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La Justicia de Puerto Rico declara nulos los Reglamentos para instalar las Vídeoloterías

AZARplus

AZARplus / Eldiariodeljuego.– La Justicia de Puerto Rico declaró nulos los dos reglamentos que buscaban regir las operaciones de videolotería lo que imposibilita al Departamento de Hacienda transferir dinero al fisco a través de la implementación de este tipo de juego.

La jueza superior Gloria Maynard Salgado, recvhazó en una orden de 30 páginas, un pedido que hizo Hacienda para que se emitiera una sentencia sumaria a su favor, y se desestimara un pedido de sentencia declaratoria por parte de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA).

La controversia entre Hacienda y la PRHTA llegó a los tribunales en julio del año pasado cuando la organización que agrupa a los principales empresarios del turismo solicitó la invalidación de los reglamentos para la Operación de la Lotería Adicional y el de Vendedores de Jugadas de Lotería Adicional.

Ambos reglamentos fueron aprobados por Hacienda en mayo de 2015, utilizando como base una ley de 1989. La Legislatura se propuso dejar sin efecto estos reglamentos mediante resoluciones concurrentes, pero en el proceso legislativo, el tema no se concretó.

La PRHTA alegó que la Ley 10 de 1989 no faculta a Hacienda para autorizar mediante reglamento nuevos juegos de azar, como sería el vídeo póker, vídeo bingo, blackjack y dómino, y que se incluyeron en la reglamentación en controversia. La actividad de juegos de azar y de máquinas para ese fin, está limitado a casinos y agencias hípicas de acuerdo con la Ley 11 de 1933.

La jueza Maynard Salgado acogió los alegatos de la PRHTA, a la que también le reconoció capacidad para entablar el litigio.

De acuerdo con la magistrada, la Ley 10 de 1989, que dio paso a la Lotería Electrónica, fue pensada para sorteos públicos.

“Debemos concluir que los reglamentos impugnados exceden las facultades del secretario de Hacienda y contravienen las leyes aplicables”, indicó la jueza al establecer que esos juegos no podrán establecerse a menos que medie legislación a tal fin.

La decisión de Maynard Salgado se produjo el pasado 2 de junio y coincide con el proceso de vistas públicas sobre el presupuesto para el año fiscal entrante, y con los intentos del Departamento de Hacienda de hacer confluir dinero efectivo a la brevedad al Estado, para atajar un déficit que supera los 2.000 millones de dólares.

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