa a ser de 903,60 € para las máquinas de tipo “B” ), y el plazo de presentación y pago, también del 1 al 20 de Septiembre.

Por otro lado, en el caso de la tributación especial sobre el juego del bingo, con tipo tributario proporcional al importe de los cartones jugados, se acuerda que para los cartones suministrados a las empresas en Febrero, Marzo y Abril, el período de pago será entre el 1 y 15 de Julio próximo. Por último, en el caso de la tasa aplicable sobre los juegos de mesas en casinos, proporcional esta vez a las ganancias de juego, el pago correspondiente a la base del primer trimestre se autoliquidará del 1 al 20 de Julio. Con ello creemos que se clarifican y fijan definitivamente y sin ninguna duda las cuotas y los plazos de pago de estos tributos especiales.

El pago

Ahora viene lo más difícil, asumir el pago, y pagar todas las deudas tributarias, en un contexto de incertidumbre empresarial y oscuras  perspectivas de negocio en los próximos meses, cuando todavía ni siquiera están abiertos muchos de los locales de juego de los diferentes juegos, y no se sabe cómo reaccionará la clientela en el estado de “nueva normalidad”. A los empresarios les queda, todavía, una serie de “cartuchos” tributarios al respecto: la posibilidad de solicitar aplazamientos o fraccionamientos de pago individualizado de las respectivas deudas; y por otros lado, en cuanto a las futuras deudas por tasa de cuota fija de máquinas, la posibilidad de solicitar la “suspensión temporal de las autorizaciones”, (antes del 1 de Julio) aún asumiendo que en Cataluña se pueden extender a un máximo porcentual del parque total  en explotación. A la “sabia” decisión adoptada por el Parlamento catalán, cabe corresponder con alguna otra “sabia” decisión empresarial, siempre esperable de los ya antiguos y civilizados pueblos mediterráneos.  Cipselo de Corintio relataba una de las más antiguas reacciones tributarias que se conocen, la del pueblo griego ante las reiteradas imposiciones fiscales por parte de los tiranos: según se recoge en los textos, los ganaderos a los que se imponían sucesivos gravámenes sobre las mismas cabezas de ganado, e imposibilitados de asumirlos, prefirieron ofrecer los rebaños en sacrificio a los dioses, incinerándolos en la plaza pública, con la exención tributaria consiguiente. (“Mitos y paradojas de la Justicia Tributaria”, L.Einaudi”) A veces, la historia se repite. Desde Madrid, a 11 de Junio de 2020 Carlos Lalanda Fernández. Loyra Abogados mpresarios de juego en  su obligación de pago del tributo especial aplicable a las máquinas de juego autorizadas en esta Comunidad Autónoma. Ya advertíamos en un comentario anterior (Vease enlace) que la bonificación aprobada en el artículo 5 del anterior Decreto Ley 11/2020, tramitado urgentemente ante la situación de crisis sanitaria del estado de alarma, resultaba altamente confusa en cuanto al cálculo de la cuota, pero también en cuanto al momento de presentar la autoliquidación y pagar. De forma casi profética, adelantábamos que en caso de prolongarse el estado de alarma hasta el 21-6 (cosa que finalmente ha ocurrido con exactitud), la cuantificación y gestión del pago resultaría poco menos que imposible de entender. Incluso se habían conocido últimamente varias interpretaciones y circulares que corrían por los despachos tributarios de la Generalidad tratando de solventar este problema. Así que ahora se aclara definitivamente la cuestión para las cuotas fijas trimestrales sobre máquinas de juego en el nuevo Decreto Ley:

• La cuota del primer trimestre no se modifica (se queda en 1.004 € para las máquinas de tipo “B” ordinarias) y el plazo para pagarla concluye el 7 de Julio próximo.
• La cuota del segundo trimestre se bonifica al 100% (pasa a ser “0” para todas las máquinas), y en consecuencia solo se presentará la autoliquidación “0”, del 1 al 20 de Septiembre.
• La cuota del tercer trimestre se bonifica un 10%  (pasa a ser de 903,60 € para las máquinas de tipo “B” ), y el plazo de presentación y pago, también del 1 al 20 de Septiembre.

Por otro lado, en el caso de la tributación especial sobre el juego del bingo, con tipo tributario proporcional al importe de los cartones jugados, se acuerda que para los cartones suministrados a las empresas en Febrero, Marzo y Abril, el período de pago será entre el 1 y 15 de Julio próximo. Por último, en el caso de la tasa aplicable sobre los juegos de mesas en casinos, proporcional esta vez a las ganancias de juego, el pago correspondiente a la base del primer trimestre se autoliquidará del 1 al 20 de Julio. Con ello creemos que se clarifican y fijan definitivamente y sin ninguna duda las cuotas y los plazos de pago de estos tributos especiales.

El pago

Ahora viene lo más difícil, asumir el pago, y pagar todas las deudas tributarias, en un contexto de incertidumbre empresarial y oscuras  perspectivas de negocio en los próximos meses, cuando todavía ni siquiera están abiertos muchos de los locales de juego de los diferentes juegos, y no se sabe cómo reaccionará la clientela en el estado de “nueva normalidad”. A los empresarios les queda, todavía, una serie de “cartuchos” tributarios al respecto: la posibilidad de solicitar aplazamientos o fraccionamientos de pago individualizado de las respectivas deudas; y por otros lado, en cuanto a las futuras deudas por tasa de cuota fija de máquinas, la posibilidad de solicitar la “suspensión temporal de las autorizaciones”, (antes del 1 de Julio) aún asumiendo que en Cataluña se pueden extender a un máximo porcentual del parque total  en explotación. A la “sabia” decisión adoptada por el Parlamento catalán, cabe corresponder con alguna otra “sabia” decisión empresarial, siempre esperable de los ya antiguos y civilizados pueblos mediterráneos.  Cipselo de Corintio relataba una de las más antiguas reacciones tributarias que se conocen, la del pueblo griego ante las reiteradas imposiciones fiscales por parte de los tiranos: según se recoge en los textos, los ganaderos a los que se imponían sucesivos gravámenes sobre las mismas cabezas de ganado, e imposibilitados de asumirlos, prefirieron ofrecer los rebaños en sacrificio a los dioses, incinerándolos en la plaza pública, con la exención tributaria consiguiente. (“Mitos y paradojas de la Justicia Tributaria”, L.Einaudi”) A veces, la historia se repite. Desde Madrid, a 11 de Junio de 2020 Carlos Lalanda Fernández. Loyra Abogados VISITAR WEB OFICIAL LOYRA ABOGADOS

El REAL DECRETO LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO [1]  publicado en el BOE de hoy deroga expresamente el art. 37 del  REAL DECRETO LEY 11/2020 [2] , que establecía una prohibición casi absoluta - salvo franja horaria de 1:00 a 5:00 h de la madrugada- de la actividad públicitaria de las loterías y juegos y apuestas online, con motivo de la situación especial ocasionada por el estado de alarma, y la crisis del Covid 19...

A propósito de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid 19, se publica hoy la Orden SND/507/2020, de 6 de junio (B.O.E. del mismo 6 de junio), que atiende a la modificación, una más, de otras anteriores que regulaban las Fases 2 y 3 del Plan para la desescalada...

Tras los recientes debates, votación y aprobación en las Cortes Valencianas de una nefasta Ley de Juego, se le añade una conducta del PSPV que persigue dejar una “cicatriz” social en algunos compañeros del hemiciclo por, simplemente, pronunciarse en contra o abstenerse. Lamentablemente, muchos políticos sufren esas artimañas que olvidan los valores esenciales para una convivencia pacífica. Como riesgo de su oficio, deberían dominar las oportunas técnicas de prevención para mantener saludable su ecosistema...

Este lunes se vota, de forma ponderada, la reforma normativa del juego en la Comunitat Valenciana como uno de los textos relevantes del Acord del Botànic. Entre sus firmantes, el juego “es un peligro”, es una urgencia porque “la adicción al juego es la nueva heroína", “han escuchado [pero desoído] a todos los sectores” y pretenden “proteger la posición del débil, la de la persona jugadora, frente a la posición dominante de la persona organizadora, de forma que las condiciones de la práctica del juego sean claras y controladas" e incidir en los menores de edad "frente a la ludopatía y el juego descontrolado". Su particular realidad ideológica supera la ficción sectorial más fatalista...

En un reciente comentario analizando Fases y Términos de las medidas para la reanudación de las distintas actividades económicas suspendidas por el RD 463/2020 que implantaba el actual estado de alarma, dejábamos para una fase posterior a la Fase I la posibilidad de reapertura de locales con actividades de juego, a excepción de los puntos de venta de loterías de SELAE y de la ONCE, que ya se permite la primera...

Entre otras muchas cosas que se ponen estos días sobre el tapete profesional, está la cuestión de las rentas del alquiler de los establecimientos mercantiles que han de permanecer cerrados por suspensión gubernativa obligada con ocasión del estado de alarma por causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Más allá de las medidas que en un principio se publicaron sobre los arrendamientos para vivienda, en el primer Real Decreto Ley 8/2011, en el RD Ley 15/2020 de ayer 22-4 (y ya llevamos 8), ahora aparecen en un lugar estelar las dedicadas a los arrendamientos de establecimientos mercantiles arrendados: artículos 1 a 5, además en la primera posición de la Exposición de Motivos. Una gran parte de locales a los que se impone la suspensión de actividades en el Anexo del RD 463/2020 que declaró el estado de alarma (entre los cuales están todos los de juegos excepto los Puntos de venta de loterías de SELAE) están en situación arrendaticia, y sus titulares deben estar altamente preocupados sobre cómo afrontar todas sus obligaciones empresariales y, claro, qué hacer respecto a las obligaciones arrendaticias.

Introduciendo dudas

El edificio constitucional español incluye a la propiedad privada como una sus las bases de soporte, y de ahí que, cuando sea analizan en vía constitucional supuestos dudosos donde entran en juego intereses contrapuestos, el Tribunal Constitucional suele conceder a la garantía de la propiedad privada la máxima prioridad. Existe todo un Derecho Especial de Arrendamientos urbanos, que incluye los arrendamientos de locales comerciales o de negocios, donde también se protege la posición de los arrendatarios, pero sustentado en buena parte en los privilegios procesales del arrendador a través de los también especiales procedimientos judiciales de desahucio, que no tratan de las controversias de los contratos de arrendamiento, sino de la desposesión de los inmuebles objeto de arrendamiento. Un procedimiento judicial muy tradicional, acotado, sumario y analizado hasta la saciedad por la Jurisprudencia y la doctrina. Cuando ha sido necesario en estos días cesar en la actividad de los locales arrendados, algunos han sustentado que, en estas circunstancias, se hace necesario modificar las obligaciones contractuales de los contratos de arrendamiento de locales, y en particular la de pago de la renta pactada, que incluso debería “suspenderse” (más claramente, “suprimirse”), en tanto dure el citado estado legal de alarma. Unas veces por falta de profundidad, y otras por deformación profesional, algunos están llegando a sostener que quienes deben soportar las cargas del vigente cierre legal, son los arrendadores propietarios, alegando la aplicación de un viejo aforismo latino, “rebus sic stantibus” , sobre el que se está escribiendo mucho estos días. Esta expresión, o “latinajo” que dirían algunos, condensa la idea de que todos los pactos y contratos, no solo los del arrendamiento, se entiende que valen siempre que el régimen bajo el que se acordaron se mantenga en pie. De hecho, han sido numerosos los informes que se han publicado sobre este tema en los últimos días por abogados, magistrados, e incluso se ha lanzado una propuesta sobre modificación urgente del Código Civil para incluir una formulación más precisa de esta cláusula (que no está en el Código, es un concepto jurisprudencial y doctrinal).

Despejando dudas

Pues bien, la Exposición de Motivos del RD Ley viene a despejar la principal duda, describiendo precisamente que la “voluntad del legislador” (mejor, del Gobierno que legisla mediante Decreto Ley) es que esta situación no es equivalente a una causa de fuerza mayor o equivalente que permita excluir el pago de la renta; y que las medidas adoptadas son precisamente equivalentes a la cláusula latina. Curioso, porque es como si el Gobierno se arrogara las funciones de “intérprete” del Código Civil, o sea, la función propia de los Jueces y tribunales. Como dice un compañero de tareas, una especie de “interpretación auténtica” de estas figuras para estos contratos, dejando claro que el estado de alarma, y el mandato estatal ordenando el cierre de los establecimientos no afecta a las obligaciones de pago del arrendatario. Siendo esta la premisa principal, se concede no obstante a continuación que sí afecta a la economía de los arrendatarios, porque inmediatamente establece cuáles son las medidas, incluidas en el Artículo 1 y 2, que afectan legalmente a las condiciones contractuales arrendaticias, estableciendo un esquema de soluciones remedios muy precisos y limitados. El esquema conceptual aprobado por el RDLey viene a discurrir de la siguiente forma:

• Pónganse de acuerdo ambas partes para modificar la cuantía o el aplazamiento de pago de las rentas de alquiler exigibles en este período excepcional en el que nos encontramos.
• De no llegarse a ningún acuerdo, el RDLey impone al arrendador el aplazamiento de pago, siempre que el arrendatario lo haya solicitado, claro. A continuación, veremos cuales son las modalidades de este aplazamiento y algunas dificultades interpretativas que se plantean.

En definitiva, desplazando al arrendador una parte de las cargas derivadas del estado de alarma, pero solo las financieras, no las demás. Todo esto, como siempre, mientras un Juez o Tribunal no admita o decida otra cosa, a más largo plazo. Pues ellos serán los que en cada reclamación y en función de lo alegado y probado por las partes determinen la justicia del caso concreto.

Modalidades de aplazamiento

Las medidas de aplazamiento del pago de las rentas que el RDLey que se aplicarían son de dos categorías:

• Las más intensas, para los “grandes arrendadores” siendo estos tanto las empresas públicas o privadas dedicadas a este objeto empresarial como los particulares titulares de más de 10 inmuebles urbanos (número que no incluye trasteros o plazas de garage). En esta primera categoría, a falta de acuerdo, se aplica automáticamente un aplazamiento de las rentas que se deban pagar durante el estado de alarma, e incluso aún levantado, con un máximo de 4 mensualidades. Las rentas así aplazadas deberán prorratearse en los pagos a realizar en los 2 años posteriores a las 4 aplazadas.-
• Las menos intensas, para los “pequeños arrendadores”, de menos de 10 inmuebles alquilados. En esta categoría el aplazamiento siempre requiere acuerdo y no se refiere a los plazos y rentas previstas en las mensualidades, sino – habrá que deducir pues el RDLey no lo dice expresamente – al máximo del importe que está garantizado en las fianzas que deberían estar depositadas cunado se suscribió el contrato, a favor de los arrendadores en los organismos autonómicos correspondientes (que suelen ser de 2 mensualidades de renta), a los que podrá el arrendador dirigirse con el acuerdo y pedir su devolución por el importe aplazado- esto último también hay que deducirlo pues el RDley tampoco lo dice expresamente-. Las rentas así aplazadas no requieren un pago o redistribución ulterior, sino que debe restituirse la fianza disminuida a su valor actual, en el plazo máximo de un año desde el acuerdo. Se trata, por tanto, de un “aplazamiento de hecho”, pero por otra vía.

Se establecen algunas condiciones: sólo pueden acogerse a este beneficio los autónomos o PYMES (según están definidas en la Ley de Sociedades de Capital);  y además debe aportarse un certificado de la AEAT de “cese” en la actividad o alternativamente una declaración de disminución de ingresos de más del 75% en el período de situación excepcional; y en ambos casos se alude a la necesidad de acreditarse también formalmente por el arrendatario una solicitud y propuesta de acuerdo dirigida al arrendador en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del RDLey, o sea, hasta el 22 de Mayo de 2020.

Consecuencias de “acogerse a la Ley”

 En caso de cumplirse los requisitos y condiciones señaladas, se produciría “automáticamente” una modificación legal de todos estos contratos (distinta al reconocimiento legal de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”), en cuanto a que las obligaciones de pago de las rentas quedarían modificadas en los términos de aplazamiento indicados. Así pues, adquiere importancia capital:

• Intentar, ante todo, acuerdos entre las partes, que excluirían e impedirían las modificaciones “automáticas” del Decreto Ley. Estos acuerdos pueden incluir quitas, aplazamientos distintos a los que impone la Ley, y otra clase de pactos adicionales o concurrentes.
• En caso de no llegarse a estos acuerdos, los arrendatarios que pretendan acogerse a las ventajas del Decreto Ley deben cumplir escrupulosamente las condiciones formales que se imponen.

Conviene decir que, una vez llegados los acuerdos pactados o las modificaciones legales obligatorias, las obligaciones de pago de rentas quedarían así novadas, y cualquier procedimiento de desahucio (por falta de pago de las rentas), solo podría sustentarse con referencia al incumplimiento de pago en los nuevos plazos pactados o impuestos legalmente por el RDLey. Así mismo, y de no haber renuncia a ello, seguiría siempre abierta la posibilidad de promover, para quien quisiera hacerlo, la acción modificadora del contrato en aplicación de la cláusula latina o, en los casos más graves, de resolución del contrato, acciones de incierto y discutido resultado en los que la prueba de lo que se alega, como es habitual, alcanzará una importancia transcendental. Para transitar estos caminos, adquiere relevancia la intervención asesora de los abogados en defensa de los intereses de cualquiera de las partes, que para eso estamos, y en evitación de litigios posteriores. Madrid, a 23 de abril de 2020 Área Inmobiliaria de Loyra Abogados VISITAR WEB OFICIAL LOYRA ABOGADOS