Arana lamenta la caída de la “enmienda intrusa” y asegura que ha sido “una oportunidad perdida”

La anulación en el Congreso de la “enmienda intrusa” incluida en la Ley de Atención a la Clientela ha debido “hacer mucha pupa” en el Ministerio. Mikel Arana, director general de la DGOJ, ha comentado en un artículo para Diario Público la “oportunidad perdida”, lamentando que la norma haya quedado incompleta tras el bloqueo parlamentario de PP, Vox y Junts.

En su artículo, Arana presenta la norma frustrada como poco menos que una oportunidad histórica perdida. La Ley SAC, afirma, “supone un gran avance en defensa de las personas consumidoras” y “podría haber sido también una mejora sustancial en la consolidación de un sistema de juego legal más seguro y garantista”. Un “podría haber sido” que, casualmente, siempre acaba traduciéndose en más obligaciones para los operadores privados, mientras el Juego público sigue jugando otra partida con reglas propias.

Para el director general de Ordenación del Juego, el bloqueo de PP, Vox y Junts no es un simple desacuerdo parlamentario. Es, según escribe, “un duro varapalo, pero no para el Gobierno, sino para los y las ciudadanas”. Un argumento recurrente cuando el regulador no consigue imponer su agenda: la culpa nunca es de una mala técnica legislativa, sino de quienes osan frenar la iniciativa.

El ejemplo que pone Arana roza el dramatismo: los ciudadanos no sabrán si alguien ha usado su DNI para jugar online “hasta concluido el año fiscal en que haya sido usado”. Lo que no explica es por qué esa supuesta urgencia justifica colar una reforma del Juego en una ley ajena, ni por qué ese mismo celo no se aplica con idéntica intensidad al Juego público, donde la trazabilidad y la transparencia brillan, en demasiadas ocasiones, por su ausencia.

Arana también alerta de un “significativo incremento de las personas de 18 a 25 años que se incorporan al juego online”, describiendo un escenario preocupante: “jóvenes cegados por el ‘juega gratis’ que les ofrece su tiktoker de cabecera” y obligados a cumplir condiciones que les empujan a “jugar compulsivamente en un periodo muy corto de tiempo”.

El retrato es útil para el discurso, aunque incompleto. Porque mientras el regulador carga una y otra vez contra los bonos del Juego privado, guarda un silencio bastante menos combativo cuando se trata de la publicidad masiva, omnipresente y emocional de SELAE y la ONCE, esa que sí entra sin filtros en retransmisiones deportivas, sorteos diarios y campañas institucionales.

Arana asegura que la caída de la enmienda también es “un varapalo muy gordo para los operadores de Juego”. Según su razonamiento, estos habrían preferido preservar “la experiencia del jugador” antes que reforzar un mercado más seguro, y creer que el bloqueo les beneficia sería “un espejismo”. En su análisis, limitar la oferta de aplicaciones de Juego únicamente a empresas con licencia habría reforzado un mercado “más seguro, también para ellos”…

Curiosamente, el director de la DGOJ asegura que “el Juego ilegal está creciendo gracias, precisamente, a las mismas redes sociales, influencers y proveedores de Juego que anuncian indistintamente juego legal o ilegal”, generando “una enorme confusión entre la ciudadanía que juega”. Parece que se olvida de las enormes confusiones que genera el propio ministerio y la dirección, cuando anuncia a bombo y platillo cada trimestre que el Ministerio ha impuesto multas millonarias al Juego, cuando justo el 90% de esas multas van dirigidas a plataformas ilegales y que nunca cobrarán esas sanciones… Pero prefieren hacer ruido a explicar la realidad.

Arana cierra su artículo mostrando desconcierto ante la falta de consenso. “Nos resulta incomprensible que no se hayan sumado al objetivo de proporcionar un espacio legal y seguro para la ciudadanía que libremente juega”, afirma, aunque advierte que la DGOJ seguirá avanzando en esa línea “a pesar de esta oposición que parece más interesada en los zascas y los castigos al Gobierno que en defender a la mayoría a la que dicen representar”.

Para el regulador, las medidas bloqueadas formaban parte de un paquete de “protección y sentido común” al que, denuncia, “se han opuesto PP, Vox y Junts”. De ahí que lance una pregunta directa: “Convendría que explicaran por qué”. Quizá la respuesta sea menos oscura de lo que Arana sugiere: evitar que una reforma de calado se cuele por la puerta de atrás y seguir alimentando una regulación del Juego basada en parches, titulares y castigos asimétricos.

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