Los Casinos de Chile iniciarán un controvertido proceso de licitación en diciembre

AZARplus / economiaynegocios.cl.- En 2018, los casinos municipales de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales tendrán un cambio radical: pasarán a ser fiscalizados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y se unirán así a los otros 16 casinos que son parte de lo que hoy se conoce como “nueva industria” de salas de juego concesionadas. El proceso culminará entre agosto o septiembre del próximo año, con las adjudicaciones.

En todo este período se desarrollará el proceso de licitación de estas siete plazas que por años han estado en manos de los mismos operadores a través de contratos con los municipios.

Por ello ya se adivina una ardua competencia. Enjoy y Dreams, que operan cinco de estas siete salas, reconocen su interés por retener sus ubicaciones. Latin Gaming, dueña de la sociedad que opera el Casino de Iquique e Inversiones del Sur, en Puerto Natales, están evaluando participar. Otras sociedades que hoy operan solo en la “nueva industria”, como Marina del Sol -que controla casinos como el de Talcahuano-, han hecho público su interés en estas plazas.

Pero este nuevo proceso de licitación tendrá nuevos ingredientes. En estos procesos pesará una oferta económica que cada candidato hará al municipio y que, en simple, apunta a garantizarle la entrega de parte de los ingresos que genere el negocio. Quien haga la mayor oferta al municipio -tras haber obtenido un puntaje mínimo de 60% en su oferta técnica- será quien gane.

Todo es parte de una nueva ley que se hizo para estos siete casinos y que buscó asegurar que estas comunas sigan siendo la sede de los casinos -durante 15 años prorrogables-, y asegurarles a los municipios la mayor cantidad de ingresos provenientes de estas salas de juego, tal como hoy ocurre.

Pero estos nuevos ingredientes ya han generado las primeras polémicas. Por ejemplo, de qué manera en el reglamento se valorizarán -y se considerarán- las inversiones que hicieron los actuales operadores de los casinos municipales.

Además, y pese a que hay consenso en que la mejor oferta económica es un mecanismo objetivo para zanjar los concursos, otra gran duda es cómo se garantizará que el candidato ganador haga una oferta económica realista para la comuna y que no garantice elevados montos que luego no podrá cumplir.

Para el Grupo Latin Gaming, que opera el Casino de Arica, el nuevo esquema es “más riesgoso” que el anterior. “Para el país es más riesgoso porque habiendo logrado licitar exitosamente 18 licencias en un esquema que funcionó perfectamente, se decidió cambiar la fórmula y ahora se pretenden aplicar reglas nuevas, diferentes y mucho más caras”, señalan.

Nicolás Imschenetzky, presidente del grupo Marina del Sol, cree que la fórmula privilegia a algunos operadores. “Lo único que se está ganando es que las nuevas propuestas por los casinos se transformen en una carrera de quién puede ofrecer más plata en un cheque, y eso va a favorecer exclusivamente a quienes tengan información histórica más adecuada, a los actuales operadores de los casinos municipales”, estima.

Gerardo Cood, gerente general de Enjoy, disiente. “Me parece riesgoso simplificar o minimizar la importancia de la calificación técnica de los proyectos. Yo la veo igual de importante que la oferta económica”, retruca.

La SCJ asegura que los postulantes deben entregar un estudio presupuestario, los flujos financieros, la rentabilidad proyectada, entre otros, y también una garantía por el monto. “No existen incentivos para presentar ofertas que no se puedan cumplir. Además se incorporó como una de las causales por las cuales un permiso de operación podrá ser revocado, el no dar cumplimiento, en tiempo y forma, a la oferta económica presentada”, señalan en la SCJ.

Un tercer punto que ha generado debate es cuál es el peso exacto que tendrán las peticiones que hagan los alcaldes. Porque la ley estableció que el Consejo Resolutivo de la SCJ -integrado por los subsecretarios de Hacienda y de Turismo, entre otros representantes- deberá “oír” a los ediles si es que estos lo solicitan. Un ejecutivo de la industria se cuestiona: “¿Cuál será el espacio para que el Consejo Resolutivo vaya en contra de las exigencias de un alcalde?”.

Los alcaldes ya comenzaron con los primeros intercambios de información con la SCJ. Por un lado, ésta les pidió transparentar los montos de los aportes a las arcas municipales que hacen los casinos, y, por otro lado, los ediles comenzaron a pedir audiencias -el mencionado mecanismo contemplado en la ley-, para plantear la infraestructura que quisieran acoger en sus comunas, asociada a los nuevos casinos.

¿Cuánto aportan las salas de juego? Los montos van desde $400 millones a $25 mil millones, y representan entre 10% al 50% del presupuesto anual municipal, según confidenciaron a “El Mercurio” seis alcaldes, quienes detallaron sus exigencias. Solo Iquique declinó responder.

Mientras algunos ediles piden que el casino siga operándose en el mismo lugar y en el mismo edificio cuando son de propiedad municipal, otros alcaldes detallan que no tienen terrenos municipales disponibles. En estos casos y cuando los inmuebles son del actual operador del casino, los postulantes deberán partir de cero. Como cada comuna es una realidad distinta, en la práctica serán “siete licitaciones distintas”, dice un actor de la industria.

Claudio Tessada, gerente corporativo de Finanzas de Dreams, señala que lo importante es que las condiciones de cada comuna “garanticen la factibilidad de las inversiones y la igualdad de condiciones para todos los postulantes”. Gerardo Cood indica que es natural que los alcaldes quieran plantear sus puntos de vista. “Resulta clave conocer esas condiciones, pues hay un trabajo importante en el diseño de los proyectos para poder recoger y plasmar esos intereses”, dice.

El primer hito de la licitación ocurrirá con la “resolución de apertura”, que se conocerá a mediados de diciembre, y que indicará la fecha y lugar para que los interesados retiren las bases. Después los interesados tendrán entre 90 y 120 días para preparar sus ofertas, un plazo cuestionado en la industria.

“Cuándo nos van a entregar la información, que ni siquiera sabemos qué detalles contendrá. Tenemos la obligación de recontratar al 80% del personal actual de los casinos. Estamos dispuestos y gustosos de hacerlo, pero no sabemos cuánto ganan, cuánta antigüedad tienen en la empresa, la edad, intereses, etc.”, señala Nicolás Imschenetzky. “Hay comunas donde los casinos tendrán que quedar en edificios nuevos, ¿quién va a tramitar los permisos de construcción? ¿Cómo vamos a tramitarlos ante el Servicio de Impacto Ambiental o si se requiere un EISTU? ¿Entramos en los plazos?”, se cuestiona.