El PSOE denuncia que hubo informes falsos de idoneidad para el segundo casino de Palma

AZARplus/ ultimahora.es .- El grupo municipal socialista pretende que el equipo de gobierno «aclare de una vez por todas» su actuación respecto a las solicitudes de idoneidad que se emitieron ante el concurso de casino en Palma, que se saldó con la concesión del Govern al Gran Casino Teatro Balear y la posterior negativa de Cort para darle la licencia de actividad y de obras por incumplir la normativa urbanística del centro de Palma. Los socialistas afirman que hubo informes «extraños y de contenido desigual» para las dos iniciativas (la de Platja de Palma y la de Ciutat) que concurrían por el mismo negocio en el municipio.

El regidor José Hila y el teniente de alcalde de Urbanismo, Jesús Valls, se enfrentaron ayer en la comisión previa al pleno, cuando el primero afirmó haber recibido el informe de idoneidad emitido por Cort en julio pasado a efectos del concurso «sin firma de rersponsabilidad y sin siquiera el escudo municipal», y el segundo le respondió que hacía «preguntas ofensivas».

Para el grupo socialista, «la realidad de los hechos es que hubo sendos informes desde Cort a la Conselleria d’Economia sobre la idoneidad de dos emplazamientos para instalar un casino de juego en el término municipal. Mientras en el referido a un solar de la Platja de Palma se detallaban las consideraciones urbanísticas, para el ubicado en el centro de Ciutat se decía que se estaba a la espera de la presentación de un informe sobre las características urbanísticas del proyecto.

Según Hila, «llama la atención también que el informe referido al Gran Casino Teatro Balear estuviera redactado en términos poco técnicos y muy coloquiales, y donde se dice entre otras cosas que su ubicación es idónea y puede contribuir de una forma definitiva a la desestacionalización de la actividad turística».

Para los socialistas «y sin entrar de momento en otras consideraciones», la existencia de ese informe para la Dirección General de Comercio y Empresa «es una puerta abierta a la reclamación judicial por parte de la empresa a la que se niega la actividad, lo que significa no solo la incompetencia del equipo de gobierno sino la posibilidad de una notable indemnización que recaería en los palmesanos».