Alejandro Landaluce: “Nos preocupa que el Gobierno pretenda introducir cambios normativos mediante enmiendas intrusas”

Cejuego ha expresado su “profunda preocupación” ante la forma en que el Gobierno está tramitando las nuevas restricciones al Sector, especialmente a través de la incorporación de enmiendas en leyes ajenas a la materia. El director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, ha lamentado que el Ejecutivo “pretenda introducir cambios normativos mediante enmiendas intrusas al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela, un texto que no guarda relación alguna con la actividad del Juego, privando así del debate público a todos los actores involucrados”.

Las críticas de Cejuego llegan en un momento en el que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, impulsa simultáneamente diversas iniciativas legislativas que afectan al sector, desde la regulación de las loot boxes hasta la revisión del Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales del Juego. Para la patronal, lo más preocupante no es solo el contenido de las medidas, sino el modo en que se están promoviendo.

Según denunció la asociación en Demócrata, el Gobierno habría presentado la enmienda para restablecer artículos anulados del Real Decreto “apenas 15 minutos antes del cierre del registro”, lo que, a juicio de Cejuego, “hurtó la posibilidad de que el resto de grupos parlamentarios pudiera presentar enmiendas al respecto”. Landaluce subraya que “una modificación legislativa de tal envergadura debe de realizarse mediante un proceso legislativo transparente, que permita la participación de todos los actores involucrados en la actividad”.

El responsable de Cejuego reconoce, no obstante, que el marco normativo actual necesita una actualización: “No nos oponemos a la revisión de la Ley del Juego”, explica, recordando que la norma lleva más de 15 años en vigor y que “requiere una actualización que refleje los cambios profundos que ha experimentado el sector”. Sin embargo, insiste en que dicha revisión “debe abordarse con rigor, transparencia y diálogo, no mediante atajos legislativos que eluden el debate parlamentario y social necesario”.

Desde la patronal se advierte que el método elegido por el Ejecutivo sienta un precedente peligroso, ya que las reformas se están articulando de forma fragmentada y en proyectos de ley ajenos al sector, lo que dificulta la participación técnica y parlamentaria. Además, Cejuego considera que el procedimiento seguido por el Ejecutivo representa un retroceso en términos de transparencia y participación, además de generar inseguridad jurídica en un sector que, según la asociación, lleva años reclamando un marco estable y consensuado.

La posición de Cejuego no se centra en oponerse a la modernización del marco regulatorio, sino en reclamar una tramitación ordenada, transparente y participativa, que garantice la seguridad jurídica de las empresas y la eficacia de las políticas públicas.

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