Castilla y León baja los impuestos con la reducción del tramo autonómico del IRPF

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez

AZARplus / Comunicado.- El Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a los ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para 2015, que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno, contempla una importante bajada de impuestos que elevará la renta disponible de los castellanos y leoneses. Por un lado, la norma que acompañará a los Presupuestos del próximo año recorta la tarifa autonómica del IRPF, que se convierte en la más reducida de España.

VER TABLA BENEFICIOS FISCALES 2015 (TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO, PÁG. 2)


Castilla y León fue la última comunidad española en crear tributos propios, en 2012, y su implantación respondió a la necesidad de seguir prestando con el mismo nivel de calidad los servicios públicos fundamentales. Hasta ese ejercicio y con el mismo fin la Junta tampoco utilizó la posibilidad de implantar un recargo en el Impuesto sobre Hidrocarburos, que en ese momento ya tenían 9 comunidades, algunas de ellas desde 2003.

La mejora de la situación económica, que se refleja en la buena evolución de los principales indicadores, otorga un margen de maniobra que permite reducir impuestos en 2015. De ahí que, tal y como anunció el pasado martes el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, el título I de la futura ley de acompañamiento de los Presupuestos recogerá la modificación a la baja del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Beneficiará a todos los contribuyentes de la Comunidad, pero especialmente a los que tienen menos recursos.

El cambio supone pasar de los cuatro tramos actuales del IRPF a cinco. Para ello se introduce uno nuevo en la parte inferior de la tabla, que abarca hasta los 12.450 euros de base liquidable, segmento en el que se encuadra la mitad de los contribuyentes de Castilla y León. Así, en lugar del 12 % actual, durante 2015 este grupo podrá aplicarse un tipo mínimo del 10 %, el más bajo de toda España, que implica un ahorro del 16,7 %. La vocación de progresividad de la Junta en materia fiscal se plasma en que a mayor renta menor será el ahorro, puesto que se limita al 3,1 % para quienes declaren 53.407,2 euros.

Durante los años de la crisis el Ejecutivo de Castilla y León renunció a subir la tarifa autonómica del IRPF, que se rebaja ahora con el fin de aliviar los bolsillos de los ciudadanos y de ese modo contribuir a reactivar el consumo y afianzar la recuperación. Es preciso destacar, por otra parte, que se trata de una modificación que sólo compromete el ejercicio 2015, por cuanto se trata del último de la legislatura.

Junto a esto, la norma incluye otra medida fiscal de gran calado: la reducción en dos tercios de la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos, que será efectiva desde el próximo 1 de enero. Esto supone que pasará de los 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo o queroseno a 1,6 céntimos, la cifra más reducida de las 12 autonomías que lo tienen implantado. Algo similar ocurrirá con el fuelóleo, que dejará de estar gravado con 0,2 céntimos por cada litro para situarse en 0,07. Al igual que ocurre ahora, el sector del transporte seguirá disfrutando de la devolución de la totalidad del tributo.

Los 50 beneficios fiscales se mantienen para el empleo y las familias

Estas bajadas impositivas se complementan con un amplio catálogo de 50 beneficios fiscales autonómicos, que se mantienen en su integridad en 2015 y por tanto supondrán un relevante ahorro para los ciudadanos. Conviene recordar, en este sentido, que las deducciones, exenciones y bonificaciones gestionadas por el Ejecutivo autonómico responden a prioridades tan esenciales para la Junta como la generación y el mantenimiento del empleo y el apoyo a las familias con hijos. De hecho, para estas últimas Castilla y León es la comunidad española con la tributación más ventajosa en el IRPF, según el último estudio comparativo del Registro de Economistas Asesores Fiscales.

Dentro del objetivo de favorecer la creación de tejido productivo, el anteproyecto amplía uno de los beneficios fiscales que se introdujeron en 2014. Se trata del tipo reducido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas que se aplica a la compra de inmuebles para sede o centro de trabajo de unaempresa o negocio profesional, que desciende del 5 % al 4 %. El porcentaje general es del 8 %, si bien sube al 10 % si se trata de un edificio de más de 250.000 euros.

En materia de juego se introduce la tributación del nuevo tipo de máquinas E1, ante la eventualidad de que comiencen a instalarse en 2015. Asimismo, se modifica la cuota de las máquinas B conectadas bajo servidor, que pasa del 15 % sobre la base más 1.300 euros, al 10 % de la base más 1.000 euros –para incentivar la recuperación de las que se han ido dando de baja en los últimos años–, y se elimina la incompatibilidad entre los fraccionamientos automáticos de la tasa que pagan los operadores por las máquinas de juego y los aplazamientos y fraccionamientos que prevé la normativa tributaria estatal.

A esto hay que sumar la aplicación de un tipo reducido del 15 % en el bingo electrónico ligado a la creación de empleo, un régimen de baja fiscal de máquinas de juego distinto, para contribuir a que las empresas mantengan la plantilla, y el establecimiento de un nuevo tramo en la tarifa progresiva de los casinos que conserven intacto su número de trabajadores, de forma que los primeros 500.000 euros de ventas tributen al 10 %.

Congelación del precio de las tasas, creación de dos nuevas y cambios en nueve

Como es habitual, el articulado recoge la información relativa a las tasas de la Comunidad, que en 2015 no se actualizarán al IPC, sino que como norma general no experimentarán variación. No obstante, a iniciativa de las consejerías a las que corresponde su gestión, se incorporan dos nuevas y se modifican otras nueve. En concreto, se crean las tasas por inscripción o acreditación en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, así como por autorización, seguimiento, control y evaluación de la impartición de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad no financiadas con fondos públicos de la Administración laboral.

En cuanto a las que experimentan variaciones, se trata de las tasas de caza y pesca; por publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León; en materia de transporte por carretera; por actuaciones administrativas relativas a actividades agrícolas relativas a las inscripciones en los registros oficiales; por prestación de servicios veterinarios; en materia de protección medioambiental; por concesión de licencia ecológica, y por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Garantía de continuidad y estabilidad para la financiación local

Más allá de las medidas tributarias, el otro gran bloque del anteproyecto que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno es el relativo a la financiación de las entidades locales, que se desarrolla en el título II. El hecho de que esta materia se regule por primera vez en una ley da continuidad, garantía y estabilidad a la cooperación económica local de la Comunidad, que además queda vinculada expresamente a los ingresos impositivos de la Junta. La entrada en vigor de esta parte de la regulación está condicionada a la aprobación de uno de los dos mapas que recoge la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

Hasta ahora la financiación local se articulaba a través de la cooperación económica local sectorial y la cooperación económica local general con las diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo y la Federación Regional de Municipios y Provincias. El cambio de modelo prevé que estos instrumentos coexistan con dos nuevos fondos que se distribuirán conforme a los criterios que se fijen por orden de la Consejería de la Presidencia, y que estarán asociados a los recursos procedentes de los tributos de Castilla y León.

El primero de ellos es el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad, que tiene carácter incondicionado. Estará dotado cada año con el equivalente al 20 % de la recaudación generada por los dos impuestos propios en el último ejercicio cerrado a la fecha de elaboración de los Presupuestos, es decir, por el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos y por el Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El segundo es el Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a los ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad, que son los tributos sobre Sucesiones y Donaciones; sobre el Patrimonio; sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y sobre el Juego. Se nutrirá con el resultado de multiplicar 1.234 euros por el número de municipios de Castilla y León, más el producto de multiplicar 18 euros por el número de habitantes del territorio autonómico. Será incondicionado para los pueblos de menos de 20.000 personas, mientras que para los municipios que superen esa cifra y las diputaciones tendrá dos tramos: el 50 % de la financiación también será incondicionada, pero el 50 % restante deberán destinarlo a planes, iniciativas o programas para hacer frente a la despoblación.

Mejoras en una docena de leyes y austeridad en el gasto electoral

El anteproyecto incluye novedades en una docena de leyes ya existentes. Así, se reforma la de Ordenación Farmacéutica, para acomodarla a la legislación estatal y permitir una mayor flexibilidad en los traslados de oficinas de farmacia; la Ley 14/2001, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, para actualizar los procedimientos en los que los interesados pueden entender desestimadas sus solicitudes silencio administrativo; la de Transporte Metropolitano, para agilizar la tramitación de un Área Territorial de Prestación Conjunta; la Ley de Coordinación de Policías Locales, para impulsar la incorporación de militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de experiencia, y la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, para adaptarla a la normativa básica del Estado.

Otras modificaciones son las de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que suprime la prohibición expresa de que los bares especiales acojan actuaciones musicales en directo; la de Montes, donde se establece un plazo máximo de 24 meses para la resolución y notificación de los procedimientos de deslindes, ante la ausencia de una previsión legal estatal al respecto; las leyes del Ruido y la de Prevencióde la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro y Eficiencia Energéticos derivados de instalaciones de iluminación, para reducir cargas burocráticas a ciudadanos y empresas; la de Servicios Sociales, para completar aspectos regulatorios; la de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, con la introducción de nuevas cláusulas de garantía, y la de Pesca, por razones de seguridad jurídica relacionadas con la tipificación de determinadas conductas prohibidas y de las sanciones accesorias.

El texto también contempla la derogación del derecho de preferencia en la prestación de los servicios regulares de viajeros de uso especial, en consonancia con el principio de unidad de mercado de la UE. Por último y en coherencia con la austeridad que rige la gestión de la Junta, la futura ley de acompañamiento prevé que en el año electoral 2015 el gasto público asociado a los comicios autonómicos no supere al que se realizó en 2011.