ALTO VOLTAJE DEMAGÓGICO EN EL DEBATE SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL JUEGO EN ARAGÓN

Ayer jueves 23 de marzo tuvo lugar el Pleno de las Cortes de Aragón donde se debatía y votaba el Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de modificación de la Ley del Juego de la Comunidad autónoma de Aragón, y que finalmente fue aprobado por mayoría ante la incrédula mirada del Sector, que veía cómo ahora la Industria tendrá que luchar por poder siquiera ejercer su actividad legal ante las limitativas medidas que a partir de ahora se impondrán en la comunidad.

El diputado socialista Darío Villagrasa, Coordinador de la Ponencia sobre la modificación de la Ley del Juego, iniciaba el Debate relativo a este Proyecto de Ley. Un texto que, como destacaba Villagrasa, ha contado con 153 enmiendas, de las cuales 63 fueron aceptadas para su inclusión, “lo que evidencia un alto grado de consenso, de trabajo y de pacto”.

Beatriz García, diputada de Ciudadanos, destacaba durante su turno que los objetivos para la formación con respecto a este Proyecto de ley han sido la prevención y protección de las personas vulnerables, así como garantizar y reforzar la libertad de empresa, “pues entendemos que la actividad del Juego es legal, lícita, y habría que garantizar el desarrollo de la misma”.

Para este segundo objetivo, Beatriz García indicaba que se han basado en cuatro pilares: El primero se trata de las distancias, “pues pensamos que la distancia establecida de 300 metros era más que suficiente”. Las máquinas de Juego era otro de los pilares, manifestando que desde Ciudadanos se han opuesto desde el primer momento al control remoto de las mismas.

Asimismo, el uso de medios auxiliares a los controles de acceso era perentorio para el Grupo, una medida que finalmente si ha sido introducida, aportando medios de control tecnológicos a estos controles.

Por último, la diputada hablaba de la controvertida medida del uso de las tarjetas de crédito: “Nosotros nos hemos opuesto porque no existe en todo el articulado ninguna prohibición sobre la prohibición de su uso, por la que difícilmente puede fijarse una infracción y una sanción”. Para García, este Proyecto de ley “se queda corto en la prevención, y se sigue poniendo trabas a la actividad”.

David Arranz, por parte del Grupo Parlamentario Vox, comentaba durante su turno de ponencia que este texto supone “un conflicto de intereses y de derechos”, pues por un lado se trata del derecho de libertad de empresa y de explotación “de un negocio totalmente lícito, pues no comulgamos con quienes criminalizan todo el Sector, pues debemos tener en cuenta que muchas familias de forma directa o indirecta precisan de esta actividad”, pero por otra parte a la formación les preocupa el número de personas “que arruinan sus vidas cayendo en la adicción al Juego”… Una de cal y otra de arena por parte del diputado, que es mucho más de lo que promueve últimamente la diputada por Madrid Rocío Monasterio.

Aún así, acertadamente señaló el señor Arranz que el Juego Privado presencial no es el gran problema a perseguir: “Sabemos, por el Informe de Adicciones Comportamentales elaborado por el Ministerio de Sanidad que mayoritariamente, con gran diferencia, el Juego Presencial se encamina hacia el Juego Público, en concreto el de Loterías y muy especialmente los Rascas de la ONCE”, y que por ello estas iniciativas legislativas tienen una repercusión limitada sobre el problema que se pretende evitar. Arranz añade que “no creemos que sea una cuestión de distancias, si no de formación, educación y sensibilización”.

Pese a todo lo expuesto, el diputado de Vox afirmaba que “votaremos a favor de esta modificación, porque consideramos que es un ejercicio de responsabilidad, para velar por los menores y los más vulnerables”.

José Antonio Lagüéns, del Grupo Parlamentario Popular, se refería al trámite de este Proyecto de ley como “complejo, espinoso y altamente participativo”, pero se lamentaba también que este tipo de legislación no sirva para regular el Juego online, a la ONCE o el Juego Estatal, “los que también preocupan a la sociedad y somos conscientes de ello”.

Lagüéns remarcaba no entender cómo el Gobierno, Podemos incluido, “rechace la enmienda para prohibir el uso de tarjetas de cualquier tipo para cambiar dinero. Excepto Chunta Aragonesista, todos votamos en contra, sin embargo, y en tiempo de descuento, el Gobierno aprueba tipificarlo como infracción muy grave siendo la única vez que se habla de tarjetas de crédito en este texto. La inseguridad jurídica que puede ocasionar es preocupante, con graves perjuicios”, y recuerda que esta medida ni siquiera se contempla así en el restrictivo Real Decreto de Juego Seguro del Ministerio de Consumo, en el cual se prohíbe el uso de estas tarjetas, pero sólo a un tipo de jugadores.

A su vez, el diputado no ve necesario que las Máquinas tipo B requieran de un control de acceso remoto: “El Proyecto habla de Locales de Juego, y aquí no vemos seguridad jurídica”.

Era el turno ahora del diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, quien comenzaba su discurso señalando que el Juego es “una actividad lícita, pero no una cualquiera”. Sanz aparecía visiblemente agitado en lo referente a la enmienda relativa a las tarjetas de crédito, manifestando que durante la Comisión, “y el día antes de su votación definitiva en el Dictamen cambiaron el voto. Piénsenlo bien antes de votar hoy aquí esta enmienda”.

Jesús Guerrero, diputado del Grupo Aragonés, enfatizaba que se debe siempre “buscar el equilibrio entre la Industria del Juego, y garantizar un Juego Responsable”, añadiendo al respecto que desde su partido creen haber sacado “la mejor ley del Juego posible en Aragón”, con la defensa de “aquellos que sufren trastorno del Juego y los derechos y obligaciones que tienen las empresas del Sector”.

Carmen Martínez, de Chunta Aragonesista, declaraba que, pese a haber sido un trámite largo, se ha intentado poner en “plano de igualdad” la actividad comercial, “pues es una actividad legal y lícita, nadie tiene duda, aunque quizá con algunos mensajes que se están manteniendo pueda parecer que no es una actividad legal”, y el derecho a “la prevención y a la salud pública”.

Para Martínez, el texto presentado por el Gobierno era “bueno”, y que el mismo no afecta a los locales que ya están abiertos, sino a las nuevas aperturas: “Sabemos la explosión que hubo de Locales de Juego y las consecuencias que ha tenido, y por ello desde nuestro partido apoyamos el aumento de los 300 metros iniciales a los 500 metros”.

En cuanto a las Máquinas de Juego, la diputada era contundente: “Esta ley, lo que no va a permitir en Hostelería, es que mientras no se estén usando estas Máquinas, emitan señales luminosas ni acústicas, es decir, que no llamen demasiado la atención”.

En lo que respecta al uso de las tarjetas de crédito, Martínez sostenía que “lo que no queremos es que el datáfono sea utilizado como un cajero“.

La siguiente ponencia corría a cargo de Itxaso Cabrera, de Podemos, quien comenzaba su discurso sin ocultar su emoción, catalogando a esta ley como una ley “valiente, pionera”, para acto seguido declarar que el Trastorno del Juego afecta a un millón de habitantes… Y por si se había quedado corta añade que “además pone en riesgo a otro millón de habitantes”.

Cabrera continuaba su exaltado discurso agradeciendo a todo el colectivo que les han apoyado: “Gente decente que hoy está trayendo la voz de las calles a estas instituciones”. La diputada no cejaba en ofrecer lindezas de índole partidista declarando que “unos lo llaman trastorno por Juego, otros lo recordarán por su nombre anterior como es el de ludopatía, y algunas personas también le llamamos ‘consecuencias de los Locales de Apuestas y de Juego que quieren arrasar con nuestros barrios, exprimiendo a su gente y llenándose sus bolsillos’”. Desde luego la formación morada no tiene la misma habilidad para poner nombres como para tergiversar datos objetivos…

Para terminar con las ponencias, Darío Villagrasa volvía al atril en calidad de diputado, manifestando que esta ley está basada en la “mesura, en la objetividad, en el rigor y en los datos”, añadiendo que se pretende con esta ley compaginar la actividad empresarial con una correcta seguridad jurídica, así como la protección de los consumidores vulnerables”. Una frase que, tras el exaltado discurso de la diputada de podemos, cuesta enormemente creer…

Según Villagrasa, esta ley, que lleva gestándose casi 3 años, no contaba apenas con detractores, “pero en el último momento, casi en el minuto de descuento, parece que estas medidas ponían en quiebra a determinado Sector”. Medidas “lógicas” para el diputado, que aseveraba que “ni se van a destruir 4.800 puestos de trabajo, ni se va a obligar a instalar un ordenador a los negocios de Hostelería, ni se va a obligar a que los camareros tengan que atender ciertas obligaciones evitando su trabajo, ni el futuro de un Sector empresarial peligra”.

VER AZARplus DE AYER.- Aprobada la Modificación de la Ley de Juego de Aragón