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La industria necesita prepararse para lo que está siendo y puede ser peor; una “inevitable” revisión restrictiva de la normativa y reglas del juego. Es hora de hacer una llamada al sector, a la industria en su conjunto, para comenzar los preparativos para lo que todo parece que ahora será una revisión "inevitable" de la legislación nacional, pasando por las normativas regionales y que va a ser trasversal afectando al presencial y el digital. No quepa la menor duda que tendrá lugar el efecto dominó...

El pasado jueves 28-11, “Día de acción de gracias” para el público norteamericano, culminaba en Madrid la última de una larga serie de medidas y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas españolas en limitación de nuevas autorizaciones para establecimientos y locales de juego...

En primer lugar, hemos de dejar algo claro que no tiene réplica: "El juego es una de las pocas actividades sociales que ocurre en casi todas las culturas y en todos los períodos de tiempo: a este respecto se puede decir que es prácticamente un fenómeno universal en las sociedades humanas" - Jan McMillen, the former director of the Australian Centre for Gambling Research...

Las últimas campañas mediáticas sobre el juego de azar en general (o mejor, las campañas “anti juego”) provocan una necesaria reflexión desde todas las perspectivas. Después de una primera racha de noticias infundadas, se pasó a introducir un argumentario en redes sociales, y luego en foros parlamentarios y asamblearios que arrastraron a discutir todo tipo de cuestiones, en muchos casos distorsionadas, por evidente desconocimiento de la realidad. Menores, ludopatía, repartos de impuestos, controles de admisión, publicidad del juego, famosos, enganchados, policía. Términos que componen un menú ciertamente apetitoso que, por último, ha pasado a ser “carne” de medios de comunicación. Es lo que vende. Amplía la audiencia o las entradas en web. Más y más redes sociales. Datos Más allá de cualquier análisis encendido, y con datos sobre la mesa, todo aparece como una completa exageración, que no resiste un somero análisis empírico…… lo que muchos, cargados de prejuicios, no quieren ver. Algunas líneas de datos básicos a tener en cuenta: Datos Sobre las actividades de juego. ¿al alza o a la baja?

1. La irrupción del juego online, antes y después de 2012 en que se legalizó, permitió acceder a los juegos de azar desde Pcs, móviles y tabletas, sin necesidad de acudir a locales públicos.
2. La irrupción de nuevas modalidades de apuestas, ya de desde 2008, pero generalizándose precisamente con las apuestas online a partir de 2012. En el ideario común, es difícil distinguir cifras y datos sobre las apuestas “físicas” en locales, de las apuestas online.
3. La introducción de nuevas tipologías de máquinas en establecimientos de juego, “salones de juego”, incluyendo los “corners” de apuestas. Se confunden salones de juego y locales de apuestas.

Todas las distorsiones numéricas que aparecen publicadas adolecen de un verdadero desconocimiento de los parámetros reales (o “aproximados”) de las 3 líneas anteriores, que revelan un incremento de la actividad empresarial. Lógico en nuevas líneas de negocio antes inexistentes. Sin embargo, otros subsectores de la actividad del juego en general arrojan cifras descendentes, como es el caso de los principales subsectores por su volumen: máquinas, bingos, casinos. Las loterías oscilan arriba o abajo, según productos y épocas, pero globalmente se mantienen. Datos Sobre los jugadores. Tradicionalmente había datos exactos sobre usuarios de bingos y casinos, y aproximaciones sobre los de máquinas de juego en salones de juego y en hostelería; todos ellos muy reducidos con respecto a la población total; y también sobre usuarios de loterías y quinielas públicas, mucho más generalizados. En el caso del juego online y su irrupción, los datos son exactos, centralizados, y a disposición inmediata de la DGJ (y de la AEAT, mediante el Convenio firmado por ambas), de manera que es posible llegara a un profundo análisis de sus composición y características. Por último, las cifras de “autoprohibidos” y de ludópatas han sido siempre consideradas “mínimas” y residuales, así como la de los menores que, eludiendo los controles más o menos efectivos, acceden al juego. Datos Sobre la importancia económica del sector del juego Varios de los parámetros “macro” constatan que estamos ante un sector de las siguientes características:

1. numerosas empresas, grandes y pequeñas, que son las ofertantes directas de juegos, pero también de numerosas actividades auxiliares y complementarias que generan o hacen posible un importante porcentual del PIB, En números globales se estima un 0,9 %.
2. tradicionales aportaciones tributarias excepcionales y específicas del juego nutren todas las arcas de las CCAA. En números globales, solo el juego privado aportó casi 1.100 M € en 2018.
3. Una evidente generación de empleos de toda naturaleza, cuantificados de forma más o menos aproximada. en números globales, casi 100.00 empleos directos, el doble contando indirectos.

Todo lo anterior conforma el “abc” de los datos del juego, sin el que es muy difícil tener una opinión fundada. Cuando se presentas los datos “micro”. Distorsiones de datos Muy pocos aluden a las categorías de datos anteriores, más allá de ciertas parcelas concretas, y es difícil “cruzar” unos con otros, y globalizarlos para establecer causas y efectos. Así que es necesario reforzar su divulgación, y su certeza desde todos los implicados. Las empresas deben hacer un esfuerzo adicional por ”aportar” sus propios datos a institutos o entidades de estudio y estadística, ayudando a centralizar y simplificar los resultados. Las Administraciones Públicas deben trabajar y “compartir” los datos que recaban de forma directa e incluso por obligación legal. Tanto las distintas Administraciones interventoras de los juegos como las tributarias, las autonómicas y las centrales. Incluso las sanitarias, sobre los afectados por ludopatías, son parciales o inexistentes. E incluso las recabadas en encuestas sobre jugadores problemáticos o aquellos con adicción, son insuficientes y defectuosas en su recogida y tratamiento analítico. Todo esto es, todavía, muy escaso, y deficitario. Los economistas y analistas de toda índole, e incluso comunicadores, por último, deberían esforzarse en sintetizar la importancia económica del sector. La creación de “Observatorios” o similares, públicos o privados es una de las iniciativas que se están abordando en este importante terreno. Remedios. ¿Es posible recuperar el “tiempo perdido” ante la opinión pública? Esto es solo una incógnita. Lo que tenga que hacer cada uno, que lo haga. Empresas (públicas y privadas) del juego. Un esfuerzo incrementado en el capítulo denominado “Juego Responsable”. Que es una de las manifestaciones del Responsabilidad Social Empresarial que se abre paso en todo el mundo a toda clase de empresas y actividades. Sin excluir de esta acción los departamentos dedicados a esta cuestión en SELAE o la ONCE. Responsables Públicos. Reguladores. La regulación del juego debe adaptarse a los tiempos y a la “lógica” (o sentido común.). Se están adoptando medidas de refuerzo de control de jugadores, y de prevención de excesos a todos los niveles. La publicidad del juego requiere un tránsito hacia donde siempre estuvo antes:  a la moderación. La limitación a la publicidad y a la promoción libre del juego online (este es jurídicamente su estatus actual) es una especie de clamor común solo exceptuado en algunos lejanos despachos decisorios de la operativa online, y en algunos más cercanos de cadenas, medios y entidades que son beneficiarios económicos de la exacerbada publicitación de ciertos juegos de azar. Responsables Públicos Ejecutores. Parlamentarios, Gobiernos, Servicios de juego, controladores varios de la actividad, e incluso psiquiatras conductuales de hospitales públicos. Zapatero a tus zapatos. Cada uno en sus políticas públicas debidamente sustentadas e informadas es de lógica y obligación que tienen una parte de tarea. Tienen más de 1.100 Millones de euros al año (los procedentes solo del sector privado), a su disposición para abordarlas. Es la recaudación de la Tasa Fiscal sobre el Juego, impuesto único y especial, con distintas manifestaciones. Utilícenlos. Alguien ha sumado orientativamente esta cifra desde la legalización del juego entendida como la normalización de una actividad ampliamente demandada por la sociedad. Y esta partida asciende a más de 30.000 millones de euros, a mí me parece que incluso más. La acción policial conjunta a nivel nacional realizada la semana pasada (denominada ARCADE) , y sus recientes conclusiones y datos, es una demostración palpable de que la acción controladora existe ya ordinariamente y sin alaracas, y de que estamos ante un producto de la exageración mediática. Resumen. Derecho, derechos y hashtags. La preocupación generalizada de empresarios que incluso ven asaltados sus establecimientos es lógica; aunque también, como siempre, está el Derecho. En una reciente acción de protesta en las calles de Madrid, los protestantes exacerbados criticaban que los funcionarios de policía previnieran daños a locales con su mera presencia en ellos. Esto es lo normal en un Estado de Derecho, a diferencia de épocas pasadas de saqueos y sacrificios humanos en las piras públicas. Lo mismo que el sometimiento de esta actividad a una prolija y abundante intervención administrativa en la actividad empresarial, después de su normalización allá por el año 1977 con la eliminación de su penalización atávica, que se extendió incluso a los jugadores hasta 1983. Que nadie se engañe: desde hace tiempo quedó descartada la posibilidad de una “expropiación generalizada” ni siquiera parcial, de las actividades y empresas de juego autorizadas, con la garantía en la Constitución y en las distintas Leyes del Ordenamiento Español. En la seguridad jurídica. En el ejercicio de los derechos y libertades, como el de jugar. Sin embargo, los remedios a las preocupaciones y temores actuales de todo un sector empresarial circulan más bien por la batalla de la imagen y de la comunicación en los tiempos que corren, más allá del enfoque jurídico que tiene aquí escaso margen. Hoy en día es más importante poner en circulación un buen “lema” o consigna en redes sociales (un simple hashtag en tweeter, como, por ejemplo, el construido sobre una frase que circulaba ayer: “#si no te gusta no entres “) que ganar un brillante recurso en los Tribunales. Sin perjuicio de acudir al Derecho, claro, cuando sea necesario. Para la protección de los derechos. Carlos Lalanda Fernández. Loyra Abogados. Madrid, 8 de Octubre de 2019.

El inicio del curso invita a sobrevolar sobre la paralizante situación política, por si algo puede extrapolarse a la materia en la que constantemente nos desenvolvemos: los juegos de azar. Un tertuliano de radio analizaba recientemente los retos y consecuencias de mantenerse el Gobierno en funciones, o pasar a ser un Gobierno pleno, aún en precario; y sintetizaba 4 ó 5 grandes temas sobre los que centrar las diferencias para la toma de decisiones, a corto plazo. Le sigo en su clasificación para proyectar lo propio en materia de juegos...

A veces se nos plantea si puede variar el resultado de un pleito o un recurso en función de los valores y subjetividad de los jueces que dictan la sentencia. Una reciente del Juzgado Contencioso Administrativo de Toledo nos permite acercarnos a este tema, coincidiendo que la materia a tratar es la de juego. Y nos sirve, de paso, para evidenciar la crisis mediática y de opinión que se ceba hoy en los establecimientos de juegos de azar, y en el juego en general. Y calibrar su influencia en la toma de decisiones en sede judicial. Objeto del recurso En el recurso que da lugar a la sentencia, se dirimía la validez de una sanción de 11.500 euros de multa, impuesta a la entidad titular de un salón de juego, por haber puesto en marcha “sin autorización”, un sorteo de los denominados “combinaciones aleatorias”, donde se ofrecía un premio (cuya cuantía no consta) a los clientes. Las papeletas se entregaban de forma gratuita a quien hubiera consumido más de 10 euros en ciertos productos en la hostelería del salón. Pero la sentencia presume que hay indicios de que las papeletas se conseguían realmente por quien había estado jugando 10 o más euros a las máquinas en el local. Tal conducta se consideró por el órgano sancionador y la propia sentencia lo confirma, una infracción muy grave de la Ley del Juego de Castilla La Mancha. Lo dice muy claro el fallo: “comisión de la infracción muy grave tipificada en el Art. 26 a) de la Ley  2/2013-,… consistente en la celebración de combinaciones aleatorias careciendo de autorización”. Pero … ¿qué autorización?  Las combinaciones aleatorias no requieren autorización del Estado ni de las Comunidades Autónomas. Un simple análisis de la moderna y avanzada Ley del Juego en Castilla La Mancha, que se cita en muchos foros como un ejemplo de originalidad y rigor técnico, nos confirma que dicha Ley no somete a autorización administrativa las combinaciones aleatorias, sino solo a “declaración responsable”, que efectivamente, el operador del juego había presentado. La citada Ley lo dice claramente en la Exposición de Motivos: ya la anterior Ley 4/1999, de 31 de marzo, del Juego de Castilla-La Mancha, había eliminado el requisito de la autorización al haberse traspuesto la Directiva Comunitaria Bolkenstein 2006/123/CE, de liberalización de servicios empresariales. Esto ocurrió en la Disposición Adicional Primera de la Ley Autonómica 7/2009 de 17 de Diciembre: “La organización y celebración de combinaciones aleatorias con fines publicitarios, las máquinas de tipo A o recreativas con premio y los salones recreativos, en el ámbito establecido en la Ley 4/1999, de 31 de Marzo, del Juego de Castilla La Mancha no necesitan autorización administrativa” ¿Cómo puede tipificarse y sancionarse entonces la falta de autorización administrativa, cuando esta autorización no es exigible? Siendo claro que algo se debe haber confundido o malinterpretado, debemos analizar un poco más a fondo las razones por las que el Juez ha optado por confirmar un imposible jurídico en el caso analizado. Las combinaciones aleatorias no son juegos de azar con dinero, sino meros instrumentos publicitarios. Por si acaso, nos parece oportuno repasar antes el bloque normativo que sustenta esta figura de las combinaciones aleatorias, que nos indica que se trata de verdaderos “sorteos gratuitos”, que otorgan un premio al ganador, financiado por quienes desean promocionar sus negocios. En alguna sentencia como la del TS de 5/10/1995, se calificó ciertamente como un “juego”, precisamente para determinar la competencia de la Comunidad Autónoma, y no del Estado, para regularlas, cuando tienen un ámbito territorial limitado a alguna de ellas. El Real Decreto Ley de 21/11/1929 el Gobierno de la época autorizaba los sorteos de las Cajas de Ahorro para fomentar los depósitos e imposiciones en estas instituciones. Ya en época más reciente y por tener el Estado y su Monopolio de Loterías el control sobre todo tipo de manifestaciones sorteísticas, y se sometían a su autorización (aunque nunca existió un Reglamento que como tales las regulara). El Derecho de los Consumidores se interesó por estos fenómenos, bajo la perspectiva de las promociones comerciales, y bajo la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista se contemplan bajo el epígrafe “Ventas con obsequio”; y también en la Ley 29/2009 de Competencia Desleal. Todas ellas para prevenir conductas engañosas frente a consumidores o terceros. Y lo mismo en la LSSI. Sin embargo, y la citada Directiva Comunitaria, y su trasposición a España elude su intervención administrativa precisamente por no requerir apuesta de dinero por parte del usuario participante. Siempre ha parecido de mayor interés para los poderes públicos la perspectiva recaudatoria sobre esta figura, que siempre han constituido la razón última de su intervención, y en lo general se impone una tasa consistente en un trocito del premio, originariamente un diezmo, un 10%. La Ley 25/2009 ya había derogado expresamente el régimen de autorización en el ámbito estatal, manteniendo el tributo; y La Ley 13/2011, de regulación del juego, excluye su aplicación a las combinaciones aleatorias que no requieren ni autorización, ni nada de nada … pero mantiene el hecho imponible que grava los premios de estos sorteos. De manera que no encontramos ninguna razón jurídica para sancionar la falta de una autorización que no puede el empresario solicitar, ni la Administración conceder. Las combinaciones aleatorias como forma de incentivar los juegos de azar. Por agotar el análisis, hay otra forma de ver la cuestión. Se ha discutido en algunos casos si, estando en presencia de una técnica promocional, o como se dice en la terminología de consumo, de la promoción de ciertos productos o servicios, es posible organizar combinaciones aleatorias que promuevan o incentiven precisamente los juegos de azar, lo que ha tenido diversas respuestas en el tiempo. Por ejemplo, en Aragón el recién publicado Reglamento de Rifas Tómbolas y Combinaciones Aleatorias 56/2019, que establece las condiciones y cuantías que pueden adoptar estos sorteos como forma de promocionar los locales de juego. El incumplimiento de su comunicación previa o no ajustarse a las condiciones detalladas, dice, constituye infracción grave. Y esto vale para Aragón. Una intervención adminstrativa en este sentido requiere que la norma delimite si se requiere una autorización “promocional del juego”, y con claridad, cuales son las consecuencias de esta falta de autorización (promocional, no de “juego”), lo que desde luego la Ley de Castilla Mancha no dice ni delimita. Así que, por esta vía tampoco veo que la imputación pueda sostenerse. ¿cuál es el motivo, pues, que decantó al juez tan injusto proceder? Motivos concurrentes y decisivos del fallo Los calificativos que emplea la sentencia para justificar lo injustificable son auténticas “perlas jurídicas” que pasarían a lo anecdótico si no fueran una desgracia para el sancionado, que siempre podrá decir que” le cayó un magistrado antijuego”. Transcribiré uno de los literales argumentos utilizados en la sentencia que decantaron la resolución: “……siendo especialmente reprochable que se haya realizado (la combinación aleatoria) buscando captar clientes que jueguen y no que consuman en la medida que ello puede contribuir a fomentar el juego adictivo en un lugar sensible frecuentado por gente muy joven. Al tratarse de un local ubicado en un centro comercial de gran afluencia, junto a otros locales de ocio sano, como Cines y restaurantes”. Toda una exposición de motivos (personales y subjetivos, pero no jurídicos) Ya pueden suponer los empresarios de juego sancionados por cualquier motivo en Toledo y que quieran recurrir, que una sabia medida será esperar al turno de reparto de asuntos, y en el momento que comprueben que recae en este Juzgado, desistir y salir corriendo. En Madrid a 24 de Julio de 2019 Carlos Lalanda Fernandez

REGULACIÓN DEL JUEGO PRIVADO - QUE, COMO Y CUANDO ??? Tanto tiempo hablando de regulación del juego en Brasil que uno ha de ser escéptico por defecto. No obstante si de verdad en un futuro se ha de afrontar una normativa que normalice la actividad del juego privado en Brasil se ha de hacer bien, porque todo este tiempo ha posibilitado conocer que se ha hecho en otros países y cuáles han sido los formatos que han tenido éxito y los que han fracasado. En estas últimas semanas se ha acentuado el debate y aparecen iniciativas, que no por novedosas incrementan las expectativas. Y es que en los últimos 2 años hemos conocido decenas de movimientos, ante proyectos, debates, borradores aprobados en comisión; todos han terminado en una vía muerta o aparcados sinedie. Por lo tanto se de ha de desarrollar una normativa que cumpla con la demanda para traer al mercado regulado el ingente volumen de juego ilícito existente y sobre el cual la administración o las administraciones no parece que hayan tenido éxito en controlar y erradicar. Debe ofrecerse una variedad de producto y contenidos completa en todos los canales, presencial y digital, racionalizando su implantación, porque no por cantidad se consigue una mejor respuesta. La oferta ha de ser ajustada a las necesidades y objetivos que no deben ser otros que el juego privado esté basado en una normativa y proceso transparentes, exigente en cumplimiento para defensa de operadores, administración, protección y garantía de los consumidores. Además de la oferta completa y equilibrada, debe haber exigencia en requisitos, transparencia y objetividad de la administración, aplicando una fiscalidad también ajustada que permita una actividad sostenible que absorba el mayor volumen de la demanda de juego del país, ahora ilegal y que se ha de trasladar al mercado regulado. Esto que suena a proclama o discurso de intenciones; y seguro que cualquier lector dirá que son condiciones demasiado obvias; no lo son tanto en la práctica, porque las administraciones, (reguladores), en su afán de castigar la regulación de una actividad que saben estigmatizada, terminan por incumplir todas o muchas de las premisas que se han dicho anteriormente. Y no me pregunten porque, ya que seguro que muchos de los asesores o consultados han recomendado estas o similares condiciones mínimas para que una normativa de juego cumpla sus objetivos. Otro aspecto a resaltar cuando se expresan las razones por las que el juego ha de ser regulado, son las del crecimiento económico o creación de empleo, casi siempre exagerado, lo que tiende a crear expectativas que no se ajustan a lo que la actividad puede dar se sí, algo que no es necesario utilizar como justificación, porque en un mercado como el de Brasil se debe tener como objetivo principal la de conseguir erradicar y trasladar a un entorno regulado y controlado, una actividad que tiene una magnitud de miles de millones de dólares sin control para ninguno de los incumbentes; administración, hacienda y consumidores. El juego privado ya existe en Brasil y se está llevando a cabo de manera incontrolada en todos los aspectos, a pesar de una prohibición que decenas de años no ha impedido que se lleve a cabo, así que en algún momento las autoridades responsables se darán cuenta que seguir el debate de años; de si o no y como; no lleva a ninguna parte si no a consolidar aquellos que llevan a cabo la actividad de juego ilícito con total impunidad. “O jogo privado já existe no Brasil e está sendo praticado de maneira descontrolada em todos os aspectos, apesar de uma proibição de dezenas de anos, não há impedido que se opere, assim que algum momento as autoridades se darão conta que seguir o debate de anos, de sim ou não e como; não leva a nenhuma parte a não ser a consolidar aqueles que já operam o jogo ilícito com total impunidade”. El juego debe tratarse como una actividad normal, que la sociedad consume de una manera natural, teniendo en cuenta todas precauciones y aspectos que han de ser controlados, supervisados y habilitando una actividad racionalmente normatizada para que cada uno cumpla las exigencias y lleve a cabo una función de debe aportar beneficios a todos los implicados, algo que ahora no sucede. No se trata de aprobar un número mínimo de casinos de juego o un reparto jurisdiccional por departamentos o estados; se han de instalar éstos donde sea comercialmente aconsejable y dejar que la iniciativa privada determine sus características, dimensión y contenido de la oferta; lo mismo sucede con las salas de bingo, su instalación racional debe prevalecer sobre un reparto más o menos proporcional; de nuevo las características de la oferta y contenidos, ubicación y demás debe ser de acuerdo con los intereses de los operadores; de igual modo con las salas de juego si se autorizan; por otra parte, una estructura bien desplegada de las casas de apuestas, bien de manera aquellas de producto exclusivo, o las ubicadas en otros establecimientos de juego; deben estar sometidas a los criterios de negocio de las empresas operadoras sometidas a la legislación que se establezca. Exigir condicionantes que no permitan la sostenibilidad de los negocios tienen el efecto contrario de una regulación. Y respecto de los canales digitales, el juego y apuestas online, debe establecerse una normativa sostenible consistente en una oferta y contenidos completa y competitiva.... porque en Brasil ya se juega mucho en los canales digitales con una oferta offshore sin garantías ni beneficio más que para los ilícitos; tomando las medidas para impedir que siga la oferta ilícita una vez regulada la actividad. Y finalmente todo ello con una tasa impositiva sobre el juego que sea racional, que debe estar en una horquilla porcentual - dependiendo de cual sea el segmento de juego - con un tipo entre 10>15%; basado sobre los ingresos brutos de juego o GGR. Una tasa que permita absorber la inmensa mayor parte de la demanda, que las empresas puedan llevar a cabo un negocio sostenible, que es la mayor garantía para que la administración recaude el mayor volumen de impuestos.. Una tasa mayor no es garantía de mayor recaudación, esquilma el negocio y da al traste con las expectativas de ingresos tributarios. No se equivocaran mucho si aplican estas premisas, siempre y cuando la normativa sea seria y bien definida, la agencia responsable de la regulación y su cumplimiento muy seria, transparente, y refractaria a cualquier influencia externa que no se ajuste a la norma. El juego no debe tener ninguna duda de su transparencia en toda la cadena de valor, regulador, supervisor, operador y jugador; no se trata de aplicar solamente una política de juego responsable, si no ser responsable en aplicar una política de juego. Eduardo Morales Hermo  Director de INTELLIGENT GAMING COMPANY

En el discurso de investidura del presidente del Gobierno en funciones dijo lo siguiente: “La sociedad demanda, igualmente, que regulemos con valentía el juego, que se ha extendido de forma descontrolada en las calles de nuestro país, y en particular en los distritos con menos renta. Debemos actuar con rigor para prevenir la aparición de las ludopatías y fomentar, en definitiva, un ocio alternativo saludable”.

No caben confusiones, el juego ha perdido la batalla de la opinión pública. Ahora ha saltado a la arena de las decisiones políticas de la peor manera. Una coalición acéfala de asociaciones de afectados, profesionales y profesores de psicología que encuentran espacio en sus revistas profesionales exagerando la dimensión de la ludopatía, periodistas jóvenes que buscan temas polémicos que les hagan huecos en sus medios digitales o diarios y suplementos locales y altos funcionarios de servicios sociales o sanidad que buscan ampliar su radio de acción administrativa, han logrado la atención de los políticos y ha convertido el juego en un problema de salud pública. El detonante fue la inclusión del juego en el listado de adicciones sin sustancia de la Asociación Americana de Psiquiatría.

El sector del juego no ha sabido gestionar esta crisis de opinión pública. Puede creer que ha puesto medios para hacerlo, pero se engaña. Reaccionar no es tener una estrategia ni comprender lo que sucede. Sin entrar en detalles: no hay un plan reconocible para hacer frente a esta ofensiva (aunque se haya puesto dinero), ni hay una implicación real de muchos de los principales actores del sector.

Hay que hacerse a la idea de que a lo largo de esta legislatura o en la siguiente, la política va a tomar medidas para responder a la “demanda social” de regular “con valentía” el juego. Sería un problema que lo hiciera con el desconocimiento. Obsérvese que en el párrafo del discurso no hay separación entre juego online o presencial. Convendría no meterse en el burladero de las competencias autonómicas y de que el Estado sólo tiene competencias sobre el juego online. Obsérvese, también, que quien lo dice es el secretario general del PSOE, con su enorme poder territorial. Muchos dirigentes intermedios del PSOE (y de Podemos) van a ver en el juego un terreno de lucimiento personal.

Pero estas cosas requieren tiempo de maduración. El sector del juego debería aprovecharlo para enderezar su imagen. Lo primero, es que necesita una estrategia: ¿qué es eso en comunicación?

• Convertir al sector del juego en un emisor de información sobre sí mismo. Ha producido en estos años estudios convincentes, por ejemplo, sobre la verdadera dimensión del juego problemático, pero los ha comunicado de forma (muy) ineficaz (incluso contando con el aval universitario). El juego necesita comunicar regularmente, conseguir que los periodistas localicen a los portavoces del sector, que dispongan de un teléfono al que recurrir para contrastar. Emitir información interesante sobre sí mismo. Enrique Rosas, vicepresidente y portavoz de Anmare, lo explicó con precisión en Joc Privat.
• Un objetivo, difícil ahora, es llevar el juego a las páginas económicas, salir de las de sociedad. Se puede conseguir, pero hay que definir un plan para ello. El Anuario del Juego es el instrumento para ello, pero hay que utilizarlo con más convicción.
• Hacer lobby eficazmente. González Gago lo explicó en Valladolid toda claridad. En las decisiones sobre el juego cada vez intervienen más los responsables de servicios sociales y de sanidad (parte de la coalición acéfala descrita). El juego se ha conformado en estos años con llevarse bien con los responsables de Interior o Hacienda reguladores del juego, pero eso es insuficiente. No bastan entrevistas episódicas.
• Transmitir un verdadero compromiso por paliar los problemas que se atribuyen al juego, o sea, el juego problemático. Esto significa mantener los estudios anuales Juego y Sociedad (perdón, son míos, y de Carlos Lalanda) que permitan dar información puntual sobre el nivel de juego problemático en España: uno de los más bajos del mundo. Pero estos estudios se hacen para comunicarlos y emplearlos para hacer lobby.
• Mostrar un compromiso contra el juego problemático de todo el sector, o sea de los presidentes de las grandes empresas y de las patronales sectoriales y territoriales. El juego necesita con urgencia un Compromiso en mantener su vigilancia sobre el juego problemático, mantener a España entre los cinco países con menor tasa del mundo y, en caso descender de esa posición, tomar automáticamente medidas para dosificar la oferta de juego. O el juego muestra claramente su deseo de autorregularse o alguien lo regulará, y será peor. La presentación del próximo Anuario del Juego podría ser una buena ocasión.
• Nada de lo anterior será útil si se mantiene la presión publicitaria del juego online. JDigital debería sacar un Código de Autorregulación para moderar esta publicidad y sus mensajes. Esto ha sido la espoleta que ha hecho saltar el problema en estos meses.
• A medio plazo, el sector debería estar en condiciones de plantear a los Grupos Parlamentarios del Congreso y a los partidos una propuesta propia de regulación del juego online y presencial. Tal propuesta debería descender en cascada a comunidades y ayuntamientos.

Esto, al menos, es algo parecido a una estrategia (improvisada y surgida a “vuelatecla”) que se podría programar en un par de años. Propone medios, acciones para influir en la opinión pública, se impulsa por sí misma y no se basa en reaccionar y pretende llegar a un destino: proponer una autorregulación con un mínimo de credibilidad. Si el clima sigue como ahora, la regulación del juego la van a hacer los miembros de la coalición acéfala citada influyendo sobre los políticos y los altos funcionarios.

El juego debe ser consciente de que aunque ha pasado años de tranquilidad en la opinión pública, el agitado panorama social e información de nuestro país lo ha sacado esa placidez. La coalición acéfala dispone de una base social amplia compuesta por sectores de extrema izquierda y reaccionarios religiosos, sectores con una gran motivación para la movilización y creación de opinión. No conviene minusvalorar la capacidad de creación de opinión pública de este tipo de personas movidas por un objetivo monotemático que, en estos meses, se sienten capaces de lograr una victoria sobre las “fuerzas del mal”, o sea, el juego. Para estos sectores, es un paliativo de otras derrotas. 

Y ha entrado en una fase en la que esa derrota se puede concretar en restricciones a su actividad.

El Señor me lo dio… y el Señor me lo quitó, bendito sea el Señor (Job, 1,1) Se publica en el D.O.C.M. de 29 de mayo el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha  de 21 de Mayo, por el que se deja modifica la “planificación” en materia de establecimientos de juego para 2019, aprobada en el Acuerdo de 19 de Diciembre de 2017, manteniendo la de las máquinas de tipo B. Este Acuerdo preveía para los años 2018 y 20190 un cupo de 100 autorizaciones de máquinas de juego cada año, que se ha sustanciado normalmente. Y en cuanto a los establecimientos de juego, se difería a un concurso en cada año de los citados, para otorgar 10 licencias en cada año; en 2018, este concurso se convocó y concluyó sin grandes controversias, y el de 2019, todavía no convocado, se suprime. Antecedentes en Castilla La Mancha En un Comentario que hacíamos al citado Acuerdo de 2017 decíamos que la “planificación” de licencias de juego en Castilla La Mancha era una facultad reglamentaria conferida al Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha por la Ley del Juego de esta Comunidad Autónoma. La planificación de todo o parte de un sector empresarial es una institución que limita el ejercicio de la libertad empresarial, legítima en la cadena jurídica estructural de aplicación, pues si bien la libertad de empresa está recogida en el Art. 38.1 de la CE, y la libertad de prestación de servicios y la de establecimiento en el Ordenamiento de la UE, pueden limitarse correlativamente mediante planificación con base en el Art. 131 de la CE, y la Jurisprudencia del UE. En materia de juego, la facultad planificadora en materia de establecimientos de juego se suele recoger (por razones formales) en las Leyes Sectoriales del Juego, y es entendida como una limitación incluida dentro de las facultades interventoras de la empresa, una restricción al otorgamiento de autorizaciones que normalmente son regladas; y se establece otorgando las facultades de su ejercicio a los órganos ejecutivos de la Comunidad Autónoma respectiva. En Castilla la Mancha la autorización de establecimientos de juego está regulada y reglada en el Titulo IV del Decreto 85/2013, de 23 de Octubre, y el procedimiento de solicitud y otorgamiento se remite al Art. 69 y ss. al Título VI de la LPAC, hoy Título IV de la LPACAP, es decir, su solicitud es libre si nada lo coarta o limita. En materia de planificación, el Artículo 7 a) de la Ley 2/2013 del Juego y las Apuestas de Castilla La Mancha otorga al Consejo de Gobierno la facultad para planificar las actividades de juego, entendida como facultad de limitarlas. “a) Planificar los juegos y las apuestas fijando criterios objetivos respecto del número, duración e incidencia social por cada modalidad de juego.” Acuerdo, pero no Decreto Siempre se ha dudado si esta “limitación” ha de insertarse en el Ordenamiento mediante una norma reglamentaria o no. Esto es, si debe tramitarse como Disposición General o no es necesario que lo sea, lo que en Castilla La Mancha se traduce en que se adopte mediante “Decreto” o mediante “Acuerdo” del Consejo de Gobierno, que es lo que atribuye su Ley de Gobierno en uno u otro caso. La diferencia es importante, porque en el primer caso las garantías procedimentales son mucho más amplias, y requieren de una sucesión de trámites y requerimientos formales, que son innecesarias en los actos de carácter particular, aunque tengan destinatario plural. La Disposición Adicional Segunda de la Ley del Juego establece que las competencias reseñadas en los Artículos 7 y 8 (Consejo de Gobierno o Consejeros), deben ser desarrolladas “reglamentariamente”. Esta es una cuestión que hasta ahora no ha sido objeto de interpretación judicial, ya que en la mayoría de los casos en los que se ha producido esta limitación planificadora en materia de juegos de azar ha obrado mediante normas reglamentarias (excepto, casualmente, en Castilla la Mancha, y en la Comunidad de Madrid en materia de casinos, aunque últimamente así se califica en un Acuerdo del Consello de Galicia respecto a salones de máquinas de juego y locales de apuestas). Esta facultad es, pues, una facultad “reglamentaria”, y como tal debe ser elaborado el Plan: normalmente mediante Decreto que permitan garantizar toda clase de derechos, y, sobre todo, para contrastar las razones y motivos de una limitación que, reiteramos, se hace sobre un derecho subjetivo consistente en el desarrollo de una actividad empresarial lícita, inicialmente libre, y ampliamente regulada. La “planificación” no puede ser entendida como un capricho más o menos elaborado en la “voluntad” del Gobierno de turno, o adoptada con urgencia por otras razones.  Otra cosa distinta, que no es planificación, sino intervención urgente, es la suspensión o la prohibición del otorgamiento de nuevas licencias, que esto también lo hay. Y que requiere normalmente de una formalidad legal, no solo una Resolución o Acuerdo administrativo. Es lo que ha ocurrido, aludiendo a circunstancias de urgencia hace muy poco tiempo, p. ej., en Extremadura, a través de un Decreto Ley de la Junta. Así las cosas, ya decíamos que el Plan aprobado en Castilla La Mancha para 2018 y 2019, lo mismo que en otros casos en los que se han adoptado, mediante Acuerdo o Resolución, la limitación del otorgamiento de autorizaciones en materia de juego, en cualquier otra CCAA, no puede sostenerse formalmente. Modificación mediante otro Acuerdo Y ahora se “modifica” en su contenido correspondiente a 2019 mediante otro Acuerdo. Pero solo en lo relativo a los establecimientos de juego, “suprimiendo el cupo”, o sea, impidiendo cualquier nueva autorización, y de nuevo sin ninguna expresa motivación. Es cierto que en su Art. 2, el Acuerdo de 2017 preveía una posible modificación: “Durante el plazo señalado, la planificación podrá ser objeto de revisión, si se producen cambios sustanciales en las circunstancias socioeconómicas que se han tenido en cuenta para su adopción. En tal caso deberá elaborarse un estudio donde se recojan las nuevas circunstancias, que será dictaminado por la Comisión de Juego y Apuestas de Castilla-La Mancha.” Hay voces que aclaran que esto ya había sido tratado en la Comisión del Juego del 30 de Abril pasado, pero no aparece explicitado nada en la Resolución publicada en el boletín de hoy mismo. Todavía no se había desencadenado el procedimiento de adjudicación mediante concurso en 2019. Esto supone que, en la práctica, no hay “perjudicados directos”, y en consecuencia tampoco solicitantes que hubiera sido necesario indemnizar (por aplicación del principio de responsabilidad patrimonial de la Administración). En definitiva, en 2017 se acordó imponer una “planificación”, que no era otra cosa que una restricción de derechos, dando la posibilidad de otorgar solo 10 nuevas autorizaciones, posibilidad que ahora se elimina. Por razones “de fé”, como en la parábola del Santo Job. Lo que el Gobierno manchego díó en 2017, en 2019 lo quitó. Carlos Lalanda Fernández. Madrid, 29 de mayo de 2019 Carlos Lalanda Fernández. Madrid, 29 de mayo de 2019 VER ARTÍCULO WEB LOYRA ABOGADOS

Otro Informe más sobre el Juego a analizar.

Y esta vez del Defensor del Pueblo, cuyo titular (de la Nota Web) es radical y llamativo:

“El defensor del pueblo pide al gobierno que estudie la prohibición total de la publicidad del juego y las apuestas”.

¿Cómo llega el Defensor a esta Recomendación?  ¿es la única? ¿cuál es su transcendencia? ¿qué va a pasar? Si nos detenemos en el titular de la Web, que es lo que la mayoría del público lector hace, difícilmente llegaremos a saber lo que el Informe dice en realidad, que es mucho más amplio en materias y recomendaciones.

Incluso si se lee rápido, hasta podría deducirse erróneamente que el Defensor del Pueblo pide la prohibición del juego, cuando, además de otras muchas cosas, solo pide QUE SE ESTUDIE COMO UNA ALTERNATIVA POSIBLE, (NO PIDE QUE SE PROHIBA), y fundamentalmente lo hace en referencia a la PUBLICIDAD DEL JUEGO ONLINE. Hay otras muchas cosas que el titular, y la entradilla posterior desgranan, pero que quedan en muy segundo plano de atención

En muchos casos, el lector web suele quedarse, cansado, en los primeros resúmenes, titulares y entradas, y las redes sociales tienden a reproducir el mensaje cortado, incompleto, incluso con un ligero sesgo, produciendo a la larga una denominada “fake new”.

Así que nos interesa pasar al verdadero texto del Informe, y llegar a alguna conclusión más completa y sorprendentemente familiar. Este es el (link al Informe ), que todavía requiere pinchar otro link para acceder al texto completo por si alguien quiere rematar la tarea de informarse plenamente.

Razones por las que se emite el Informe

El proceso temporal seguido hasta la emisión del informe comenzó con una queja: la “queja número: 18018671” (a la cual no se tiene acceso). Desconocemos que sea una sola queja o un conjunto de quejas.

Después, la Oficina del defensor del Pueblo se puso en marcha en Diciembre de 2018, solicitando Información a dos Ministerios implicados, al Ministerio de Hacienda (Dirección General del Juego y al Ministerio de Sanidad, que remitieron varias Informaciones previas. En el primer caso, con base en el borrador (seguramente el último), del “Decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego y juego responsable” que lleva años en el “horno” del Gobierno; y en el segundo, con el reciente de Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024 y el Plan de acción sobre adicciones  2018-2020.

Afortunadamente conocemos ambos textos y sabemos lo que se dice en ellos, pues de lo contrario sería imposible discernir, con tiento, que es lo que realmente “Recomienda” el Defensor del Pueblo en su Informe.

En cuanto a las “cifras de jóvenes ludópatas”, que es la que parece erróneamente recabarse del Segundo citado, recordar que parten de un equívoco o sesgo no aclarado (o sea una primaria “fake new”), que es una Página Power Point de resumen que contiene un dato erróneo (advertido en un comentario más extenso sobre dicho estudio y su metodología (Véase un comentario sobre este tema en “Alguien tiene un Plan”. 4-11-2028)

Disquisiciones varias del Informe. Tareas que ordena.

 El Informe no tiene desperdicio en su aspecto material y recomendador, tratemos de diseccionarlo brevemente, yendo un poco más allá de las “entradillas”:

1. La Recomendación primera apunta a la necesidad de realizar estudios sobre trastornos de adicción, iniciar formación en el ámbito educativo e incluso familiar; promover análisis y elaboración de programas de prevención y formación, a toda la cadena de agentes implicados; implantación de protocolos de actuación y prevención, etc.

Todo esto está muy bien, y se viene diciendo en toda clase de foros y asambleas públicas…… ¿Cuál es la dificultad en hacerlo? La presupuestaria, claro. Y la idiosincrática, a mi modesto parecer. No estaría de más dedicar también un pequeño esfuerzo generalizado para que las personas e instituciones alcanzasen una cierta madurez en esta carencia comportamental nuestra: “que decidan otros” …. Porque solo la Tasa de Juego genera en España más de 1.100 Millones de euros anuales, y “riega” la mayoría de los Presupuestos públicos, para estas y otras necesidades. Y está al alcance de muchos Parlamentos, Gobiernos Autonómicos e incluso locales destinar una pequeña parte de sus Presupuestos a estos fines (y no remitir esta tarea a “otros”). Poco a poco esto se está empezando ya a entender y aplicar esta primera Recomendación.

1. La Recomendación siguiente es sobre la aprobación del Decreto de Comunicaciones Comerciales y hasta intuimos que respecto al articulado concreto del Proyecto que la DGOJ le ha trasladado. Coinciden en esta recomendación casi con exactitud muchas de las advertencias y alegaciones, que al menos en lo que yo conozco, se han hecho en su momento y están incluidas en su expediente Ministerial: falta de concreción de la coercitividad de las normas y prohibiciones; advocación a los “principios generales del derecho”, sin concretar claramente los tipos sancionadores. La referencia a la “autorregulación” y a su falta de eficacia real. Muchos entre los que me incluyo las hemos suscrito en parecidos términos, ya desde hace años.

En este Capítulo del Informe se incluye, en efecto, la recomendación del “titular”: “Estudiar, en cooperación con las Comunidades Autónomas, la prohibición total de la publicidad relacionada con el juego y las apuestas….. salvo las loterías y apuestas de la Administración del Estado y de la ONCE,  que es plausible que termine por desembocar en la modulación y restricción del actual régimen de la publicidad del juego online, que es lo que también hemos venido defendiendo muchos desde hace tiempo. Solo algunos, en franca minoría, pretenden mantenerla en su situación regulatoria actual. Tambien es vieja la “querencia” a diferenciar la publicidad de SELAE y la ONCE.

1. Extraña mucho, por el contrario que se Recomiende también y se aluda a una “revisión de las licencias en vigor” ¿Cuáles, las de juego online, las de los juegos presenciales (¿¿porque el Informe “dispara contra todos” incluidos los juegos en establecimientos y las licenciadas por las CCAA?? O a la revisión de la categoría de las infracciones ¿las del incumplimiento de normas de publicidad? ¿todas? ¿no requiere esto una Ley Formal? En este punto, el Informe es bastante críptico e incomprensible.
2. Como colofón, las recomendaciones se remiten a un totum revolutum de acciones regulatorias, preventivas e incluso “expropiantes” en potencia, aludiendo a toda clase de organismos e instituciones, a modo de “Big Bang” Una especie de “bronca generalizada” o rapapolvo en el que echamos de menos la mención a las cadenas de TV o radio, o a los mismísimos clubes de fútbol……… que son los que, en definitiva, obtienen los beneficios materiales y monetarios de esta generalizada publicidad del juego online.

El Informe termina dirigiéndose a los dos Ministerios concernidos de la siguiente forma legal:

“Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica, del Defensor del Pueblo, que, a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no las Recomendaciones, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa”.

Sonrojo y perplejidad

Todo ello nos produce un cierto sonrojo y perplejidad.

El sonrojo de advertir que el Defensor del Pueblo parecía no “saber” nada antes. Aparentemente nadie se había “quejado” desde 2012 en que comenzaron las campañas publicitarias del juego online, hasta 2018.

Y la perplejidad porque la mayoría de las apreciaciones sobre las deficiencias normativas del régimen de la publicidad del juego online coinciden con quienes llevamos casi 8 años diciendo, más o menos, lo mismo, desde la aparición de la Ley del Juego en 2011, y su consiguiente despliegue en el denominado “juego online”. Me remito a los artículos y entradas publicadas en www.loyra.com relacionados con esta ausencia reglamentaria. Así, en el de 11/05/2015 ("Publicidad del Juego: nada es lo que parece") o el de 23/05/2016 ("Publicidad del juego: cinco años sin Reglamento, y con el Gobierno en funciones");  o uno más reciente de 25/11/2018 ("Armonizar o contemporizar").

Así que nada nuevo en este frente.

En lo demás, mitad y mitad.

Está bien y es su misión tratar de amparar derechos o necesidades que nadie, ni las Administraciones Públicas son capaces de asumir plenamente en su quehacer ordinario.  Es por definición la noble tarea del Defensor del Pueblo, según la Constitución. Hace poco tuve ocasión de escuchar un discurso de su titular defendiendo ante el Congreso de la Abogacía española la necesidad de la intervención de las Administraciones en la triste situación a la que están llegando algunos ancianos en nuestra sociedad española que incluso mueren solos en su casa y no se descubre tal hecho hasta varios años después ante la aparición de un cadáver momificado. Alguien tiene que ocuparse de ellos y tomar medidas. Aunque no puede imponerse a toda la población anciana, a partir de una edad concreta, por ejemplo, la implantación de un CHIP GPS localizador.

En nuestro caso se alude a ludópatas y a menores enganchados a algunos juegos, a tratamientos en hospitales, y a campañas en centros de enseñanza. Cuya cuantificación real (desconocida según reconoce el propio Informe) debe abordarse como tarea previa pues esta es la principal incógnita que debe resolverse para adoptar medidas verdaderamente proporcionadas.

Que el juego sea la causa de la ludopatía, como se dice también en el Informe, es lo mismo que decir que la edad es la causa de la ancianidad. (Pero ni esto vale: algunos informes médicos advierten de ludopatía procedente de inversores en la “bolsa” de valores).

El Gobierno del Estado en funciones, el Defensor del Pueblo en funciones

 Ya lo decíamos con respecto al Gobierno en análisis anteriores. Siendo clamorosa la necesidad de aprobar un Reglamento de Publicidad del Juego online desde la misma Ley del Juego de 2011, al menos en dos ocasiones el Decreto en Proyecto fue remitido al cajón después de estar absolutamente tramitado. por estar el Gobierno de turno “en funciones”. En su acepción técnico jurídica (“en funciones”), por estar convocadas las Cortes Generales; o usual (porque en precario, el Gobierno de turno confiaba poco en seguir “vivo”). Se desconocen, al menos públicamente, cuáles fueron las causas reales de estas sucesivas paralizaciones del Decreto y ya es cansino volver a relatar las consecuencias de su inexistencia: la Ley queda “coja” sin este Reglamento, estamos en un régimen de libertad publicitaria para el juego online, la “autorregulación” es insuficiente, estamos ante la inexistencia de limitación o control real, etc.

Recordemos que el Defensor del Pueblo también firma sus Recomendaciones “en funciones”, y en este caso por falta de acuerdo básico y sencillo en un Estado de Derecho: ponerse de acuerdo las fuerzas políticas en nombrar uno nuevo.

¿Cómo va a conseguir poner de acuerdo a todos los Gobiernos, Asambleas, Departamentos y Organismos a los que cita de forma directa o tácitamente? Porque las recomendaciones apuntan a diestro y siniestro, y a múltiples cuestiones de legalidad, normativas e incluso constitucionales, a diversos Consejos en el ámbito del Estado y de las Comunidades Autónomas, a la aplicación de normas éticas.

Muchas de estas instituciones están, también hoy, en la categoría de “instituciones en funciones”.

Los destinatarios directos de las Recomendaciones, abrumados.

 Así que esto no se acaba, sino que el Informe es un nuevo “principio”:  Si alguien ha llegado a pensar que esto era “el final o terminación” de algo, o una verdadera “new”, todavía debe esperar un poco. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Las Recomendaciones se dirigen a los dos respectivos Departamentos Ministeriales antes señalados. A ellos se les pide, y por este orden: obtener información, acometer una revisión de la regulación (y transmitirlo a las Comunidades Autónomas mediante los órganos de cooperación); acometer una revisión de las licencias; en particular la citada tipificación de infracciones y sanciones, o sea un nuevo régimen sancionador a proponer a los órganos legislativos. Y en particular, pero sin precisar mucho, que se publique ya un Decreto de Comunicaciones Comerciales, pero además otras medidas concretísimas como las de revisar el Decreto 1614/2011, la regulación autonómica (¿cuál de ellas? ¿cómo?), la regulación de la Comunicación audiovisual, etc. Al menos se explicita que la Dirección General de Ordenación del Juego es a quien debe corresponder el “papel rector” en todo este cometido.

Acciones de reglamentación, de ejecución y emprendimientos de análisis y estudio que implican un despliegue de acciones y medios considerable.

Esperemos que dichos Departamentos y Ministerios no se escuden en su “provisionalidad” actual, y se decidan a acometer tan ingente tarea.

Y que el Defensor del Pueblo, ya el definitivo, exija que sus recomendaciones, en su verdadera proporción, no queden en el aire.

Carlos Lalanda Fernández

Madrid, 25 de Mayo de 2019