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Artículo de Opinión de Alberto Lahoz Egea, Director General de Comunitega y Analista Político

A vueltas con el Juego y las Apuestas

AZARplus

En los últimos meses venimos observando un incremento de las acciones contra el sector del juego privado en España. El Estado y las Comunidades Autónomas se han propuesto realizar cambios, según dicen, mejorar los controles sobre el sector, impedir el acceso de menores y luchar contra la ludopatía.

Hasta ahí podríamos estar todos de acuerdo, ¿Verdad? Pero ¿Qué hay de cierto? Parece que la única medida que los reguladores están implementando es una agresiva subida de los impuestos especiales al juego. ¿Por qué los llamo impuestos especiales? Por la idiosincrasia del impuesto: el sector, a parte de los impuestos que tiene como cualquier empresa: impuesto de sociedades, pagos sociales, etc. tiene que hacer frente a una tasa sobre su actividad en base a las operaciones que realiza y dependiendo del tipo de juego: bingo, casino, máquinas tragaperras, apuestas. Una tasa que está en manos de las Comunidades Autónomas como impuesto transferido y que cada una regula a su libre albedrío.

¿Cuál es el motivo de este impuesto? Cuando se legalizó el juego, allá por el 7 de marzo de 1977 con el real decreto-ley por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales referidos a los juegos de suerte, azar y apuestas, y a las condiciones para su legalización y práctica, el regulador y los futuros operadores entendieron que la actividad del juego no era inocua y que podía, a la vista de lo que sucedía en otros países, generar problemas de prevalencia (ludopatía).

El regulador entonces impuso dos condiciones: que para la regulación de la actividad debería estar incluida en los apartados de “actividades clasificadas” de los Gobiernos Civiles, para evitar la continua proliferación de juego ilegal que se venía observando en nuestro país, y colocó una tasa que el BOE explicaba de la siguiente forma y para un determinado fin.

“En cuanto a las tasas de tributación fiscal, quedan como sigue: para los Casinos, el 15% hasta el medio millón de pesetas; el 20% hasta el millón. Hasta los tres millones, el 25%; de tres a ocho, el 30%; entre ocho y dieciséis, el 35%; de dieciséis a treinta millones, el 40%; de treinta a cincuenta millones, el 45%; y más de cincuenta millones, el 50%. Esta tarifa es anual, pero se aplicará trimestralmente a los ingresos acumulados.

Para los demás locales de juego, la tasa será del 20% de la base imponible. Para el bingo, el 15% de la base imponible, pudiendo el Gobierno elevar el tipo hasta el 50%, y aplicar, dentro de este límite, tipos distintos según los distintos juegos.

El rendimiento de esta tasa quedará afectado a acciones de asistencia y recuperación de minusválidos físicos y subnormales, prevención e integración de la delincuencia juvenil, y asistencia a la tercera edad.”

Al principio esa tasa especial era anecdótica, pero crecía cada año de forma exponencial. Hasta que llegó el momento de dejar en manos de las Comunidades Autónomas la gestión y recaudación de esa tasa conjuntamente con la regulación del juego por parte de cada una de ellas. Trabajo que han realizado de forma excelente: impulsando los registros de prohibidos, la publicidad y cualquier acto que implicara a la actividad. La tasa del juego paso, como digo, de ser muy pequeña al umbral de los 1.300 millones de Euros en 2018 en el conjunto de España.

Reflexionando, ¿Se está destinando el impuesto especial al fin para el que fue creado? No. Este impuesto ha servido para hacer carreteras, hospitales y con el tiempo y el aumento de la recaudación se ha destinado para todo menos para el fin para el que fue creado.

Ante la percepción de proliferación de salones y casa de apuestas ¿Cómo ha respondido el Estado y las Comunidades Autónomas? Con un incremento de la presión fiscal de los impuestos especiales y haciendo declaraciones para destinar entre un 0,7% a un 3% de la recaudación de este impuesto de forma finalista a combatir la ludopatía. Cuando la realidad es que, si tal es el problema, debería destinarse el 100% de esa recaudación para combatir la problemática, pero eso no interesa.

El sector viene reclamando la publicación de un Decreto de Publicidad de las actividades del juego desde hace más de 5 años, y que a fecha de hoy sigue en un cajón. El sector viene proponiendo mejoras a las Comunidades Autónomas y al Estado de forma continuada para afrontar los nuevos retos. El Sector del Juego Español presencial ya se posicionó contra la forma en la que se reguló el sector del juego on-line en España y ha sido impulsor de todo lo relativo al Juego Responsable, de la mano de la DGOJ.

El juego es ocio y, como en todas las actividades de ocio, va evolucionando y es muy sensible a las situaciones de crisis como sucede con los cines o la restauración.

Un sector regulado es la mejor forma de mantenerse en el tiempo, como se ha venido haciendo durante más de cuarenta años. Pero la solución no está ni las subidas fiscales sin sentido, ni en las prohibiciones.

La apuesta por la prohibición lo único que generará será la proliferación del juego ilegal y el consecuente incremento de las mafias, como había en los años sesenta. Y ese sí que será un problema real y de consecuencias inimaginables para el futuro y nuestros jóvenes.

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