AGA e IGA alertan del auge de contratos deportivos de los mercados de predicción sin control

Las principales patronales del Juego regulado en Estados Unidos han unido fuerzas para lanzar una advertencia directa al Congreso: el auge de los llamados “contratos de eventos deportivos” en plataformas de predicción financiera supone, a su juicio, una vía encubierta para ofrecer apuestas deportivas y productos de casino al margen de la ley. Así lo sostienen la American Gaming Association (AGA) y la Indian Gaming Association (IGA) en una carta conjunta remitida a miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, en la que reclaman una intervención legislativa urgente aprovechando el debate sobre la futura normativa federal de los mercados de criptomonedas.

En el escrito, ambas organizaciones alertan de que estos contratos, “prácticamente indistinguibles de las apuestas deportivas legales”, comenzaron a comercializarse a principios del año pasado y desde entonces han experimentado un crecimiento “exponencial” tanto en volumen de negociación como en tipología. Según explican, han pasado de limitarse al resultado de partidos concretos a incorporar combinadas complejas e incluso apuestas ligadas al mercado de fichajes universitarios, todo ello, sostienen, “aprovechando la inacción regulatoria” de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Para AGA e IGA, esta situación “socava la legislación estatal, vulnera la soberanía tribal y contradice el espíritu y la letra de las leyes federales diseñadas para proteger al consumidor y la integridad de los mercados financieros”.

Las dos asociaciones recuerdan que el Juego se trata de una de las actividades más supervisadas del país, con más de 8.400 reguladores estatales y tribales implicados, y defienden que ese modelo garantiza “transparencia, integridad, sólidas salvaguardas para el consumidor y prácticas de Juego responsable”. En palabras de ambos presidentes de las Asociaciones, Bill Miller y David Z. Bean, “es un marco probado que protege a los jugadores y al interés público, al tiempo que devuelve miles de millones de dólares en beneficios a las comunidades”.

La carta reivindica el enfoque histórico del país hacia el Juego, basado en la decisión democrática de estados y tribus sobre si permitirlo y en qué condiciones. “Cuando se nos concede el privilegio de operar en una comunidad, existe un contrato social claro: ofrecemos beneficios a cambio”, sostienen. Ese equilibrio, recuerdan, se vio reforzado en 2018 cuando el Tribunal Supremo anuló la ley federal que prohibía las apuestas deportivas y reconoció el derecho de cada estado a regularlas. Desde entonces, 39 estados y el Distrito de Columbia han legalizado esta actividad, en muchos casos en estrecha coordinación con las autoridades tribales.

Donde las apuestas deportivas son legales, señalan, existen “barreras estrictas” que incluyen edades mínimas de participación, licencias y controles de idoneidad para los operadores, protocolos contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente, recursos obligatorios de Juego responsable y sistemas independientes de control de integridad. Frente a ello, denuncian que varias plataformas de predicción registradas ante la CFTC han puesto a disposición del público contratos accesibles desde los 18 años, en los 50 estados, sin someterse a las leyes estatales ni tribales.

AGA e IGA recuerdan que la propia normativa de la CFTC, derivada de la Commodity Exchange Act, prohíbe contratos de eventos relacionados con actividades ilegales, entre ellas el Juego. Subrayan que 39 fiscales generales estatales ya han manifestado que estos contratos contravienen sus leyes, vulneran la Indian Gaming Regulatory Act, que reconoce la exclusividad tribal sobre determinados juegos, y también el Wire Act federal, que prohíbe ofrecer apuestas deportivas a través de fronteras estatales.

Más allá del deporte, la carta expresa preocupación por la aparición de categorías de apuestas “aún más inquietantes”, vinculadas a tragedias, conflictos armados o incluso a la captura de dirigentes políticos extranjeros, como fue el caso del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de Polymarket. “Son productos que jamás serían autorizados bajo la legislación estatal o tribal”, señalan, y que, a su juicio, “invitan a la manipulación y erosionan la confianza pública”.

Según las asociaciones, estos contratos “engañan al consumidor al presentar una apuesta como si fuera una inversión”, carecen de protecciones adecuadas para jóvenes y colectivos vulnerables, abren la puerta al blanqueo de capitales, al amaño de resultados y al uso de información privilegiada, y obligan a estados y tribus a destinar recursos legales significativos para defender su soberanía.

Ambos presidentes recuerdan que el actual presidente de la CFTC, Brian Quintenz Selig, dejó claro en su audiencia de confirmación que no frenaría estos contratos de apuestas deportivas, remitiéndose a litigios que podrían prolongarse durante años, aunque también reconoció que el organismo acataría una intervención clara del Congreso. Por ello, AGA e IGA instan a los legisladores a “actuar con rapidez” e introducir en la futura ley de estructura de los mercados de criptomonedas disposiciones que refuercen la legislación vigente y prohíban el Juego a través de plataformas registradas ante la CFTC. “Estamos dispuestos a colaborar y agradecemos que se tenga en cuenta esta preocupación”, concluyen.

VER ESCRITO AGA E IGA