A la Generalitat se le podría “atragantar” el proyecto Hard Rock con el desembolso de 50 millones de euros

El culebrón del Hard Rock podría traer verdaderos quebraderos de cabeza a la Generalitat incluso una vez tumbado. El Gobierno podría enfrentarse a una potencial carga económica significativa, que llegaría a alcanzar hasta 50 millones de euros, como consecuencia de la paralización del proyecto en Tarragona. Según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico del Ejecutivo catalán a finales de 2023, las indemnizaciones podrían derivarse de diversas reclamaciones que los inversores del proyecto podrían presentar si se impide la explotación del complejo, según han manifestado desde El País. Este documento señala que el coste de la responsabilidad patrimonial podría oscilar entre 37,4 y 50 millones de euros, dependiendo de los escenarios legales que se presenten.

La Generalitat obtuvo en 2018 la licencia para la construcción del Casino tras el compromiso de Hard Rock de presentar un aval de 10 millones de euros y depositar otros 2,5 millones en el Institut Català del Sòl (Incasòl) como garantía para el proyecto. El informe advierte que los inversores podrían demandar compensaciones por dos conceptos principales: “daño emergente” y “lucro cesante”. El daño emergente se refiere a las pérdidas directas sufridas por los inversores debido a la paralización del proyecto, mientras que el lucro cesante se refiere a los beneficios no obtenidos debido a la cancelación del proyecto, aunque este último es considerado menos probable.

Además, el informe detalla que las indemnizaciones por daño emergente podrían alcanzar los 21 millones de euros, mientras que las reclamaciones por lucro cesante se estiman entre 8 y 18 millones. También se consideran posibles costes judiciales, que podrían ascender entre 7,8 y 10,4 millones de euros.

Si bien el PSC ha mostrado su apoyo al proyecto en el pasado, su base parlamentaria se ve limitada por las demandas de sus socios, como los Comuns y ERC, que se oponen al proyecto.

El proyecto sigue pendiente de diversos trámites administrativos y judiciales. El Consorcio del Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca-Salou aguarda la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU), que es el último paso necesario para activar la compra de los terrenos donde se levantará el complejo. Esta compra, que fue suspendida durante la pandemia, también está sujeta a negociaciones y podría enfrentar una subida en el precio de los terrenos, dado que Criteria Caixa reclama ahora 128 millones de euros por los terrenos, frente a los 120 millones inicialmente acordados.

VER EL PAÍS